Así se han convertido los presupuestos españoles en un arma arrojadiza en Bruselas

Un sainete. Una opereta. Una viñeta de 13 Rue del Percebe. Lo que está pasando con la tramitación de los Presupuestos españoles puede identificarse con cualquiera de estos géneros y alguno más próximo a la tragicomedia y el teatro de lo absurdo. El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, el ministro español de Economía, Luis de Guindos, y su homólogo alemán, Wolfgang Schäuble, han protagonizado en las últimas 48 horas un desencuentro inexplicable que deja a España en un limbo jurídico dentro de la legislación comunitaria.

Las cuentas públicas españolas deberían haber recibido el visto bueno de la Comisión Europea este martes, pero su utilización política las ha dejado en suspenso. Esta es la cronología de un dislate que comenzó provocando España con sus prisas.

Unas cuentas cerradas para el Gobierno que gane las elecciones

El primer semestre del año se consumió políticamente con España deshojando la margarita de la convocatoria de las elecciones. En un gesto inaudito, Mariano Rajoy decidió adelantar el calendario de los Presupuestos para dejarlos aprobados antes de disolver las Cortes. Según el Ejecutivo, por “responsabilidad” para no dejar al país a merced del próximo Gobierno. Lo cierto es que la tramitación acelerada de las cuentas le ha servicio para utilizarlas como un programa de ingresos y gastos, muy volado en beneficios fiscales, que sirva de apoyo a la campaña electoral.

Presupuestos de una noche de verano

Una vez tomada la decisión, Hacienda pone toda la maquinaria en marcha para presentar los presupuestos a principios de verano. Esto obliga no solo a las comentadas horas extra de funcionarios y diputados (que llevan a aprobar el Proyecto de Ley el 31 de julio), sino también a aventurar unas previsiones económicas y de ingresos y gastos cogidas con alfileres. Muchas de las cifras que se toman como referencia tienen como fecha abril o mayo del año en curso. Este es uno de los elementos que más suspicacias levanta a la hora de hacer una lectura rigurosa de las cuentas del Estado.

Adaptar el calendario español a los compromisos europeos

Una vez que la rueda comienza a girar, Hacienda se encuentra con uno de sus principales obstáculos: hay un calendario comunitario que debe respetar. España ha suscrito un pacto de supervisión reforzada con los otros países del euro que pasa por someter las cuentas públicas al escrutinio del resto de socios. Este proceso, que se conoce como Two-Pack, se creó para dar estabilidad y credibilidad al desempeño público de los países de la zona del euro y que sirviera de barrera de contención al ataque a la deuda pública de varios países. Le daba, por así decirlo, una pátina de credibilidad ante los mercados. Este proceso contempla un ajustado calendario que se comprometen a cumplir los países que lo suscriben (no están los rescatados).

El lío de las fechas mínimas y tope

Presentar las cuentas en pleno verano rompe completamente con lo establecido en el calendario comunitario pero topa también con un agujero normativo del que se aprovecha Madrid. La Comisión Europea establece que el 15 de octubre es la fecha tope para que se presenten los proyectos de ley de los países y antes del 30 de noviembre, Bruselas tiene que dar su opinión de vuelta.

Lo que no dice la normativa es si hay alguna fecha mínima para presentar los presupuestos y mucho menos para aprobarlos en los respectivos parlamentos. El procedimiento acelerado de España sitúa la aprobación en el Senado (que cierra el proceso parlamentario) precisamente el 16 de octubre, cuando Bruselas acaba de recibir los borradores.

Se da la circunstancia de que España ya no puede hacer nada por retrasar el calendario legislativo, porque Rajoy ha apurado tanto las elecciones que ha llevado al límite las fechas, lo que impide retrasar ni un solo día más la disolución de las cámaras tal y como dicta la ley. La pelota se queda en el tejado de Bruselas que debe emitir su opinión antes de que se aprueben definitivamente las cuentas si quiere cumplir con el espíritu de las normas: que el país oiga la opinión de sus socios y si quiere (no es vinculante), introduzca las modificaciones necesarias en el texto.

Trabajo fuera de plazo

Sin margen de maniobra para impedir legalmente el cambio de calendario de Rajoy, la Comisión Europea se puso manos a la obra y en septiembre comenzó a estudiar los presupuestos que le había remitido España. En el área encargada de coordinar esta acción, la de Asuntos Económicos, cayó como un jarro de agua fría la extemporánea petición de España. “Las fechas no se ponen por casualidad” recuerdan desde Bruselas. Así, también está marcado en rojo en el calendario europeo el próximo 5 de noviembre, cuando se presentan las previsiones económicas de otoño de la Comisión y se revisan las proyecciones de crecimiento y paro de los países. Es este trabajo el que se toma como base para luego pasar el algodón a los textos enviados por los estados miembros y comprobar así si las cifras presentadas son creíbles o no.

Primeros malentendidos políticos

Según avanzaba el trabajo de la Comisión, y corría el trámite parlamentario, se comenzaron a percibir los primeros roces a alto nivel. Aunque la Comisión aceptó de mal grado en verano que revisaría las cuentas, conforme se apuraban los plazos la lacónica contestación desde Bruselas ante las preguntas de cuándo emitirían su opinión era “en su debido momento”.

