La Ley extremeña LGTBI, un muro de contención ante cualquier veto parental en la educación

El veto de Vox implantado en Murcia tendría poco recorrido en Extremadura, donde la Junta y la comunidad educativa son contrarias a su aplicación. Pero además sería ilegal. La Ley extremeña LGTBI blinda e impide cualquier tipo de obstáculo por parte de los padres para que sus hijos reciban charlas o contenidos educativos sobre diversidad familiar o sexual.

Así lo explica Fundación Triángulo, que piensa que esto no es suficiente y apuesta por medidas concretas para ‘neutralizar’ los discursos del odio y homófobos que aún persisten a título individual en la comunidad educativa. No obstante subraya que cuentan con el respaldo de la mayoría del profesorado, que está de su lado.

Explica que la ley extremeña reconoce la necesidad de abordar desde todos los espacios públicos la diversidad para garantizar la igualdad efectiva, “y ante el más mínimo resquicio de regresión hay que responder desde la administración y también desde la ciudadanía”.

El colectivo LGTBI es una de las entidades que imparte charlas en colegios e institutos sobre diversidad sexual e identidad de género. Apunta a un currículum oculto por el que algunos equipos directivos podrían tener más recelo para tratar los temas de diversidad con la misma naturalidad que se hacía antes por el miedo a la respuesta de las familias.

Dice que puede haber casos en los que la dirección, bajo el precepto de “no meterse en líos”, prefiera no desarrollar ciertos talleres. “Eso ya pasa de ser una solicitud previa a la familia a una censura absoluta, y eso no se puede permitir”, señala Silvia Tostado, presidenta de Triángulo Extremadura.

Campaña ‘Libres y diferentes’

Las entidad ha vuelto a difundir su campaña ‘Libres para ser diferentes’ para promover la necesidad de trabajar desde los espacios educativos formales y no formales, así como los espacios de ocio, contra el Bullying por LGBTIfobia.

Su respuesta al polémico veto parental ha sido mostrar una vez más los testimonios de jóvenes LGTBI de Extremadura que reclaman el derecho de “ser libres para ser diferentes”.

A juicio de la presidenta de Triángulo detrás del denominado 'pin parental' se encuentra un discurso del odio y un acto de censura “entre quienes se creen con la potestad de coartar los derechos de sus hijos”.

“Estamos hablando de cuestiones que vienen recogidas en el propio Estatuto de Extremadura y en la Constitución, y que se refieren a valores como la igualdad, el reconocimiento de la diversidad”. 

Recuerda que la Administración regional, consciente de ello, envió a comienzos de curso una circular a los centros educativos, con anterioridad al debate abierto a causa del caso de Murcia.

En ella trasladaba a las direcciones de los centros los elementos jurídicos que les amparan para el desarrollo curricular específico de estos temas, y que garantizan por tanto que el veto parental no se puede aplicar en la Comunidad.