El impuesto de patrimonio logra una nueva vida gracias al Constitucional pese al rechazo de la derecha

“Pido que se cierre el debate en vista de la hora”, dijo Manuel Fraga, entonces líder de Alianza Popular, desde su escaño en el Congreso. Las horas del debate y el hecho de que el sistema de votación en la Cámara Baja fuese poco dinámico molestaron al ex ministro franquista. Sin embargo, aquel debate siguió adelante y el hemiciclo acabó aprobando con amplia mayoría la ley que tenían sobre la mesa. Era 25 de octubre de 1977 y el Impuesto sobre Patrimonio aterrizaba en España. Aquella era la primera de las vidas de un impuesto de ida y vuelta que ha ganado gracias al Tribunal Constitucional un futuro que se preveía sombrío hace tan solo un año.

Pocos impuestos han vivido un vaivén tan fuerte desde su creación. Nació con un gran consenso impulsado por la UCD; fue suspendido por el PSOE, quien tuvo que acabar recuperándolo; el PP lo mantuvo para, posteriormente, convertirlo en una de sus batallas por las bajadas de impuestos. Una batalla territorial que ha terminado con la creación de un nuevo tributo, el de grandes fortunas, cuyo aval en el Constitucional ha provocado que comunidades que lo eliminaron como Madrid o Andalucía, ahora lo recuperen.

El pasado año, múltiples Gobiernos autonómicos del PP implementaron la eliminación o erosión del impuesto sobre patrimonio. El Ejecutivo central implantó entonces el impuesto de solidaridad para las grandes fortunas, una herramienta para hacer que los más ricos —con más de 3 millones— no quedaran sin tributar gracias a estas decisiones. El objetivo era frenar la batalla de los territorios que en muchas ocasiones ha sido tildada de 'dumping fiscal'. En la práctica, solo funciona en aquellos territorios que han bonificado ese tributo. En el primer año de aplicación ha recaudado 623 millones, de los que 555 millones procedían de los ricos afincados en Madrid.

Varios gobiernos autonómicos recurrieron la medida. El Constitucional dio el visto bueno al impuesto hace 10 días y daba vía libre a que se siguiera recaudando. La respuesta de algunos territorios ha sido la de dar marcha atrás a sus decisiones previas y recuperar el impuesto de patrimonio. La primera fue Madrid, quien ha hecho bandera de no cobrarlo desde hace más de una década. Esta semana ha sido el turno de Galicia, que lo bonificaba al 50%. Andalucía, que como Madrid perdonaba el 100% del tributo, también lo está estudiando. Extremadura también anunció en septiembre su eliminación, pero no ha expresado su posición tras la sentencia del Constitucional.

Creado por la derecha, suspendido por la izquierda

Esta nueva e inesperada vida del impuesto de patrimonio supone un nuevo hito en su historia. Nació en aquel 1977 dentro de una reforma fiscal liderada por la UCD de Adolfo Suárez que tenía como un punto principal que por primera vez hubiera un impuesto a los ricos. Y aunque Alianza Popular, germen del PP, se enfadó durante el debate por no poder defender una enmienda, respondió con una abstención a la mayoría del articulado y no el voto en contra. La norma, posteriormente, fue avalada por el Senado sin ningún 'no'.

Justo estos días se vive el aniversario de su entrada en vigor. “Hay que explicitar una opción política que indique claramente al país hasta qué punto la vieja y gastada regla de que pague más el que más tenga va a ser la regla de oro de la nueva Hacienda española”, defendió desde la tribuna el entonces ministro de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez.

El impuesto echó a andar con dos apelativos que acompañaban a su aplicación: “excepcional y transitorio”. Muestra de esa dualidad que ha acompañado a este tributo desde su implantación, al mismo tiempo que se aprobaba esta ley, los famosos Pactos de la Moncloa corroboraban que el impuesto era “definitivo”. Tuvieron que pasar 14 años hasta que el Gobierno, entonces socialista, lo instaurara de manera definitiva por ley. Fue en 1991, en una norma que tenía en su exposición de motivos una defensa del Gobierno sobre este tributo. Según explicaba, el impuesto sirve para “una mayor justicia redistributiva complementaria de la aportada por el IRPF”. Esta afirmación salió adelante con el respaldo mayoritario del Congreso, con un solo voto en contra.

