El PP plantea profundizar la reforma laboral, rebajas fiscales y que cuente toda la vida laboral para cobrar la pensión

Pablo Casado ha presentado este lunes el programa electoral del Partido Popular para las elecciones del 28-A en un acto en Barcelona. Los populares incluyen entre sus promesas electorales rebaja de impuestos generalizadas, tanto para el IRPF como para Sociedades, que las pensiones tengan en cuenta más factores además del IPC para su revalorización y blindar fiscalmente el ahorro privado para las pensiones.

En temas de vivienda, el PP señala que pretende crear seguros para el arrendamiento y que la ocupación de viviendas pase a ser un delito penado con la cárcel. Por otro lado, propone un “Pacto de Estado para establecer un mix energético estable a 40 años”, que incluye a las nucleares, y rechazan “las prohibiciones a los vehículos de combustión”.

Si el PP llega al Gobierno, el partido dirigido por Pablo Casado pretende “consolidar” las reformas implementadas en el sistema público de pensiones. Estas reformas son la de 2011, aprobada por el Ejecutivo socialista de Zapatero con consenso de los agentes sociales, y la de 2013, que aprobó Mariano Rajoy de manera unilateral.

Una de las cuestiones de aplicación más inmediata en el terreno de las pensiones es su revalorización anual. Rajoy desvinculó la subida del IPC y estableció un índice de revalorización de las pensiones (IRP), que tenía en cuenta muchos indicadores y provocó las subidas anuales del 0,25%. Al final de su mandato, el PP dejó este indicador sin aplicación en su pacto presupuestario con el PNV, en el que se acordó un incremento de las pensiones del 1,6% (el IPC en ese momento).

Ahora los de Casado apuntan que las pensiones “mantener su poder adquisitivo”, pero para hacerlo se desmarcan de lo que sugieren en estos momentos el resto de partidos: subidas según el IPC. El programa electoral apuesta por una revalorización que tenga en cuenta “tanto el IPC como otros indicadores”, que no se especifican.

Además, los populares pretenden aproximar el periodo de cálculo de la pensión a “toda la vida laboral” de forma progresiva. En la actualidad, se tiene en cuenta los últimos 22 años de vida laboral del nuevo pensionista, periodo que se irá alargando hasta los 25 años en 2022. El PP defiende la medida “evitar que los años de la crisis afecten a la cuantía de las pensiones en el momento de la jubilación”, pero otro posible efecto de ampliar el periodo de cálculo puede ser la rebaja de las pensiones, dado que en los primeros años de trabajo generalmente se obtienen salarios inferiores que al final de la vida laboral.

Como había anunciado Pablo Casado, el PP quiere aprobar un “blindaje fiscal del ahorro para la jubilación”, extendiendo los beneficios fiscales de los planes de pensiones “a la vivienda habitual y los planes de ahorro”. Por otro lado y también en el terreno de los impuestos, el partido quiere establecer una exención en el pago del IRPF para las personas que alarguen su vida laboral y continúen trabajando “sin cobrar la pensión de jubilación”.

El documento recoge que el PP eliminará el déficit de la Seguridad Social –sin un margen de tiempo para ello– gracias a la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social y de la creación de empleo.

“Profundizar” en la reforma laboral de 2012

Si en esta legislatura uno de los principales debates entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal ha girado en torno a si se derogaban o no algunos “aspectos centrales” de la reforma laboral que aprobó el Gobierno de Rajoy, el PP contempla en su programa como primera medida en materia de empleo “profundizar” en la reforma laboral de 2012. En especial, el PP quiere “fovorecer convenios colectivos adaptados a las necesidades reales del tejido productivo”.

Casado se propone introducir la llamada mochila austriaca como una medida para “fomentar la contratación indefinida”. En este sistema, que también incluyó el Gobierno de Sánchez en su 'Agenda del Cambio', el trabajador tiene una cuenta individual en la que acumula aportaciones mientras está empleado. En caso de cambiar de trabajo, esa 'mochila' le acompaña y sigue sumando en ella fondos en su nuevo puesto. El programa del PP en concreto recoge que el fondo podrá ser rescatado “en los supuestos de despido improcedente, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación”.

Para contrarrestar la elevada temporalidad del mercado de trabajo, en ascenso, el PP contempla endurecer las sanciones a las empresas que recurran a esta fórmula de manera abusiva y limitar el encadenamiento de contratos, principalmente. En relación a los trabajadores autónomos, el documento contempla que los parados de larga duración que inicien un negocio “no pagarán impuestos por los beneficios obtenidos durante los dos primeros años”. También recoge ampliar “doce meses más, hasta los tres años la tarifa plana” de 60 euros para los trabajadores autónomos y su extensión a más colectivos, como los mayores de 52 años y los parados de larga duración.

En materia de igualdad laboral, el documento recoge “incentivos” y “elimar barreras” para impulsar la inserción de las mujeres al mercado de trabajo y se apuesta por “promover la igualdad en el seno de las empresas”, pero sin medidas obligatorias sino “favoreciendo que las propias compañías fijen objetivos en este sentido”. Contra la brecha salarial, el PP apunta que aprobará un “plan” contra esta desigualdad, que impulsará “la efectividad” del principio de igualdad de remuneración por razón de sexo“.

