La ministra de Transportes ve posible un acuerdo para la Ley de Vivienda en las próximas semanas

La Ley de Vivienda es uno de los temas pendientes del Ejecutivo de cara a este 2023 y, si se cumplen las previsiones de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, las negociaciones parlamentarias pueden desbloquearse en las próximas semanas. “Más importante que la atribución de medallas es que llevamos mucho tiempo haciendo un trabajo ingente. Por las fuerzas progresistas no va a quedar aprobar esta ley en las próximas semanas”, ha asegurado Raquel Sánchez este lunes.

Ha recordado que se trata de “un proyecto de ley que salió del Consejo de Ministros y que fue consensuado por las fuerzas progresistas de este Gobierno” y que hace un año se inició “el trámite de negociación para incorporar mejoras de las fuerzas progresistas del arco parlamentario”.

“Confío en que seamos capaces entre todos los grupos políticos de ultimar esas cuestiones que todavía pueden quedar pendientes de negociación”, ha asumido. “Tenemos gran responsabilidad con la ciudadanía. Debemos aprobar una ley que es fundamental, sobre todo jóvenes, clase media y trabajadora a los más vulnerables”.

Una ley “sin grietas jurídicas”

Raquel Sánchez ha repetido que las fuerzas progresistas están negociando “en la recta final, muy cerca de alcanzar un acuerdo”, pero también, que hay líneas rojas. “Creo que, sobre todo, lo que dijimos era que queríamos aprobar una ley que no tuviera grietas jurídicas”, ha recalcado para que la ley tenga “la máxima seguridad” y “no se viera llena o rodeada de numerosos recursos judiciales que pudieran debilitar la eficacia que pretendemos”

También, que “hay que respetar las competencias de las comunidades autónomas”, que tienen la responsabilidad en materia de vivienda. “Eso es indiscutible. Este Gobierno lo ha manifestado siempre así. Es una línea roja que nos autoimponemos”, ha resumido Sánchez.

Hay que recordar que son las comunidades las que tienen que declarar las zonas tensionadas, aquellas donde los precios de los alquiles estén disparados y pueda establecerse un control de rentas, en función de un índice aún por diseñar. Este, en la ley que salió del Consejo de Ministros, solo está previsto para las viviendas de grandes tenedores que sean personas jurídicas y tengan mas de 10 inmuebles. Es decir, no habría control de precios en las viviendas de particulares -siempre, en zonas tensionadas que declaren las CCAA- y ahí, la ministra no desvela si habrá cambios.

Ha recordado que, para los pequeños propietarios, lo que prevé la ley es “una serie de incentivos fiscales”. Este sistema, junto al control de precios de los grandes tenedores en zonas tensionadas pretenden “controlar, limitar, regular ese incremento de los precios del alquiler”, ha enumerado Raquel Sánchez sin dar más detalles sobre si el acuerdo parlamentario cambiará ese control futuro de los alquileres.

Sí ha recordado que otro de los objetivos del Gobierno es ampliar el “parque público de vivienda”, incluida la vivienda en alquiler, donde se han visto “leyes ineficaces y decisiones políticas” que derivaron en que “el parque público se enajenase a fondos buitre”.

Las comunidades se suman a los descuentos en el transporte

Raquel Sánchez ha hablado de la Ley de Vivienda en un acto en la estación de Nuevos Ministerios para hacer balance de las medidas de gratuidad en Cercanías, Rodalies y Media Distancia de Renfe.

La ministra ha valorado positivamente que todas las comunidades autónomas se hayan sumado a la rebaja en los precios de los abonos mensuales. El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del 27 de diciembre una rebaja del 30% del precio de esos abonos en la parte que corresponde al Estado. Reducción condicionada a llegar al 50% con ayudas financiadas por las comunidades autónomas y ayuntamientos.

En cuanto a los citados abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia, Renfe ha expedido 2,43 millones, según ha indicado la operadora. Raquel Sánchez ha indicado que el próximo 9 de enero comenzarán a devolverse las fianzas depositadas por los usuarios. También ha cifrado el ahorro estimado para una familia de cuatro miembros que vaya a utilizar el abono a lo largo de todo el año 2023: en Madrid asciende a 1.800 euros, en Barcelona a 2.200 euros y en Valencia a más de 3.000 euros.