Las presiones del Gobierno español para que los países de la UE ratifiquen el acuerdo comercial con Mercosur

España presiona a los países de la Unión Europea (UE) para conseguir la ratificación del acuerdo con el bloque Mercosur. elDiario.es ha tenido acceso a los cables de una reunión entre la Comisión Europea y los Estados miembros, celebrada el 11 de marzo a puerta cerrada, que dejan constancia del intenso trabajo de lobby del Gobierno español con la intención de torcer el brazo a los gobiernos díscolos en la UE ante el tratado comercial. Este jueves se reúne el consejo de asuntos exteriores sobre comercio de la UE donde se discutirá la situación actual del tratado comercial con vistas a que sea ratificado definitivamente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró convencido la semana pasada durante el IV Congreso Iberoamericano Ceapi en que el acuerdo comercial iba a ser aprobado “más pronto que tarde”. Las negociaciones empezaron en 1999 y el tratado comercial fue firmado en 2019.

España “subrayó que la UE no debe exigir a América Latina más de lo habitual”, se lee en las actas. “En particular, en lo que respecta a las relaciones UE–China, Madrid ve el peligro de que América Latina salga perjudicada y de que se aplique un doble rasero a favor de China. ES también criticó las tácticas dilatorias y de bloqueo de la UE. Los países del Mercosur están dispuestos a dialogar, mientras que la UE lleva meses hablando de compromisos adicionales sin concretarlos”. Los abanderados del acuerdo llevan tiempo empleando el argumento “geopolítico”: “la influencia de China y Estados Unidos ya está aumentando notablemente”, apuntaron en la reunión.

Las actas también reflejan la posición de Bruselas así: “El acuerdo actual es el resultado de un cuidadoso equilibrio entre los aspectos políticos y comerciales. Desde el punto de vista de la CE [Comisión Europea], una renegociación no es una opción. Por el contrario, hay que centrarse en los actuales problemas de sostenibilidad y en los posibles criterios de compromiso.”

“El objetivo es ratificar el acuerdo lo antes posible, tan pronto como se hayan acordado compromisos adicionales significativos, utilizables y aplicables, especialmente en las áreas de deforestación y sostenibilidad. Sin embargo, estos acuerdos adicionales deben mejorar realmente la situación sobre el terreno”, añade el cable.

En el documento consta de “un primer diálogo con las embajadas y representaciones de la UE en Brasil”. Nuevamente España ha encabezado los acercamientos. La Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, dijo en un webinario de la Casa América, el 2 de febrero, que había viajado a Brasil para trabajar con el gobierno Bolsonaro en la “declaración interpretativa”. En el reciente viaje de la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, a Brasil y Paraguay trató con el país que preside Jair Bolsonaro las condiciones para avanzar en la ratificación del acuerdo.

El non–paper secreto

Desde hace meses se ha especulado sobre una declaración alrededor de aspectos de sostenibilidad que la Comisión Europea negocia con el Mercosur. Pero poco ha trascendido sobre el contenido y el estado de las negociaciones. elDiario.es ha podido también acceder por primera vez al cuestionario que la Comisión Europea ha enviado en febrero a las capitales europeas.

El non–paper, un tipo de documento comunitario no vinculante y que suele contribuir a un debate concreto, subraya que “los países del Mercosur han dejado claro en contactos informales que sólo firmarían una Declaración u otro instrumento si fuera recíproco (aplicable tanto a la UE como al Mercosur), regional (aplicable a todo el bloque del Mercosur y no a un país en particular) y que no conduzca a la reapertura de las negociaciones”.

La lista de temas que la Comisión Europea ofrece incluir en la declaración adicional incluye deforestación, incendios forestales, cumplimiento del Acuerdo de París, protección de áreas protegidas e indígenas, derechos territoriales de los pueblos indígenas, fortalecimiento de la capacidad de las instituciones encargadas de hacer cumplir la legislación ambiental, acción judicial contra los delitos ambientales, actuación contra la minería ilegal, normas laborales básicas (OIT), mecanismos de consulta a la sociedad civil de la UE y del Mercosur y programas de cooperación y asistencia para apoyar lo anterior.