En relación a los trabajadores del sector público, el primer punto del programa del PP apuesta por que “la única lengua” exigida para acceder a un empleo público será el castellano. Además, recoge que se dedicará “especial atención” a empleados de la Administración “en terminadas comunidades autónomas –singularmente Cataluña–” para “paliar, en lo posible, la especial dificultad en el desempeño de trabajo”. Como anunció Casado, el Partido Popular también pretende implantar “nuevos modelos de evaluación” del desempeño del personal de la Administración. Estas evaluaciones “tendrán impacto en la carrera profesional y en las retribuciones de los empleados públicos”.

Rebajas fiscales

El Partido Popular lleva en su programa electoral promesas de rebajas fiscales como una bajada del tipo máximo del IRPF “por debajo del 40%” y del impuesto de Sociedades “por debajo del 20%”. En la actualidad, el impuesto sobre la renta es del 45% para los tramos de ingresos por encima de 60.000 euros, mientras que el que pagan las empresas es del 25%.

Además, proponen eliminar el impuesto sobre el Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones para las transmisiones entre padres e hijos y al resto de la línea descendiente, así como entre cónyuges. También prometen eliminar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para la constitución de hipotecas en la compra de la vivienda habitual, que en la actualidad pagan las entidades bancarias.

En lo que se refiere a Vivienda, la mayoría de las propuestas del PP se refieren a la protección de los propietarios y contra la ocupación, sin hacer referencia a lo que harán en relación a las últimas medidas aprobadas, como el alargamiento de los contratos.

Seguros de arrendamiento y cárcel para la ocupación

Prometen desarrollar seguros de arrendamiento que cubran el impago de los alquileres y los daños que pueda causar el inquilino y sistemas de arbitraje para resolver conflictos entre arrendadores y arrendatarios e incrementar la deducción fiscal a los arrendadores por los ingresos derivados de la renta de los alquileres de las viviendas que sirvan de residencia habitual, especialmente cuando los arrendatarios sean jóvenes o mayores de 65 años con ingresos bajos.

También incluyen promesas de fomento de la construcción tales como sustituir la licencia por la declaración responsable para los diferentes usos urbanísticos y la flexibilización de las operaciones de Regeneración Urbana. Dicen también que van a impulsar la oferta de vivienda de nueva construcción para alquiler asequible “favoreciendo fórmulas de cooperación público-privada,que mantengan la propiedad pública del suelo”, destinada prioritariamente a familias con hijos.

Además, afirman que van a establecer nuevas líneas de ayuda en los planes de vivienda “para favorecer el acceso a la vivienda y el establecimiento de nuevos vecinos en las zonas rurales con escasa población” que incluyan ayudas adicionales a la rehabilitación para los propietarios que ofrezcan su vivienda al mercado de alquiler.

Respecto a la ocupación, pretenden que el delito de usurpación de viviendas pase de suponer una multa a pena de privación de libertad de uno a tres años; agilizar los procesos penales para facilitar el desalojo de las viviendas ocupadas y que “los procesos civiles para que las personas jurídicas propietarias de viviendas puedan ejercer sus derechos con la misma agilidad que las personas físicas”. Además, afirman que eliminarán “las subvenciones públicas a las entidades, asociaciones y grupos que apoyen la ocupación de viviendas”.

Sin renunciar a la energía nuclear

En lo que respecta al mercado eléctrico, sin mencionar expresamente la energía nuclear, el programa sí apuesta por dar marcha atrás al cierre paulatino que ya ha acordado el Gobierno con las eléctricas al apostar por “aprovechar al máximo las opciones renovables que ya son competitivas, pero sin renunciar a otras tecnologías que aún son útiles a nuestro país. Para ello, promoveremos la aprobación de un Pacto de Estado para establecer un mix energético estable a 40 años” que dé “certidumbre al sector y al consumidor”.

Los populares apuestan por dar “prioridad a las opciones energéticas que cumplan con los objetivos de reducción de emisiones al menor coste posible, para asegurar que la energía de hogares y empresas es la más asequible en cada momento”. Para abaratar el recibo, prometen eliminar los impuestos de generación que puso en marcha el Gobierno de Mariano de Rajoy.

Los populares, que prometen un nuevo Plan Nacional de Energía y Clima 2021 - 2030 que fije las políticas y medidas que deben aplicarse para alcanzar los objetivos acordados en la Unión Europea, rechazan “las prohibiciones a los vehículos de combustión” porque “deben ser la evolución tecnológica y las decisiones de los consumidores” los que marquen el ritmo de sustitución de unas tecnologías por otras. Y prometen “un marco jurídico estable al conjunto de la cadena de valor del sector de la automoción”.

El programa del PP plantea también un Plan Nacional de Infraestructuras y Transportes Prioritarios 2020 y 2030 para “convertir a España en el principal Punto Internacional de Intercambio y Centro de Distribución de pasajeros y mercancías”; promete regular la publicidad del Juego y plantea reformar la Ley de Segunda Oportunidad que aprobó el Gobierno de Rajoy “para facilitar el cierre de empresas fallidas”.