La UE tumba otro dogma liberal y se abre a intervenir el mercado eléctrico tras un año de escalada de precios

Otro mito que cae. No hace tanto se decía, tanto entre los líderes de la UE como en los despachos de la Comisión Europea, que el mercado eléctrico era intocable. Es más, cuando España, Italia, Portugal o Francia, cada uno con sus problemas, tocaba a las puertas del edificio Berlaymont, la sede de la Comisión Europea en Bruselas, para pedir una reforma del mercado o, al menos, una intervención ante la escalada de la factura de la luz, los funcionarios del Ejecutivo comunitario les atendían con una sonrisa y pocas esperanzas.

Pero la Europa de septiembre de 2021 no es la de finales de agosto de 2022. La Europa de septiembre de 2021 salía de una pandemia –abordada, esta vez sí, con deuda europea conjunta y barra libre de gasto público– y achacaba la escalada de precios al aumento de la demanda de una ciudadanía que ansiaba dejar atrás la crisis sanitaria, social y económica del coronavirus. La Europa de finales de agosto de 2022 acumula seis meses de guerra en Ucrania tras la invasión rusa, una inflación disparada agravada por la crisis energética, una subida histórica de tipos de interés y una perspectiva de escasez por la posibilidad de que Vladímir Putin cierre el grifo del gas en otoño e invierno como respuesta al apoyo de la UE a Ucrania frente a la invasión rusa.

“Vemos que los precios de la energía rompen récord tras récord”, ha dicho este martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la cumbre de Seguridad Energética del Mar Báltico, celebrada en Copenhague: “Las consecuencias para los hogares y las empresas ya no son sostenibles. Y lo que vemos es, sí, una crisis energética, que es principalmente una crisis energética de combustibles fósiles: necesitamos una solución verde contra esta crisis energética de combustibles fósiles”.

La propia Von der Leyen había anunciado 24 horas antes que el Ejecutivo comunitario trabaja “en una intervención de emergencia del mercado eléctrico” y en su “reforma estructural”. Lo primero verá la luz en “semanas”, afirma Bruselas. Para lo segundo, la propuesta de “reforma estructural”, habrá que esperar meses, hasta principios de 2023.

Mientras, el 9 de septiembre, se ha convocado una reunión de urgencia en Bruselas de los ministros de Energía de la UE para abordar la crisis. “Tenemos que escuchar a los Estados miembros”, dice la Comisión Europea, dando a entender que su propuesta no llegará para esa reunión, sino para después, quizá coincidiendo con el discurso de Von der Leyen sobre el Estado de la UE, el 14 de septiembre en el pleno del Parlamento Europeo, en Estrasburgo.

En todo caso, la intención es limitar los precios a corto plazo –como ha ocurrido con la excepción ibérica que afecta a España y Portugal, por ejemplo, con un tope al precio del gas– y luego, a largo plazo, romper el vínculo entre los costes del gas y la electricidad, es decir acabar con la regla básica del mercado marginalista por el que la energía más cara marca el precio de la factura de la luz.

“El verdadero causante del aumento de los precios de la electricidad está en el gas, principalmente en el gas ruso que está siendo manipulado por Putin”, insiste Von der Leyen: “Putin usa el gas como arma. Si se mira el precio de la electricidad, el 94% está compuesto principalmente por el gas”. La presidenta de la Comisión Europea argumentaba en Copenhague: “Debemos abordar el motivo de este aumento del precio de la electricidad, el mecanismo de fijación de precios del mercado de la electricidad. Estamos estudiando una herramienta de emergencia, además de una reforma estructural a largo plazo del mercado de la electricidad. El mercado de la electricidad ya no funciona porque hay un actor, Putin, que intenta sistemáticamente destruirlo y manipularlo. Tenemos que reaccionar a eso. Y por eso estamos abordando la composición del mercado eléctrico”.

“Los precios de la electricidad disparados están exponiendo las limitaciones de nuestro diseño actual del mercado de la electricidad”, había dicho Von der Leyen el lunes en la cumbre Estratégica de Bled, en Eslovenia: “Fue concebido bajo circunstancias completamente diferentes y propósitos completamente diferentes”.

En este impulso político de Bruselas en una dirección insospechada hace 12 meses ha influido el nuevo gobierno alemán –de coalición entre socialistas, verdes y liberales– tras la marcha de Angela Merkel. El vicecanciller Robert Habeck (Verdes), defendió en Bled ante Von der Leyen un impuesto sobre los beneficios excesivos de las empresas de energía como parte de la transición. El propio canciller Olaf Scholz, que suspira por un gasoducto desde la Península Ibérica para desconectarse del gas ruso, llegó a decir: “Miraremos con mucho cuidado qué instrumentos podemos usar para reducir los precios de la electricidad. No es algo que pueda suceder al azar, tiene que funcionar en un sentido técnico, pero obviamente lo que se está estableciendo ahora como el precio de mercado no es un reflejo real de la oferta y la demanda”.

La presidencia checa de turno del Consejo de la UE también negocia una solución antes de la reunión de ministros de energía del 9 de septiembre en Bruselas que pase por desvincular los precios de la electricidad del coste del gas, es decir, limitar los precios del gas utilizado para la generación de energía, según reconoce el ministro de Industria y Comercio checo, Jozef Sikela, quien también se abrió a tratar “la cuestión de los derechos de emisión, como lo han hecho otros estados miembros en el pasado, que también representan una parte importante del precio”.

