La Comunidad, en contra del veto parental: “La censura no es admisible en la educación”

Nueve comunidades gobernadas por el PSOE, entre ellas Extremadura, han mostrado su disconformidad frente al veto parental impuesto en Murcia para que los padres puedan impedir que sus hijos reciban charlas o contenidos educativos sobre diversidad familiar o sexual.

El texto ha sido firmado por los responsables de Educación de estas nueve comunidades y muestra su oposición frontal a la medida de Vox, sobre la que señalan que “el veto y la censura no son admisibles en las instituciones educativas”.

De este modo subrayan que los poderes públicos están obligados a proteger el derecho a la educación, recogido en el artículo 27 de la Constitución, y los derechos fundamentales de los menores. Unos derechos entre los que se encuentran el de la información, la libertad ideológica, la libertad de expresión, el de ser oído y escuchado, y los de participación, asociación y reunión.

“El interés superior”

Se trata de un texto publicado por el diario El País, y con el que los consejeros de Educación miran al interés superior del menor y a su preparación para el ejercicio de una ciudadanía activa como “imperativos legales”. Sostienen además que, por ley, la información suministrada a los menores debe ser siempre “veraz, plural y respetuosa con los principios constitucionales”.

A su juicio iniciativas como la prohibición de actividades a los menores, por parte de sus tutores, en el ámbito escolar, como la del llamado 'pin parental', “no tienen cabida en nuestro sistema educativo”.

El papel de los padres

Los consejeros de Educación socialistas – entre ellos la extremeña Esther Gutiérrez-- recuerdan que el cauce participativo de los progenitores reside en las asociaciones de madres y padres del alumnado “que son actores fundamentales y que habilitan un diálogo permanente con el profesorado y las autoridades educativas”.

Y explican que en los colegios e institutos, a través de sus Consejos Escolares y proyectos de centros, la comunidad educativa (profesores, padres y alumnado) acuerda sus programaciones pedagógicas bajo la supervisión de la Inspección “que es la encargada de validarla con criterios científicos y jurídicos”.

“Pretender restar oportunidades de aprendizaje” a los menores impidiendo su participación en actividades con el resto de sus compañeros “les impone una anómala exclusión en horario escolar y atenta contra los derechos de los menores, que los padres, madres y tutores, al igual que el profesorado, están obligados a proteger, por imperativo legal”, remarcan.

“No valen vetos y censuras”

En su opinión “la libertad nunca se puede expresar mediante vetos o censuras” por lo que consideran que quienes respaldan esta medida buscan “polémicas estériles por su nulo recorrido jurídico y pretenden quebrar la convivencia escolar y la cultura del diálogo y la deliberación para imponer un autoritarismo ciego y acrítico”.

“Esgrimen títulos de propiedad sobre los menores negando su condición de sujetos de derecho”, lamentan los consejeros de Educación.

Y concluyen que, como responsables en sus comunidades de proteger y garantizar el derecho a la educación de los menores y sus derechos fundamentales recogidos en la Constitución y en otras leyes vigentes, “los vetos y censuras son absolutamente incompatibles con el fomento del desarrollo de la autonomía y de la independencia de juicio de los menores que es la misión de la educación”.