Hacienda admite el escaso impacto del tipo mínimo de Sociedades y propondrá nuevos cambios en el impuesto

Fue uno de los campos de batalla en la negociación presupuestaria entre los socios del Gobierno pero, apenas una semana después, ha quedado reducido como un azucarillo en el fondo del proyecto de Presupuestos Generales del Estado. El tipo mínimo del 15% de Sociedades para las grandes empresas es el único cambio fiscal de calado en las cuentas del próximo año, pero su impacto real se va a ver muy reducido. En primer lugar, porque no se van a ver sus efectos más importantes sobre la recaudación hasta 2023 y, en segundo lugar, porque se realizó finalmente sobre la base imponible y no sobre el beneficio, lo que supone ser menos ambicioso.

La primera en reconocerlo es la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que este miércoles en la presentación de los Presupuestos en el Congreso ha tildado de “retoque” los cambios que se han introducido en el Impuesto sobre Sociedades para el próximo año. Para 2022, el impacto de la medida será de apenas 50 millones de euros en un impuesto que prevé mejorar su recaudación en 1.600 millones de euros gracias a la mejora de los resultados de las empresas. Por la forma en que se recauda este gravamen, el impacto sobre los ingresos no llegaría, al 100%, hasta 2023. Para entonces se estima que serían unos 400 millones de euros de impacto y afectaría a un millar de empresas.

Hacienda asume además que esta medida no será suficiente para poder solucionar el importante problema que tiene España con esta tributación. La fiscalidad de las empresas está lejos de la presión fiscal media que existe en Europa, donde se alcanza el 2,7% del PIB frente al 2,1% que existe en España. Este es un problema que se añade además al que comparten muchos países y es que este impuesto no cosecha los resultados que debería, debido a los distintos atajos que tienen las grandes multinacionales para reducir su tributación a nivel global.

“La reforma tiene que ser mucho más ambiciosa de lo que hemos puesto en el proyecto de Presupuestos”, aseguró Montero en el Congreso. Pero para que esta reforma sea lo ambiciosa que planteó la ministra depende de dos factores. El primero, el debate internacional que se está dando al respecto del tipo mínimo del 15%, al que todavía le quedan distintos flecos por cerrar antes de que sea finalmente una realidad, algo que no se plasmaría hasta 2023. También en el plano internacional, Montero aludió a la directiva comunitaria que debe fijar criterios comunes en el seno de la UE para esta tributación y que espera que se apruebe en 2022. El segundo de los factores hace referencia a la reforma fiscal en profundidad que tiene previsto hacer el Gobierno y que está a la espera del informe del comité de expertos, un documento que no se publicará hasta febrero del año próximo.

Agujeros como un “queso gruyère”

Montero comparó el impuesto sobre Sociedades con un “queso gruyère”. Los agujeros característicos de este alimento harían referencia a los distintos elementos que hacen que esta figura fiscal no funcione como debería. La ministra avanzó este miércoles los que para ella son los puntos fundamentales en los que se debe basar la futura “ambiciosa” que planteaba: los créditos fiscales, como las pérdidas que se pueden deducir en la tributación de años siguientes sin límite en el tiempo, y las distintas deducciones y exenciones.

Es una idea que está en la línea de lo planteado por la Autoridad Independiente de Autoridad Fiscal (Airef), el órgano que debe fiscalizar las cuentas públicas. En un reciente encuentro, su presidenta, Cristina Herrero, abogó por que la futura reforma fiscal evite centrarse en la creación de nuevos impuestos o la subida de los tipos, para poner el foco en las deducciones a las que se acogen en este caso las empresas, analizando si cumplen con sus objetivos inicialmente marcados.

La ministra no dudó en señalar al PP como responsable de los resultados que tiene el impuesto sobre Sociedades en España. Montero ha apuntado que este impuesto está aportando “la mitad del rendimiento” que tenía “hace 20 años”. “Es para mirárselo, cómo se ha ido construyendo durante los años del PP una serie de bonificaciones, deducciones y exenciones hasta convertirlo en un queso gruyère que hace que el resultado final sea difícilmente consistente con el resto de figuras tributarias”, ha apuntado.

Los presupuestos contemplan que para el año 2022 la recaudación por el Impuesto sobre Sociedades rondará los 24.400 millones de euros, con un incremento del 11,8% respecto a este año. Pese al avance, los datos de este tributo no se encuentran, ni de lejos, cerca de sus máximos históricos, una cota que se prevé superar con el IVA o el IRPF. Si se acude a las series históricas de este impuesto hay que acudir hasta 2007 para encontrar el mayor registro. Entonces, Sociedades aportó 44.000 millones de euros, un 22% de la recaudación tributaria del Estado. Para el próximo año, esos 24.400 millones suponen el 10,5% del total. “No parece lógico que los beneficios empresariales solo contribuyan a la tarta total en la medida en la que lo hacen hoy”, señaló la responsable de Hacienda.

Montero considera que este impuesto se ha quedado “muy a la cola” en comparación con otras figuras tributarias. “Si se analiza por grupos consolidados, volumen de facturación o por el informe 'País por país' nos lleva a la misma conclusión: se está comportando de manera no progresiva con el tamaño de las empresas”, aseguró la ministra. “Las pequeñas están contribuyendo más que las grandes empresas y las multinacionales”, zanjó.

En qué consiste el “retoque” de 2022

En lo que respecta a los Presupuestos Generales de 2022, el Gobierno ha retomado el artículo de reforma de Sociedades prácticamente literal que planteó en las cuentas de 2019, que no se aprobaron y acabaron provocando el adelanto electoral —y la posterior repetición—. Una parte de aquel artículo sí se incluyó en los presupuestos de 2021 y suponía reducir las deducciones fiscales por dividendos en el exterior que se podían aplicar las empresas, pasando del 100% al 95%, una cifra que no se ha querido volver a tocar este año.

La medida que ahora sí se ha incluido, el tipo mínimo del 15%, afecta a todas aquellas empresas que tengan una facturación de más de 20 millones de euros o aquellas que sin alcanzarlo tributen como grupo consolidado. Con dos salvedades. Las empresas de nueva creación tendrán un tipo mínimo del 10% y del 18% para las entidades de crédito y las compañías de exploración, investigación y explotación de yacimientos y almacenamientos subterráneos de hidrocarburos cuyo tipo general es del 30%, frente al 25% del resto de empresas. Como ya se ha dicho, este porcentaje será sobre la base imponible y no sobre el beneficio, lo que incrementaría sobremanera los ingresos al ser donde mayor brecha de aportación existe entre las pequeñas y las grandes empresas.

La norma incluye una letra pequeña que ya figuraba en el plan de 2019. Las empresas se seguirán aplicando las deducciones a las que tienen derecho hasta el momento en el que se alcance ese mínimo del 15%. Eso sí, Hacienda permitirá que esas deducciones que no se hayan podido aplicar porque se ha alcanzado ya ese tipo mínimo, las empresas se las podrán guardar para años sucesivos. Se generan, así, nuevos créditos fiscales como los que la ministra ha señalado como uno de los principales problemas que impiden que el Impuesto sobre Sociedades obtenga el resultado que debería.