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Tres medidas que podrían aliviar ya las cuentas de la Seguridad Social ante el reto de las pensiones

Pagar las ayudas a la contratación con Presupuestos, sacar los gastos administrativos de la Seguridad Social y eliminar los límites máximos de cotización podrían suponer un ingreso de hasta 14.000 millones de euros

El Ministerio de Empleo asegura que no tomará ninguna medida hasta que haya acuerdo en el Pacto de Toledo, pero los sindicatos y la oposición le acusan de inmovilismo

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Varios miles de jubilados vuelven a concentrarse en Bilbao

Concentración en Bilbao por las pensiones. EFE

El debate sobre las pensiones está en la calle y también en el Congreso. El Gobierno tiene ahí uno de sus puntos calientes de la legislatura: con  miles de pensionistas en la calle pidiendo una subida "digna",  la oposición apretando en el Parlamento y unas cuentas de la Seguridad Social maltrechas, las pensiones se han convertido en un quebradero de cabeza que el Ejecutivo no puede ignorar. A pesar de que en los últimos años se han puesto sobre la mesa varias medidas para mejorar las cuentas de la Seguridad Social –algunas con bastante consenso– , el Ejecutivo no se ha decidido por ninguna de ellas. El Ministerio de Empleo asegura que no lo harán hasta que haya acuerdo en el Pacto de Toledo, pero los sindicatos y la oposición le acusan de inmovilismo.

Estas son tres medidas que el Gobierno podría haber puesto en marcha ya para aliviar el estado de las cuentas de la Seguridad Social, con un déficit de 18.800 millones de euros.

Pagar las ayudas a la contratación con los Presupuestos

La ministra Fátima Báñez abrió las negociaciones del Pacto de Toledo en noviembre de 2016 con una intervención en la que propuso algunas medidas. No fueron muchas, ni muy concretas, pero destacó una que sonó a decisión tomada: acabar con las reducciones de cotizaciones a la Seguridad Social (las llamadas tarifas planas) y convertirlas en bonificaciones, que paga el Estado.

Una de las grandes apuestas del Gobierno para la creación de empleo fueron las reducciones y las bonificaciones a la contratación. En el caso de las primeras, tienen un gran impacto en las arcas de la Seguridad Social porque es dinero que deja de ingresar el sistema. En cuanto a las bonificaciones, las empresas no pagan pero sí lo hace por ellas el Servicio Público de Empleo, por lo que ese dinero sí se ingresa, aunque procede de los Presupuestos Generales y no de las cotizaciones.

Aunque Báñez anunció entonces la pretensión del Ejecutivo de convertir las reducciones en bonificaciones (y que, por tanto, las asuman los Presupuestos Generales), no la ha llevado a cabo. En 2017 estas reducciones supusieron unos 2.000 millones de euros. La medida cuenta con bastante consenso entre los grupos de la oposición en la Comisión del Pacto de Toledo, así como en los sindicatos, muy críticos con estas dos opciones para premiar la contratación de las empresas.

A esos 2.000 millones de euros se le podrían sumar otros 1.000 millones si, como plantea CCOO, se acabara con las reducciones a la cotización de las que disfrutan las empresas del sistema especial agrario. El sindicato sostiene que se trata de ayudas sectoriales y que, como tales, deben de ser sufragadas con presupuesto y no con cargo a la Seguridad Social.

"Podrían haberlo hecho ya perfectamente", afirma Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, sobre el final de las reducciones a la contratación. Barrera considera que Rajoy está "haciendo partidismo con las pensiones" al vincular las mejoras de los pensionistas al apoyo de sus cuentas para 2018. "Hurta el debate de las pensiones del Pacto de Toledo y del diálogo social a través de los Presupuestos". 

Sacar los gastos administrativos de la Seguridad Social

De las cuentas de la Seguridad Social sale también el pago de sus gastos administrativos, que incluyen los salarios del personal, gastos corrientes de bienes y servicios y de inversión. La necesidad de derivar esta partida a los Presupuestos Generales es otra de las medidas con más consenso entre los grupos políticos y organizaciones sindicales, que señalan que el resto de ministerios sufragan sus gastos por esta vía y la Seguridad Social no debería ser una excepción. 

Según los cálculos de UGT, en 2016 salieron de las arcas casi 2.500 millones en gastos de personal, cerca de 1.500 millones en bienes y servicios, más unos 223.618 euros en inversiones reales. En total, unos 4.000 millones de euros. Por su parte, CCOO cifra en unos 2.700 millones de euros al año la cantidad de gastos que podría dejar de asumir la caja Seguridad Social.

'Destopar' las cotizaciones máximas

Otra de las medidas es la de eliminar los topes máximos de cotización, lo que técnicamente se llama "destopar" las bases de cotización. De la misma manera que hay una base mínima por la que una persona puede cotizar, hay también una base máxima. En 2018 esa base es de 3.751 euros. Eso quiere decir que ese es el dinero tope por el que una persona contribuye a la Seguridad Social: aunque cobre más, contribuye como mucho con esa base de cotización.

Aunque el Gobierno ya ha elevado en dos ocasiones esa base máxima, CCOO reclama un "destope" de ese límite para que quien cobre por encima de esa cantidad tenga también una cotización proporcional. El secretario de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, explica que la "ventaja" de esta medida es que implica "ingresar mucho dinero al sistema y de inmediato". Debido a los costes laborales que generaría sobre las empresas, que son las que afrontarían en mayor medida el pago de esta medida, CCOO propone elimar el máximo de manera paulatina. El impacto final rondaría entre los 8.000 y 9.000 millones de euros, según los sindicatos.

Esa cantidad, eso sí, no tiene en cuenta lo que costaría subir también la pensión máxima: esto es, eliminar los límites de cotización también supondría subir la pensión máxima que paga el sistema. Una subida, dice CCOO, que no tendría por qué ser proporcional y que seguiría dejando cuantiosos ingresos al sistema. 

Los sindicatos advierten de que, aunque son decisiones que pueden aliviar los gastos del sistema de manera bastante inmediata, su aplicación no resuelve los retos que deberá afrontar la Seguridad Social en los próximos años. Por ello, exigen al Gobierno una marcha atrás en su reforma de 2013, con especial énfasis en modificar la revalorización de las pensiones para volver a ligarla a los precios y derogar el factor de sostenibilidad que entrará en vigor en 2019. De lo contrario, insisten en la presión en la calle continuará. "Estamos barajando fechas, pero queremos que no se pase abril sin una gran manifestación", sostiene Mari Camen Barrera.

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