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El Gobierno aprobará 350 millones para la formación de trabajadores antes de final de año

La ministra Magdalena Valerio, este miércoles en el Congreso de los Diputados.

Laura Olías

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Vuelven los fondos a la formación para trabajadores. El Gobierno aprobará antes de que concluya el año una orden ministerial de convocatoria de subvenciones para la formación de ocupados con un presupuesto de 350 millones de euros. La partida ha sido anunciada este miércoles por la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, que ha criticado la “inactividad de la etapa anterior” durante el mandato del PP, ya que no se convocan estas subvenciones desde 2016.

Fuentes del Ministerio de Trabajo explican que pueden solicitar esta subvención tanto “empresas públicas como privadas” para formar a sus trabajadores en activos. Magdalena Valerio ha apuntado esta tarde en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados que la decisión ya ha sido acordada con los sindicatos y la patronal, así como por las Comunidades Autónomas.

Los 350 millones de euros, añaden fuentes del Ministerio, proceden del Servicio Público de Empleo Estatal, que estaban “sin utilizar”. La ministra ha criticado también que la ley de Formación para el empleo de 2015, “no ha servido para impulsar el sistema” y ha generado “disfunciones”, como la falta de convocatoria de planes de formación para trabajadores ocupados “durante 2017 y 2018”

La ley tampoco convence a los agentes sociales. Los sindicatos y la patronal han demandado ya al Gobierno la reforma de esta legislación, que consideran que ha burocratizado la gestión de la formación y en muchos casos imposibilitado que se preste a los trabajadores. Valerio ha afirmado también que se va a formar un grupo de expertos en materia de formación, en distintos ámbitos, para abordar las reformas en este sentido.

Además, se aprobarán próximamente varias ordenes ministeriales en materia de formación, como una que regule y flexibilice las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la formación, con procesos comunes con todas las comunidades autónomas, así como otra sobre el Catálogo de Especialidades Formativas y una tercera orden que regule el registro estatal de entidades de formación. 

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