Víctimas del amianto y sindicatos arremeten contra PSOE y PP por tumbar la exención fiscal de sus ayudas

Asociaciones de víctimas del amianto y los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) han denunciado este jueves el rechazo del Senado a la exención fiscal de las ayudas públicas de compensación para este colectivo, que presentó el PNV en una enmienda a la Ley de Discapacidad y que tumbaron los votos en contra del PSOE y la abstención de la mayoría del PP.

“Para discriminar a trabajadores que perdieron la salud o la vida de manera injusta sí saben ponerse de acuerdo”, ha denunciado CCOO en redes sociales.

“Una actitud tremendamente injusta de los grupos parlamentarios que se abstienen o votan en contra condenando a las víctimas del amianto a un tratamiento diferente en cuanto a las indemnizaciones que deberían percibir”, denuncian también en Salud Laboral de UGT.

Pretendía equiparar a afectados en España y a otras víctimas

La exención fiscal, reclamada por las asociación de víctimas del amianto y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, fue defendida por la senadora del PNV Nerea Ahedo.

“La enmienda solicitaba la exención del IRPF en las indemnizaciones del fondo de compensación de las víctimas del amianto como ya tienen otros colectivos: víctimas del amianto, del VIH, de la talidomida, de los incendios forestales, del accidente ferroviario de Adamuz...”, recuerdan en CCOO.

Además, como recordó la senadora Ahedo, la enmienda pretendía equiparar a las víctimas de toda España, ya que Euskadi y Navarra sí han concedido esta exención fiscal a las ayudas gracias a su autonomía foral.

Asociaciones de víctimas: “Es insólito”

Desde las asociaciones de víctimas del amianto, Jon García denuncia como “insólito” lo sucedido ayer en el Senado y lo que está ocurriendo con la aplicación práctica de este fondo público de compensación para las personas afectadas por este material tóxico.

Por un lado, porque el fondo había gozado de unanimidad política en numerosas mociones y proposiciones no de ley, pero conforme se fue convirtiendo en una realidad ha ido sumando obstáculos. Desde retrasos a su aprobación y creación a los detalles de su puesta en marcha, con un amplio colectivo de personas con derecho a las compensaciones públicas según la ley, pero que no pueden aún solicitarlas por el actual reglamento en vigor.

En el Gobierno justifican este veto temporal por la falta de Presupuestos Generales del Estado, algo que no comparten los sindicatos ni las asociaciones de afectados. De los 25 millones presupuestados para estas ayudas al año, solo se han ejecutado 6,3 millones en el primer año de funcionamiento del fondo, subrayan, por lo que sostienen que no hay un problema de falta de fondos.

Otra de las quejas repetidas de las víctimas y sindicatos ha sido su “escasa cuantía” y, sobre todo, el pago de impuestos que reduce estas en la práctica y que supone un “agravio” comparativo con otras víctimas.

Tras reclamar en multitud de ocasiones cambios al Gobierno, a través del Ministerio de la Seguridad Social, que puso en marcha el fondo, víctimas y sindicatos tocaron la puerta de todos los grupos políticos para tratar de sacar adelante algunos cambios.

PNV presentó dos enmiendas al respecto en la Ley de Discapacidad en el Senado, una con la exención fiscal y otra emplazando al Gobierno a revisar el reglamento en un periodo de tres meses para ampliar los posibles beneficiarios. Ambas fueron rechazadas gracias a la abstención de la mayoría del PP en la Cámara Alta y los votos negativos del PSOE.