El Gobierno da vía libre a la construcción de más de 17.000 viviendas de alquiler social en suelo público

Muro de los terrenos pertenecientes a la Operación Campamento, junto a la A 5

“Crear un verdadero parque de vivienda asequible y social que también sea eficiente”. Ese es uno de los objetivos en materia de vivienda del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023 que hace unos días adelantó la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, al desglosar las cuentas del próximo año. Una creación de un parque de viviendas de alquiler social donde España está a años luz de otros países europeos.

El Gobierno pretende sacar adelante la Ley de Vivienda en el Congreso antes de que acabe el año

La ministra Raquel Sánchez pretende sacar adelante la Ley de Vivienda en el Congreso antes de que acabe el año, pero pide abandonar "propuestas maximalistas"

La meta del Gobierno de coalición es alcanzar las 100.000 viviendas de alquiler asequible y, para llegar a ellas, hay que desbloquear actuaciones que llevan años sobre la mesa y que no acaban de concretarse, como la conocida como 'operación Campamento' en Madrid, de la que se habla desde hace 40 años.

Un paso clave se ha dado este martes. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un convenio entre el Ministerio y la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para promover la construcción de viviendas en alquiler social o asequible en suelo público, según adelantan a elDiario.es fuentes del Ejecutivo.

Este convenio está dentro del Plan de Viviendas para el Alquiler Asequible (denominado PVAA) que, en parte, se va a financiar con los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El objetivo es “facilitar el acceso a una vivienda digna a las familias o unidades de convivencia con ingresos limitados, principalmente en aquellas zonas donde el mercado del alquiler esté especialmente tensionado”, indican las citadas fuentes. “No en vano, el acceso a la vivienda se está viendo especialmente limitado en determinados territorios debido a la escasez de oferta y el incremento de precios”, asumen.

Llegar a 100.000 viviendas

El convenio entre el Ministerio y Sepes tiene como finalidad poder levantar todas las viviendas que se puedan y poder llegar a las 100.000 en régimen de alquiler asequible o social. De momento, la entidad pública ha adscrito al PVAA un total de 17 actuaciones entre suelos en propiedad y suelos a comprar, lo que implica levantar 17.300 viviendas. 

De esa meta de 100.000 viviendas, ya hay 57.000 en proceso, aunque no todas están aún en fase de construcción. Parte de ellas, cerca de 20.000, están ya habitadas y, de estas, 9.000 corresponden a Sareb. 

Dentro de esas 57.000 se incluyen más de 7.200 contempladas dentro del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. En cuanto la distribución, las que ya están actualmente en proceso, más de 600 están en Barcelona, más de 220 en Sevilla y 177 en Mallorca. También, 62 en Ibiza y 29 en Menorca, entre otras. Además, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia hay más de 8.500 viviendas en alquiler social o asequible que han remitido las comunidades autónomas al Ministerio y que requieren que se suscriba un acuerdo entre las administraciones antes del próximo 31 de enero de 2023.

Con el acuerdo de colaboración entre el Ministerio y Sepes se podrán adquirir suelos como Son Busquets en Palma o el 78% de Campamento, en la zona oeste de la ciudad de Madrid. También, financiar la gestión de actuaciones en los suelos de su propiedad para la promoción de este tipo de viviendas mediante fórmulas de colaboración público-privadas y otras que puedan definirse en el futuro entre ambas entidades. Hay que recordar que, además, está abierta la colaboración con otras administraciones públicas, dado que las competencias en materia de vivienda recaen en las comunidades autónomas y que los ayuntamientos ejercen las suyas en materia de urbanismo.

Traspaso de fondos y desarrollos

Este convenio para poder construir viviendas de alquiler social en suelo público se traduce en cifras concretas. Por un lado, el Ministerio traspasará en el conjunto de este año a Sepes 115,3 millones –que están en los Presupuestos de 2022– que serán asignados por actuaciones, conceptos y anualidades. Por otro, de cara a 2023, la transferencia de fondos aumentará hasta los 260 millones de euros, que figuran en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023. 

Hasta el momento, y en el marco de acuerdos puntuales, el citado Ministerio ha transferido a la entidad pública un total de 143,4 millones de euros para actuaciones ligadas al plan de viviendas para el alquiler asequible.

De hecho, sobre los 260 millones para Sepes, la ministra Raquel Sánchez aseguró el jueves que esa cifra “supone más en un año que toda la cantidad que se le había asignado para temas de vivienda en los últimos 11 años y, especialmente, bajo mínimos en gobiernos del PP”. En concreto, apuntó que con esa dotación se contempla “la construcción de 464 viviendas en Ibiza, 1.038 en Valencia, 1.481 en Sevilla y otras 700 en Alicante; actuaciones a las que se sumarán otras de gran relevancia en Mallorca, como son 800 viviendas en Son Busquets, y Campamento, en Madrid, con otras, al menos, 10.700 viviendas”.

Así, con el nuevo convenio, Sepes pondrá a disposición del Ministerio suelos de su titularidad: Residencial Buenavista en Málaga, Parque Artillería en Sevilla, Can Escandell en Ibiza, Cuartel de Artillería y Cuartel de Ingenieros en Valencia; y el 12% de Campamento, en Madrid. Además, hay otras localizaciones en fase de estudio.

La financiación recogida en el convenio, indican las citadas fuentes, se destinará a compensar a Sepes por el valor del suelo, los costes de la urbanización de los ámbitos urbanísticos hasta la adquisición de la condición de solar, de los proyectos y, en su caso, del concurso de proyectos, así como de la promoción y cualquier otra adquisición, gestión o actividad inherente al proceso de consecución de las viviendas que se destinen al alquiler social o asequible. 

Desbloqueo de la Ley de Vivienda

El desarrollo de este tipo de vivienda está incluido dentro de los fines que persigue la Ley de Vivienda, que apunta que “todos los poderes públicos deben perseguir”. En concreto, apunta la necesidad de “impulsar y fomentar la existencia de una oferta suficiente y adecuada de vivienda en alquiler a precios asequibles, con especial atención a las personas jóvenes y hogares en situación o riesgo de vulnerabilidad, habilitando mecanismos efectivos de regulación y uso del suelo, y desarrollando medidas e instrumentos de programación y planificación que permitan atender las necesidades reales de los demandantes y favorezcan la cohesión social y territorial”. 

Precisamente, Raquel Sánchez aseguró el jueves que la Ley de Vivienda podría aprobarse en el Congreso de los Diputados antes de que acabe el año. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana hizo un “llamamiento al resto de fuerzas progresistas” para “abandonar propuestas maximalistas y hacer posible la primera Ley de Vivienda de la democracia”. Tanto los socios de Gobierno de Unidas Podemos como otras formaciones que le han mostrado su apoyo parlamentario, como ERC y Bildu, han reclamado, por ahora sin éxito, a los socialistas que se impongan precios máximos a los alquileres en zonas tensionadas a todos los propietarios así como el alquiler social obligatorio o impedir desahucios sin alternativa habitacional, entre otras medidas, como elementos necesarios para desbloquear la aprobación de la Ley de Vivienda. 

La futura ley, si sale adelante, recoge qué se entiende por vivienda asequible. Define como “condiciones asequibles conforme al esfuerzo financiero” aquellas en las que el “precio de venta o alquiler que eviten un esfuerzo financiero excesivo de los hogares teniendo en cuenta sus ingresos netos y sus características particulares, considerando, tanto la cuota hipotecaria o la renta arrendaticia, como los gastos y suministros básicos que corresponda satisfacer al propietario hipotecado o al arrendatario, no debiendo superar con carácter general el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia”.

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