El PSOE aprueba derogar la limitación de mandatos para ser presidente de la Junta

El comité regional del PSOE, máximo ámbito de decisión entre congreso y congreso que se celebran cada cuatro años, ha aprobado proponer la derogación de la norma que impide ser presidente de la Junta por más de ocho años, una prohibición que afectaba al actual, Guillermo Fernández Vara, que de esa forma no podría presentarse más a las elecciones.

La disposición va contenida en la reforma que en febrero de 2014 promovió el Partido Popular, entonces en el poder extremeño, de la ley de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y con la abstención entonces del PSOE que estaba en la oposición.

“No podrá ser elegido presidente de la Junta de Extremadura quien ya hubiese ostentado este cargo durante dos mandatos sucesivos, salvo que hayan pasado cuatro años desde la terminación de su mandato y sin que en ningún caso pueda ser elegido quien hubiera ostentado este cargo durante al menos ocho años”, dice la reforma de esa ley, que se aplicaba a partir de ese momento, es decir, no contaban los cuatro años que Vara ya fue presidente entre 2007 y 2011.

Pero como lo fue posteriormente, entre 2015 y 2019, y repetirá hasta 2023, cumpliría esos ocho años de tope.

Motivos

José Antonio González, portavoz regional del PSOE, ha explicado que la decisión se ha tomado tras presentar una moción en ese sentido un grupo de unos 25 militantes, liderados en la iniciativa por la agrupación local del PSOE en Mérida.

Ahora el grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Extremadura lo transformará en propuesta de ley, para reformar el texto de 2014, y eliminar cualquier limitación; tienen mayoría absoluta en la Cámara, 34 diputados de 65, pero intentarán obtener el concurso de algún otro grupo como Ciudadanos o UPE, ya que el PP ya ha dicho que votará en contra.

González asegura que Extremadura es la única comunidad donde existe esa limitación, que consideran va contra la “filosofía” de la democracia, y que podría ser incluso anticonstitucional por afectar a los derechos de una persona a ser elegible.

Son los ciudadanos, añadía, quienes tienen que tener el poder de elegir o no a una persona.