El Tribunal de Cuentas y el Gobierno madrileño licitan contratos de limpieza que no cubren los costes laborales
El Tribunal de Cuentas y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid se han visto obligados a anular dos concursos de limpieza “por estar licitados por debajo de coste”, según ha anunciado este miércoles en una nota la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel).
La patronal que aglutina a 17 empresas que acaparan el 43% de la facturación del sector, entre las que están FCC, Eulen, Acciona, Ferrovial, Clece (Grupo ACS), Ingesan (OHL) y Valoriza (Sacyr Vallehermoso), interpuso sendos recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, y el Tribunal Administrativo de Contratación de la Comunidad de Madrid, “al advertir que el presupuesto base de licitación era insuficiente en ambos casos para cubrir íntegramente los costes laborales, si se aplicaba lo dispuesto en el convenio colectivo de limpieza de edificios y locales de la Comunidad de Madrid”.
Según Aspel, “el presupuesto de licitación era insuficiente en ambos casos para cubrir los costes necesarios para prestar el servicio, como son las subrogaciones de personal, las sustituciones por vacaciones o el absentismo, entre otros”. La patronal estatal subraya que “el precio no es el único factor a tener en cuenta a la hora de elegir a la compañía prestadora del servicio de limpieza” e insta a “respetar lo establecido en el convenio colectivo” del sector
En el caso del Tribunal de Cuentas, el presupuesto inicial de licitación, de 230.000 euros, “no alcanzaba para sufragar los costes laborales de los 20 trabajadores que, según los pliegos de condiciones, eran necesarios para la prestación del servicio”. El concurso fue anulado el pasado 9 de diciembre y el Tribunal de Cuentas reconoció, según la resolución del organismo adscrito a Hacienda, “un error” en el pliego relativo al número de empleados, que eran tres menos de los requeridos para la prestación del servicio.
“La Justicia ha ordenado así subsanar este error para que el presupuesto base de licitación se adecúe a lo establecido en el convenio y sea suficiente para cubrir íntegramente los costes laborales”, subraya Aspel.
Por su parte, el Tribunal Administrativo de Contratación de la Comunidad de Madrid ha anulado el concurso centralizado de limpieza de un centenar de inmuebles de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, después de analizar los pliegos de condiciones.
Según los cálculos de Aspel, el importe máximo por hora para la prestación del servicio era inferior al coste de subrogar al personal, sin incluir otros costes derivados de la sustitución de la plantilla por vacaciones o de las posibles sustituciones por absentismo, que también eran exigidos en los pliegos de prescripciones técnicas. En este caso, el tribunal ha anulado siete de los nueve lotes en los que se dividía el concurso.
Otros procedimientos
La anulación de estos dos concursos se suma a la del pasado mes de julio, cuando la Comunidad de Madrid invalidó el concurso centralizado de limpieza de nueve hospitales de la región. “En aquella ocasión, Aspel demostró al tribunal que los 80,7 millones de euros de presupuesto no eran suficientes para pagar los sueldos de los trabajadores y tampoco se tenían en cuenta otros aspectos como las vacaciones o la tasa de absentismo laboral, que ronda actualmente el 12%”.
El Tribunal Administrativo de Contratación de la Comunidad de Madrid anuló también en el mes de octubre los concursos de limpieza de los edificios de los ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón y Torrelodones. Ambos consistorios tendrán que hacer una nueva licitación del servicio de limpieza de sus dependencias municipales, después de que la patronal estudiase los pliegos de condiciones y advirtiese, igualmente, que el presupuesto base de licitación de era insuficiente para cubrir íntegramente los costes laborales.
Según Aspel, “debido a la alta representatividad de la mano de obra en el sector, una bajada en los precios se traduce en una progresiva pérdida de puestos de trabajo y en una notable disminución de la calidad del servicio. Además, esta precarización lleva asociadas otras consecuencias negativas para el sector como el deterioro de las infraestructuras u operar bajo estándares de limpieza no óptimos para la salud laboral, entre otras”.