¿Vinculante?

Entre los debates que existen está el del carácter jurídico y la “reciprocidad” del instrumento que exige el Mercosur. Si fuese reciproco, los compromisos derivados del “instrumento jurídico” también serían preceptivo para la UE.

No es un asunto insignificante porque en algunos países europeos hay problemas vinculados a la gestión forestal y a la minería. Por citar algunos ejemplos: las comunidades indígenas en Suecia y Finlandia, el papel del Estado portugués y griego en los incendios forestales, los asesinatos de guardias forestales en Rumanía o el incumplimiento del Acuerdo de París por algunos Estados miembros como sugiere la sentencia del Tribunal Constitucional alemán que obligó al gobierno de Angela Merkel mejorar la ley climática aprobada en 2019.

La Comisión Europea reconoce en la memoria filtrada que “especialmente en lo que respecta a los acuerdos complementarios, sigue siendo necesario un debate sobre la calidad jurídica de estos ”instrumentos legales“. Las opciones posibles serían, por ejemplo, una declaración política o un protocolo adicional al acuerdo. La decisión final, sin embargo, dependería en última instancia del contenido de los compromisos adicionales”,

Problemas de fondo

Estos “instrumentos” abordan asuntos que están fuera del mandato de la Dirección General de Comercio y que no caerían bajo la autoridad de los ministerios con competencia en Comercio, sino del Ministerio de Transición Ecológica en el caso de España. Es probable que las agencias de medio ambiente y las comisiones parlamentarias no están adecuadamente involucrados.

Los funcionarios comunitarios han reconocido que “la UE no puede adoptar unilateralmente las condiciones de ratificación; esto sólo puede hacerse conjuntamente –de acuerdo– con los Estados del Mercosur”. También sería necesario un enfoque uniforme Mercosur“ y no soluciones a medida para los distintos Estados.

Una preocupación en el lado europeo es la cuestión de cómo simular una mayor preocupación por la deforestación y la crisis climática sin exigir demasiado a los gobiernos del Mercosur con el riesgo que se levantan de la mesa y dejan el acuerdo en el aire. Según consta en la filtración, la Comisión Europea había informado a los gobiernos que está trabajando en varios niveles: un componente “bilateral”, otro “unilateral”, así como “medidas de cooperación”.

“El componente unilateral se refiere a los proyectos legislativos de la UE previstos o que ya han entrado en vigor. En particular, la deforestación, la diligencia debida y la estrategia ‘de la granja a la mesa’. Esta legislación de la UE tiene una influencia directa e indirecta en el comercio con terceros países”, según se puede leer en el documento.

Sin embargo, la UE no está cumpliendo con la legislación vigente sobre madera importada, según ha evidenciado un informe del Parlamento Europeo. A pesar de este compromiso, la Comisión Europea parece que incluso quiere debilitar, como han denunciado una cuarentena de ONG, el Plan de Acción para proteger y restaurar los bosques de mundo ni la estrategia de Biodiversidad 2030.

Por lo que respecta al componente bilateral, el documento apunta que “es necesario centrarse más en la cuestión del marco jurídico para abordar las preocupaciones de la UE adecuadamente. En general, los países del Mercosur están dispuestos a mantener conversaciones con la UE. Sin embargo, la Comisión necesita información de los Estados miembros sobre posibles zonas de aterrizaje”.

“Los Estados miembros de la UE informarán a la Comisión sobre cómo y qué negociar con Mercosur”, se acordó en la reunión técnica, pero la ministra González Laya se limita a decir que hay que “perfeccionar” el acuerdo en materia de sostenibilidad.

“Por último, el enfoque holístico está flanqueado por medidas e iniciativas de cooperación. Por ejemplo, el nuevo marco financiero de la UE ofrece la posibilidad de prestar apoyo financiero y establecer prioridades en la región. Por un lado, a través de las asignaciones de la UE en el contexto del ”Pacto Verde“ de la UE (Green Deal) o a través de la iniciativa ”TEAM Europe“ para la Amazonía, que aún se está desarrollando”, rezan las notas literalmente.

