Grande de España, amigo de Juan Carlos I y con residencia falsa en Luxemburgo: el fiscal pide cárcel para Cotoner

La Audiencia de Madrid juzga el próximo martes a dos de los descendientes de la élite del tardofranquismo. La Fiscalía acusa a José Luis Cotoner Martos, grande de España y marqués de Bélgida, de fingir la residencia en Luxemburgo entre 2010 y 2013 para defraudar así 2,95 millones de euros a la Hacienda pública. Junto a él está acusado su asesor fiscal, Joaquín Arespacochaga, como cooperador necesario. Cotoner es hijo de Nicolás Cotoner y Cotoner, que fue mentor del rey Juan Carlos I y jefe de la Casa Real. Y Arespacochaga es hijo del último alcalde franquista de Madrid (1976-1978). Ahora, el banquillo les une más de 40 años después.

Aunque los Cotoner pertenecen a ese selecto club de ricos que elude con éxito a la prensa, los expertos en la nobleza conocen de sobra ese apellido. Nicolás Cotoner y Cotoner, marqués de Mondéjar, fue durante décadas mentor del rey Juan Carlos y jefe de la Casa Real entre 1975 y 1990. Además de ese marquesado ostentaba el de Bélgida, el de Ariany y los títulos de conde de Tendilla y el de La Gomera. La familia gestiona un discreto imperio inmobiliario, que incluye desde un hotel en Murcia a grandes bolsas de suelo en Madrid. Cuando David Beckham jugaba en el Real Madrid, se planteó residir en una propiedad que tiene esa familia y que incluye cuatro casas-palacio.

Pero, según la Fiscalía de delitos económicos de Madrid, uno de los hijos del marqués de Mondéjar, José Luis, se había aprovechado de una arquitectura financiera para eludir el pago de impuestos. “Con la intención de procurarse un beneficio fiscal ilícito, dejó de presentar las declaraciones correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) relativas a los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013, a pesar de que residía permanentemente en territorio español, donde se encontraba el núcleo principal de sus intereses económicos así como sus relaciones económicas y personales más relevantes, simulando ser residente en Luxemburgo durante los ejercicios mencionados, y afirmando vivir hasta julio de 2010 en el domicilio sito en Rue de Bragance, y a partir de dicha fecha, en el inmueble de su propiedad sito en Avenue Monterrey, cuando realmente no había abandonado el territorio español”, afirma el escrito de acusación que difundió el Ministerio Público el viernes.

La Fiscalía le acusa de dejar de ingresar a Hacienda 2,954 millones de euros procedentes de ocho empresas distintas que gestionan su patrimonio inmobiliario. El Ministerio Público considera que cometió cuatro delitos fiscales (uno por cada ejercicio: 2010, 2011, 2012 y 2013) por lo que le pide siete años de prisión más multas.

Cotoner no será el único que se siente en el banquillo. La Fiscalía acusa también a su asesor fiscal, Joaquín Arespacochaga, “quien realizaba las gestiones correspondientes para obtener formalmente la documentación luxemburguesa que le permitiera simular que no era residente fiscal español” y para el que pide 12 años de prisión y 6,4 millones en multas.

La estrategia para evitar la cárcel

Si Cotoner es un clásico de las páginas de heráldica, Arespacochaga lo es de los sumarios con tramas financieras. Inspector de Hacienda en excedencia y poeta, su nombre aparece en el caso Bahía Competitiva para reindustrializar Cádiz en una petrolera en Sudán del Sur junto al iraní, y también acusado de delito fiscal, Farshad Zandi.

En los delitos fiscales hay posibilidad de acuerdo hasta el mismo momento del juicio, por lo que una conformidad permite a los acusados intentar pactar una pena que no conlleve ingreso en prisión si pagan lo defraudado y las multas. Es lo que suelen buscar la mayoría de acusados. Aunque también hay quien, como Shakira o Xabi Alonso, van hasta el final del procedimiento.

Los millonarios que dicen residir fuera de España presentan a menudo un certificado del país en el que se empadronan, aunque la Agencia Tributaria suele revisar todo tipo de facturas, gastos corrientes e indicios para intentar demostrar que residen en España más de 183 días al año. El Supremo ha admitido un recurso para decidir sobre la validez de esos certificados de residencia fiscal de otro país a la hora de justificar que no se pagan impuestos en España.