Los sindicatos y los empresarios encallan en los salarios tras haber alcanzado multitud de acuerdos

Un tema separa a los empresarios y sindicatos de la senda de continuos acuerdos en los últimos dos años: los salarios. Ya ocurrió con el salario mínimo y ahora con el acuerdo de referencia de negociación colectiva a nivel estatal, el AENC. La patronal CEOE y las centrales CCOO y UGT están encalladas en su foco central, la subida salarial para este y los próximos años en un contexto de inflación desorbitada. Tras ser ejemplo del consenso en el diálogo social con el Gobierno, incluso en cuestiones muy complejas como la reforma laboral, los agentes sociales mantienen en esta ocasión posturas muy enfrentadas que pueden dificultar un acuerdo bipartito. Este es una pieza indispensable del llamado “pacto de rentas” que pide el Gobierno para repartir los daños económicos por la guerra en Ucrania.

El viernes se constataban las importantes diferencias entre las partes, tras una reunión interna de la CEOE para fijar su postura en el debate sobre salarios. Los empresarios rechazaron la principal exigencia de los sindicatos, las cláusulas de garantía de poder adquisitivo para ajustar los sueldos a la inflación en los próximos años.

Dado el contexto de precios disparados hasta casi el 10% interanual, debido a la crisis energética, muchas voces alertan de los riesgos de crear bucles inflacionistas de segunda vuelta al contagiar esta enorme alza a otros ámbitos de la economía. Uno de estos elementos son los salarios. Ante esta situación, CCOO y UGT aceptarían subidas salarial más moderadas en el presente, pero con la inclusión de cláusulas de garantía del poder adquisitivo que permitieran ir recuperando capacidad de compra de los trabajadores en los próximos años.

La batalla: las cláusulas de revisión según los precios

Los sindicatos plantearon a los empresarios un marco de subida salarial del 3,4% este año, el 2,5% en 2023 y un 2% en 2024, junto a una cláusula de garantía para recuperar el poder adquisitivo perdido este 2020, según cómo quede finalmente la inflación: el 50% del poder de compra perdido se ajustaría al final de este año, mientras que el resto se repartiría entre 2023 y 2024. Esta propuesta y aceptar cualquier cláusula de garantía salarial es lo que decidieron las patronales este viernes.

Los empresarios propusieron subidas salariales para los próximos tres años, sin ajustarse a lo que suceda con los precios. UGT informó de que el planteamiento era de un incremento del 7% en tres años: un 3% en 2022 y un 2% en 2023 y 2024. En Expansión, se adelantaba que la propuesta alcanzaba el 8% en este periodo y que esta estaría condicionada a que se mantengan niveles de empleo y crecimiento.

En cualquier caso, la principal disputa entre las dos partes no es la cifra que sirva de referencia a nivel estatal para los aumentos salariales en los próximos tres años, sino la existencia de cláusulas de garantía del poder adquisitivo. Los empresarios no quieren aceptarlas porque insisten en que supone legitimar que los salarios se vinculen a la inflación y temen el precedente que esto pueda generar de cara al futuro. Los sindicatos por su parte insisten en que se trata de una medida necesaria, ya que no se puede hacer caer el mayor peso de esta inflación desorbitada sobre los trabajadores, que acumulan un empobrecimiento desde la pasada crisis económica.

¿Es imposible el pacto de rentas?

Con ambas posturas enfrentadas hay quien ve cada vez más posible que la negociación colectiva al final no alcance un acuerdo. Esta pieza es indispensable en la petición de un “pacto de rentas” que ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la crisis en Ucrania.

Desde la Moncloa y el Ministerio de Trabajo insisten a este medio en que la discusión salarial es una cuestión ajena al Gobierno, de la negociación colectiva, pero dado el ejemplo de capacidad de acuerdo del diálogo social en los últimos dos años, hay quien cree que si finalmente se constatara la falta de acuerdo entre empresarios y sindicatos, el Ejecutivo intervendría para intentar mediar.

En el Ministerio de Trabajo entienden que la solución pasa por la protección de los salarios, “no responsables de la inflación”, recuerdan, “sin que valgan recetas de devaluación, sino un compromiso justo que también involucre a las rentas empresariales”. Desde la patronal, el líder de los empresarios, Antonio Garamendi, ha afirmado que las empresas están ya haciendo un esfuerzo no trasladando a los precios el aumento de costes por la energía.

Los sindicatos insisten en que todo pacto de rentas requiere de un acuerdo salarial, pero también en que este no es la única pieza de un verdadero pacto de rentas, ni tiene por qué ser la primera. Y ahí señalan al Gobierno.

CCOO y UGT reclaman al Ejecutivo que avance y concrete más su plan nacional de respuesta a la invasión de Ucrania con más medidas de protección de los más vulnerables, como la propuesta de CCOO de un bono social de 300 euros para las personas de renta más baja ante el auge de los precios, y también que se exija que las empresas energéticas aportan a esta crisis a través de sus “beneficios caídos del cielo”, en palabras de su líder, Unai Sordo. En UGT han reclamado más medidas específicas para los trabajadores de salarios bajos, como aquellos que cobran el salario mínimo.

Los sindicatos quieren un acuerdo salarial a nivel estatal, pero también recelan de un pacto en estos momentos de gran incertidumbre, con una inflación altísima y sin el aval europeo al límite del precio del gas que defiende el Gobierno. Algunas voces cercanas a las discusiones creen que, si no se logra un pacto en el corto plazo, tal vez el acuerdo salarial pueda producirse más adelante, una vez se conozcan las siguientes medidas para contener los precios. No es lo mismo pactar un incremento de salarios del 3% con casi un 10% de inflación y la previsión de un IPC medio en el año del 6 o 7%, que hacerlo con nuevas estimaciones de la inflación mucho más contenidas.

Tanto patronal como sindicatos han advertido después del desacuerdo del viernes que su intención es seguir negociando, que esto no es un punto y final. Habrá que ver, seguramente después de la Semana Santa, si las partes logran que las diferencias sean un punto y aparte hacia un consenso. El acuerdo (o la falta de este) debería producirse sin demasiada demora, “en las próximas semanas”, apuntan en los sindicatos.