Con mayores o menores discrepancias, el impuesto se mantuvo vigente hasta 2008. Fue en este caso un Gobierno de izquierdas, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero el que tumbó el tributo, acabando con su primera vida. Con una ley aprobada en diciembre de aquel año, se suprimía el impuesto. “Resulta necesario suprimir el gravamen derivado de este impuesto mediante la fórmula más idónea para asegurar su eliminación efectiva e inmediata”, rezaba aquella norma. En concreto, se aprobó una bonificación del 100%.

El entonces vicepresidente económico, Pedro Solbes, defendió que se eliminaba este tributo porque afectaba a las “clases medias” y argumentó que sus 1.800 millones de recaudación “suponen más renta disponible para las familias”. Se trata de un argumento similar al que posteriormente utilizó el PP para cargar contra la vigencia de este impuesto y abogar por su eliminación.

Pero en 2008 comenzó la crisis financiera y el Gobierno no tardó en corregir su posición. El impuesto de Patrimonio comenzaba una segunda vida. El encargado de justificar este cambio de rumbo socialista tras un Consejo de Ministros fue José Blanco, portavoz del Gobierno, que apuntó que servía para “distribuir las cargas de la crisis de una forma más justa y equilibrada, reforzar la estabilidad presupuestaria y dotar a las Administraciones de más recursos para reforzar nuestro Estado de Bienestar”. Por el camino, aplicó cambios respecto al impuesto inicial para “reponerlo solo para los patrimonios más altos”.

Esta segunda vida del impuesto de patrimonio ha sido la de la batalla territorial. Primero fue Madrid, que desde el comienzo decidió no volver a recaudar este impuesto. El Gobierno central, posteriormente del PP, y otras comunidades gobernadas por la derecha fueron más tímidas en este descuento de impuestos para los más ricos. Sin embargo, el aumento de recaudación de los últimos años y las políticas supuestamente encaminadas a compensar la inflación provocaron una nueva batalla a nivel nacional de la derecha contra el impuesto.

Madrid siguió haciendo bandera de esta eliminación. Le siguió Andalucía, quien eliminó el impuesto con una bonificación del 100%. Galicia la elevó al 50%. Y tras las elecciones del 23J de este año, Extremadura, Balears, Aragón o la Comunitat Valenciana construyeron gobiernos conservadores con programas que incluían la erosión de este tributo que solo pagan quienes más tienen. Esta deriva dejaba un futuro muy oscuro a un impuesto que lleva casi 50 años de idas y vueltas. Es algo que ya se está viendo para el impuesto de sucesiones y donaciones.

Pendiente de la nueva financiación autonómica

El problema para el impuesto de patrimonio es que la nueva vida que le ha dado, indirectamente, el Constitucional está llamada a ser temporal. Madrid o Galicia, los territorios que ya han anunciado su marcha atrás, han señalado que únicamente aplicarán esta vuelta a aplicar el tributo mientras siga vivo el de las grandes fortunas. Además, no lo han recuperado para todos, sino para aquellos que están afectados por el que se aplica a nivel estatal. Es decir, no se ha producido un cambio ideológico, sino que estas comunidades se resignan a aplicarlo para que la recaudación no vaya al Gobierno central, máxime ahora que se va a reeditar la coalición progresista.

La aplicación del impuesto a las grandes fortunas concluye, en principio, el próximo 31 de diciembre, aunque su pago sería en el verano de 2024. Es entonces cuando acaba el periodo de permanencia que se marcó la ley que se aprobó en diciembre del año pasado: dos ejercicios. Ocurre también con los impuestos a las eléctricas o a la banca. Eso sí, en estos otros casos PSOE y Sumar ya se han comprometido a mantenerlo, aunque aplicando algunos cambios.

Respecto al tributo a las grandes fortunas, el acuerdo de Gobierno es menos categórico. Ambos partidos se comprometieron a trabajar por mantener una tributación para los patrimonios altos al margen de las batallas territoriales. Si bien, alegaban que defenderían su permanencia en el desarrollo de la reforma de la financiación autonómica, al ser un tributo cuya gestión está cedida a las comunidades. Este es uno de los deberes más importantes que tiene el Gobierno que echa a andar estos días, ya que forma parte de los pactos con otros partidos que han apoyado la legislatura y que incluye aspectos como las quitas de deuda.

A tenor del acuerdo entre PSOE y Sumar, de esa negociación dependerá si la nueva vida que le ha dado el Constitucional al impuesto de patrimonio es duradera o si volverá la batalla territorial para eliminarlo, ahora con un amplio poder de la derecha.