El Gobierno claudica ante las eléctricas y les da dos años para decidir el futuro de las nucleares
Tal y como reclamaban las compañías eléctricas, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ultima un cambio normativo para permitir a las empresas no tener que decidir ya sobre la petición de renovación de las centrales nucleares de Almaraz y Vandellós, según avanzan El Independiente y El Economista.
El 8 de junio expiraba el plazo para que los propietarios de Almaraz (encabezados por Iberdrola) iniciara los trámites para renovar su licencia más allá de los 40 años, cosa que sucederá (en el caso de su primer reactor) en 2021. A finales de julio, tocaba iniciar el proceso para la renovación del permiso de Vandellós II, cuyo mayor accionista es Endesa.
Ahora, sus titulares sólo tendrán que presentar la documentación técnica para que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) pueda empezar a evaluarla, pero tendrán un margen de dos años para tomar una decisión.
Para satisfacer las peticiones de las eléctricas, el Ministerio de Energía ultima un cambio en la orden ministerial que regula los plazos que fijan la antelación con que tienen que iniciar el proceso de ampliación de la vida de las plantas, que en principio se ampliará hasta 2019.
La decisión llega después de que el CSN enviara en febrero al Ministerio varias propuestas de modificación de esas órdenes ministeriales y permitirá a las empresas aplazar la decisión de iniciar formalmente el proceso de renovación de las licencias hasta que no esté definido el futuro mix energético del país. El Gobierno tiene que presentar antes de marzo de 2019 a la Comisión Europea una planificación del mix energético con dos horizontes, hasta 2030 y hasta 2050.
En agosto expira el plazo para que el Gobierno tome una decisión sobre el futuro de la central nuclear de Garoña, la más antigua de España, sobre cuya prórroga informó favorablemente en febrero el CSN, aunque tiene pendientes inversiones de cerca de 200 millones de euros. Iberdrola se ha mostrado en contra de reabrir la central (parada desde finales de 2012) porque dice que el impuesto a la generación nuclear que implantó el Gobierno en 2012 lleva a estas plantas a pérdidas. Energía asegura que no se plantea rebajar este impuesto.