Los 27 ya han destinado unos 280.000 millones de euros en medidas frente a la crisis energética, según datos de Bloomberg, que incluyen bajadas de impuestos y subsidios para aliviar el del aumento de los precios de la energía en empresas y hogares, pero las ayudas corren el riesgo de verse superadas por la escalada de la crisis.

Los Gobiernos de la UE también han comenzado a limitar el uso de energía, prohibiendo la iluminación exterior de los edificios y limitando los grados del aire acondicionado para cumplir el objetivo voluntario de la UE de reducir la demanda de gas en un 15% –un 7% en España por la insularidad eléctrica–.

El primer ministro belga, Alexander De Croo, ha sido firme: “Deberíamos intervenir porque el coste de la incertidumbre se está volviendo imposible”.

Excepción ibérica para los 27

Bruselas rompe los tabúes de intervenir un mercado tan estratégico como el energético, obligada por las circunstancias y con la presión de que el precio de esta materia prima ya esté disparado en pleno verano, a pesar de que Rusia aún no ha cerrado el grifo. 

La solución ibérica, que funciona en España y Portugal desde el 15 de junio y que ahora se plantea como opción para toda la UE, no ha evitado que se dispare el precio de la luz en estos dos países, pero la clave es que lo ha hecho mucho menos. 

En estos dos meses y medio, el precio de la electricidad que pagan los clientes con tarifa regulada es, en ambos mercados peninsulares, un 36% inferior al que se paga en Francia, más de un 41% menos que en Italia y está un 27% por debajo del que se alcanza en Alemania, según los cálculos realizados por elDiario.es.

Desde ese 15 de junio, el ahorro para los consumidores españoles acogidos a la denominada tarifa regulada del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC) se sitúa, de media, en el 18%, aunque en algunas fechas del mes de julio ha llegado a superar el 30% y en días de agosto ha llegado a rozar el 40%.

Este 31 de agosto, el precio de la electricidad en España y Portugal es de 476,39 euros; mientras que en Francia rebasa los 651,8 euros/MWh; Alemania, los 604,5 e Italia los 612,4 euros.

El tope del gas, por el que los dos Gobiernos ibéricos mantuvieron duras negociaciones en Bruselas, funciona a la hora de mitigar el impacto en la tarifa, pero no es el único aspecto energético que conlleva romper premisas hasta ahora inamovibles en el seno de la Unión. Otra que se resquebraja es la puesta en marcha de una nueva interconexión gasista que conecte España y Francia.

El eje del cambio, de nuevo, ha sido cómo la situación energética derivada de la guerra en Ucrania afecta a Alemania. Este martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y el canciller alemán, Olaf Scholz, se reunieron en el Palacio de Meseberg para hacer pinza e intentar convencer al Gobierno francés de que esta infraestructura es necesaria. España ya había tratado de presionar en los últimos días con un Plan B de interconexión, a través de un gasoducto submarino con Italia, que permitiría el envío de gas licuado desde España a centroeuropa. Esa opción, sin embargo, según los cálculos de Enagás, el gestor de la red gasista española, no estaría operativa hasta 2028.

Con ese calendario, la opción más realista, aunque no se sabe cuánto se tardará en construir ni cuánto costará, es la del gasoducto Midcat, desde Catalunya. Se trata de un proyecto que lleva años encerrado en un cajón porque no sólo no había consenso político para ponerlo en marcha, sino que además los números no salían porque era mucho más barato llevar a centroeuropa gas natural ruso que gas licuado procedente de las regasificadoras españolas. Ahora, tras la presión diplomática, Francia parece cambiar de opinión y asume que va a analizar este proyecto. 

La propuesta de Bruselas, “en semanas”

La Comisión Europea está trabajando en dos asuntos diferentes, explican los portavoces comunitarios.

El primero sería “la intervención de emergencia para paliar algunos de los problemas que han surgido en el sector energético ante la agresión de Rusia sobre Ucrania y las interrupciones en las entregas a Europa y el efecto que esto ha tenido sobre los precios en Europa, en particular el gas, y por lo tanto también los precios de la electricidad”.

Y en segundo lugar, “una reforma más estructural del modelo de mercado eléctrico”. Pero, ¿para cuándo? “Ella misma ha dado los plazos, dijo que para la primera propuesta era cuestión de semanas, y que para las reformas más estructurales, habría que esperar para principios del próximo año. Todos reconocemos tanto la gravedad de la situación como la urgencia de la situación. Pero éstas son áreas en las que los Estados miembros tienen competencias muy fuertes, por lo que es extremadamente importante escucharlos. Y en segundo lugar, tenemos mercados muy complejos. Por lo tanto, todo lo que se plantee tiene que reflejar la complejidad del funcionamiento del mercado. Estamos trabajando a toda máquina en estos diferentes asuntos”.

En Bruselas insisten que hace falta “equilibrar la gravedad de la situación y las consecuencias a las que se enfrentan los consumidores y la industria, y, al tiempo, la necesidad de generar propuestas que se adecuen a la complejidad de nuestros mercados energéticos. Es muy importante que nos tomemos el tiempo necesario para presentar propuestas que puedan satisfacer estas dos dimensiones diferentes”.

“Tenemos previsto cambiar el funcionamiento de nuestro modelo para adecuarlo a las circunstancias a las que nos enfrentamos en este momento”, zanjan en Bruselas.

Un cambio de funcionamiento que, hace escasos meses, resultaba impensable en Bruselas y en la mayoría de capitales de la UE.