El aviso definitivo lo dio el vicepresidente económico, Jyrki Katainen, que en una rueda de prensa el 30 de septiembre aseguró que el Colegio de Comisarios no había discutido el tema y que se respetarían los marcos temporales fijados, tal y como recogió El Mundo. Para abundar en que la opinión no llegaría a tiempo, desde España también se dio por sentado que en el Eurogrupo del 5 de octubre no se debatiría sobre los presupuestos españoles. Sin embargo, el diario El Español avanza que habrá una crítica de Bruselas inminente, que sería demoledora y que incluso contemplaría sanciones por romper el procedimiento de déficit excesivo.

Entra Francia en escena

La previsión de España era que en el Eurogrupo del pasado lunes los socios del euro le preguntaran por su creativa adaptación del calendario de presentación de las cuentas. De Guindos estaba preparado para explicar sus razones, argumentos que a priori son aceptados de buen grado por parte de sus homólogos, como la posibilidad de que gobierne un partido en contra de la austeridad que descalabre las cuentas públicas.

Sin embargo, y por sorpresa, antes de arrancar el Eurogrupo Guindos avanza que finalmente se emitirá la opinión de la Comisión pero que no se pedían recortes ni se esperaban “muchos reproches”. A las pocas horas de este optimista anuncio, Pierre Moscovici, francés, socialista y comisario al mando, asegura que la opinión de la Comisión sobre los presupuestos sería negativa. Según los cálculos de su equipo, España no cumplirá el objetivo de déficit ni en 2015 ni en 2016, en este último caso con una desviación significativa.

El comisario reconoce que se han elaborado unas previsiones “ad hoc” en las que no cuadran las cuentas con lo previsto por la Hacienda española. Como golpe de gracia, asume que el Ejecutivo español ya no tiene tiempo para rehacer sus presupuestos y que tendrá que ser el nuevo Gobierno que salga de las urnas el 20 de diciembre el encargado de hacer una actualización.

Tercer cambio de opinión

Las declaraciones de Moscovici sobre el incumplimiento de España se hicieron antes de que se reuniera el Colegio de Comisarios. Esto ya aventuraba una reacción tumultuosa porque el francés se erigía como portavoz y anticipaba la decisión que debían ratificar sus colegas al día siguiente. No se puede olvidar la posición nada neutral de Francia respecto al proceso electoral español y también respecto a la creación de una cortina de humo que olvide las fisuras que presenta su propio Presupuesto. El 6 de octubre se celebraba además el Ecofin, en el que se reúnen los ministros de Economía de los 28 países miembros de la UE. En rueda de prensa, Luis de Guindos instó a los periodistas a esperar a que se emitiera esa misma tarde la opinión de Bruselas para que vieran que la desviación no era tanta y aseguraba que durante la reunión con el resto de socios solo se había acordado pactar un “código de conducta” que pusiera límite a la posibilidad de que otro país repitiera lo hecho por España.

Estas declaraciones se realizaron en Luxemburgo y a las pocas horas quedaron en agua de borrajas. El vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, un peldaño por encima del francés Moscovici, aseguraba que el Consejo no tenía tiempo de revisar los presupuestos de forma definitiva y que se posponía la opinión que España había dicho que estaba a punto de llegar. Este sorprendente anuncio desacreditaba al comisario francés pero incluso dejaba estupefacto al Gobierno de España, que ya descontaba el tener la opinión de Bruselas para seguir el trámite parlamentario y cerrar los presupuestos con los requisitos comunitarios cubiertos.

El papel de Alemania

En este inexplicable cambio de opinión parece haber jugado un papel muy relevante la posición alemana, como ya es costumbre. Al término del Ecofin, el alemán Wolfgang Schäuble defendió la integridad de la propuesta española y calificó los presupuestos como “buenos y sólidos”, pese a los “riesgos de incumplimiento” que apunta Bruselas. “Hay que saber de qué situación tan difícil venía España”, dijo en un mensaje muy comprensivo.

El alemán, tradicionalmente látigo de los países periféricos, se deshizo en halagos a los números macroeconómicos de España, “que están constantemente en vías de mejora”, y a los “avances impresionantes” en las medidas relativas al déficit.

La venganza de Moscovici

Al día siguiente de que Schäuble dejara en ridículo al comisario francés, El País publicó las principales líneas de la “opinión” que se debatió en el Colegio de Comisarios y que fue abortada en el último momento. En ella, además de críticas al incumplimiento del déficit, se llamaba la atención sobre lo incompleto del proyecto, que no contaba con la opinión de las comunidades autónomas, de la fragilidad de las previsiones, elaboradas sin apenas datos, y de los riesgos a la baja que ponían en peligro todo el plan de ingresos y gastos del Ejecutivo español.

Ante la aparición de estas informaciones, la Comisión ha cerrado formalmente filas y asegura que no hay fecha prevista para la opinión definitiva. Solo tiene tres opciones: darla tal y como ya está escrita, cambiarla o retrasarla hasta que se publiquen las opiniones del resto de países a finales de noviembre.

Las tres decisiones elevan el proceso a la categoría del absurdo. La primera deja sin explicación aparente la marcha atrás de Bruselas y al Colegio de Comisarios, como un títere. Cambiar la opinión dejaría en cuestión a los hombres de negro europeos y a la pretendida tecnocracia de la que presumen en Bruselas. Si se da la opinión a la vez que con el resto de países se hará prácticamente justo antes de las elecciones, ya se estaría en campaña, lo que aún sería más perjudicial para las intenciones del Gobierno de Rajoy.

Cualquiera de las tres salidas suponen un conflicto de imagen para la credibilidad de la Comisión Europea y, sobre todo, del proceso de supervisión reforzada que precisamente se creó para darle un barniz apolítico a las cuentas públicas y que estas siguieran, sobre todo, principios técnicos.