Declaraciones no vinculantes

Un estudio jurídico, encargado por MISEREOR, Greenpeace y CIDSE, señala que ningún protocolo o declaración interpretativa resolverá las deficiencias del Acuerdo en el ámbito de la protección del medio ambiente y los derechos humanos. Rhea Hoffmann y Markus Krajewski, de la Universidad de Erlangen–Nürnberg, explican que el acuerdo UE–Mercosur “formula obligaciones en materia de derechos humanos y compromisos que hacen referencia a los acuerdos medioambientales y laborales multilaterales, de forma no vinculante”.

“Muchas disposiciones sólo contienen cláusulas de ”mejorar esfuerzos“ y son meras declaraciones de intenciones o siguen siendo vagas y sólo implican un bajo nivel de compromiso”, razonan los juristas de renombre en el ámbito del derecho comercial internacional.

Por otra parte, “las declaraciones unilaterales no pueden modificar el contenido del acuerdo (como mucho, pueden suspender disposiciones, pero no pueden crear nuevas obligaciones). Además, el nombre que se dé a un instrumento es irrelevante para la naturaleza jurídica del mismo: lo importante es su contenido y sus efectos jurídicos”, según esta opinión jurídica.

Una mera declaración de interpretación, como la que está encima de la mesa no cambiará las normas sustantivas del acuerdo comercial y no establece un mecanismo de aplicación vinculante. Entonces será imposible cumplir los compromisos del Acuerdo de París, la Agenda 2030 o la recién aprobada Ley de Cambio Climático. España, por ejemplo, es el mayor importador de soja en la UE y también el tercer país del continente que más contribuye a la deforestación tropical a través del comercio internacional, tras Alemania e Italia, según un informe de WWF.

Calendario incierto

En cuanto al calendario, “es una cuestión de meses”, anuncia el cable. Los funcionarios de la Comisión ven “necesaria una fuerte declaración política ahora que la UE no se limita a hablar de boquilla, sino que exige un cambio real de las condiciones sobre el terreno” especialmente en vista de la temporada de incendios forestales que comienza en verano. Se está bajando la próxima cumbre climática de la ONU, la COP 26 en Glasgow, para “aumentar la presión sobre Mercosur, junto con los Estados Unidos” propone Bruselas según la memoria.

La Comisión Europea propone una especie de “hoja de ruta que obligue ya a los Estados del Mercosur a asumir compromisos y que se convierta en un ”instrumento legal“ cuando el acuerdo sea ratificado o firmado”.

De una reunión entre las ONG y Paolo Garzotti, Director General Adjunto encargado de las Direcciones D y E y responsable de las negociaciones con el Mercosur, ha trascendido que el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, y su equipo todavía están evaluando lo que debe entrar en el documento adicional. Sólo después de que haya una propuesta oficial –a mediados de año– entrarán en negociaciones con el Mercosur, lo que parece indicar que no se espera nada definitivo antes de final de año. También ha aclarado que, si el documento que se negocia fuera recíproco, los Estados miembros mirarán con más detenimiento lo que firman.

En cuanto al acuerdo en sí, la revisión jurídica sigue en curso. No solamente hay discusiones internas debido a “dificultades inesperadas” en relación con las indicadores geográficos –o denominaciones de origen– y la situación en Brasil sino también con algunos últimos detalles de acceso al mercado.

Posteriormente y tras su traducción, la Comisión Europea lo notificará a los Estados miembros. “Siendo realistas”, pronostica la revista The Economist, “las condiciones para la ratificación son improbables hasta 2023, después de las elecciones en Alemania, Francia y Brasil, y cuando España, uno de los proponentes, ocupe la presidencia de la UE”.

La coalición “Stop EU Mercosur” de más de 450 organizaciones de ambos lados del Atlántico se está movilizando para detener el acuerdo. La campaña “No a los tratados de comercio e inversión”, integrante de la coalición, ha enviado una carta al Gobierno español denunciando las negociaciones: “Nos preocupa que no exista transparencia” y reclama que no se ratifique.