Las 14.000 plazas de oferta de empleo público no solucionan el efecto de los recortes
Las oficinas de expedición de DNI se han convertido en una olla presión a punto de estallar. Colas y esperas desde las seis de la mañana, funcionarios saturados, citas para dentro de dos meses, situaciones imprevistas que no hay margen para solucionar... La plantilla incorporará en agosto a 150 personas que aprobaron una de las plazas en 2016 y a otras 150 que proceden de la oferta extraordinaria de empleo público que el Gobierno aprueba hoy. Una migaja para una situación desesperada.
“Para salir del apuro del verano, igual sirve, pero desde luego esto no soluciona el problema”, dice Fernando García, de la sección sindical de CCOO en el Ministerio de Interior.
La expedición del DNI es uno de los servicios que recibirán la oferta extraordinaria de empleo público que Gobierno y sindicatos cerraron este jueves y que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunciará oficialmente este viernes. Unas 4.000 plazas que podrán convocarse entre 2017 y 2018 y que buscan reforzar servicios como el Servicio Público de Empleo, la Dirección General de Tráfico, o la Seguridad Social. Esas plazas se suman a las cerca de 8.000 que servirán para cubrir las bajas por jubilación de la Administración General del Estado y la administración de justicia.
Es la mayor oferta de empleo público en la Administración General del Estado (AGE) de la última década. Es la primera vez en diez años, recuerda UGT, que la AGE recupera efectivos y crea empleo neto. Un número abultado de plazas que, sin embargo, no sirve para solucionar la situación de casi colapso en la que se encuentran muchos servicios públicos. “Es el inicio para paliar lo que ha ocurrido”, dice el secretario del sector de la AGE de UGT, Carlos Álvarez.
Desde 2010, la Administración General ha perdido el 15% de sus efectivos, unos 25.000 puestos de trabajo. Al contrario que en otras administraciones, la AGE apenas ha contratado interinos por lo que esos puestos sencillamente no se cubrían. La tasa de reposición a cero durante varios años (no se cubrían jubilaciones y bajas, todas las plazas se amortizaban) hizo estragos. Actualmente, la plantilla ronda las 200.000 personas.
El caso de la Seguridad Social es alarmante. Un estudio de CCOO sobre la edad de las casi 25.000 personas que forman parte de su plantilla concluía que en los próximos cinco años el 20% (4.805 personas) se jubilaría. Si tomamos como plazo los próximos quince años, el resultado se multiplica: en 2022 se habría jubilado el 80% del personal actual de la Seguridad Social. La oferta extraordinaria de empleo contempla 560 plazas para el organismo.
El SEPE, en estado crítico
La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda dio la voz de alarma hace unas semanas. Denunciaba la “falta de voluntad política” para dotar de medios adecuados a la Agencia Tributaria. En una entrevista en El País, su presidente, José Luis Groba alertaba: “La Agencia Tributaria está al límite”. El organismo tiene en plantilla a cerca de 25.000 funcionarios. 3.000 menos que en 2009. Solo este año se prevé que se jubilen 700 personas. La oferta de empleo extraordinaria les asigna unas 2.100 plazas.
El Servicio Público de Empleo es otro de los organismos que ha funcionado en la cuerda floja. Mientras el paro batía récords, sus efectivos caían: hoy hay 8.000 trabajadores, mil menos que cuando comenzó la crisis. “Lo que ha sucedido ahí es crítico”, apunta Carlos Álvarez. Con la oferta de empleo extraordinaria la plantilla se reforzará con 380 trabajadores.
Otros 580 irán a la Inspección de Trabajo en forma de inspectores (320) y subinspectores (230). “Vemos con buenos ojos que haya más oferta”, dice un portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo, que recuerda que el sector registra más jubilaciones que nuevas incorporaciones.
En octubre, Gobierno y sindicatos se sentarán otra vez a la mesa para evaluar el impacto de estas incorporaciones y las necesidades de los organismos. Antes, tendrán que afrontar otro asunto en el que el acuerdo parece mucho más complicado: una subida salarial para los empleados públicos en 2018 y para la que el Gobierno ya ha dicho que hay poco margen.
