Recogen firmas a favor del policía local que rescató a una niña menor prostituida
Un 4 de diciembre de 2010, se acaban de cumplir cinco años, el policía municipal de Arroyo de San Serván Pedro Torrado, con ayuda de algún amigo que le cubría las espaldas, entró en una casa del pueblo y rescató a una menor madrileña de 14 años que llevaba varias semanas retenida y obligada a prostituirse con hombres de la localidad.
Fue el principio de las grandes desgracias para él y su familia encabezada por su mujer Antonia Ugalde, que cansada ha empezado una recogida de firmas en internet, en la plataforma change.org, y también camina con folios bajo el brazo por las calles de este pueblo agrícola situado 15 kilómetros al oeste de Mérida.
Ya tiene más de 1.400 firmas en internet, y 800 conseguidas de vecinos entre los 4.200 que componen el censo local.
Las desgracias se incrementaron cuando 20 días después de rescatar a la niña y entregarla a la Guardia Civil, en la mañana de Nochebuena, cuando todas las familias se aprestan a cenar y reír juntas, fue detenido por un presunto delito de revelación de secretos; se le acusaba –el promotor de la denuncia sigue sin saberse quién es- de haber actuado por su cuenta precipitadamente, de haberse servido de documentación interna y oficial en relación a la operación que la Guardia Civil estaba montando para salvar a la menor y detener a los culpables.
Torrado siempre dijo que había actuado de buena fe en vistas de que la operación se demoraba día tras día y la niña seguía sufriendo y corriendo un peligro grave.
Como igualmente sufrió Torrado y su familia aquella Nochebuena, en cuya tarde fue liberado y meses después absuelto de aquella extraña acusación.
Pasaron tres años y medio, y en junio de 2014, el mismo día que la Audiencia Provincial de Badajoz condenaba por los hechos a 12 personas (entre ellos el juez de paz de la localidad), con penas de entre 26 y un año de prisión (fallo que se reiteró un año más tarde), el alcalde de Arroyo Juan Moreno ordenó un cambio en el puesto de trabajo del policía local Pedro Torrado, que ya en segunda actividad realizaba funciones administrativas en la jefatura policial.
Según la queja que formula su mujer en change.org, fue destinado a la casa de la cultura de Arroyo de San Serván: “Sin uniforme, a estar de pie todo el día en el hall, sin despacho personal, sin teléfono, sin medios materiales algunos y sin nada que hacer, ya que allí nadie acude a resolver problemas administrativos, esa situación ha sido conocida por todo el pueblo, provocando un deterioro en su estado de salud y su baja médica”.
“Se siente un inútil”
Antonia Ugalde ha intentado solucionar esta situación laboral de “castigo” y su situación médica con el Ayuntamiento “pero me ha resultado imposible, al parecer, cuando se recupere tendrá que volver a la Casa de la Cultura; esto es un pueblo de poco más de 4000 habitantes, a la Casa de la Cultura nadie va a efectuar ninguna gestión y yo no quiero que vuelva a enfermar por sentirse un inútil”.
Ella encabeza esta petición popular dirigida al pleno municipal para que Pedro José Torrado Villa vuelva a las oficinas de la policía local del Ayuntamiento de Arroyo de San Serván “a ejercer sus funciones para que recupere su dignidad”.
La situación se mantiene con el actual alcalde también socialista Eugenio Moreno, con quien el diarioex no ha podido contactar para que explique lo que ocurre.
Sí se dispone, a través de la red social Facebook, de la posición de la agrupación local del PSOE en Arroyo según la cual la familia Torrado-Ugalde estaría mintiendo: “El de luchar por conseguir una causa, es un derecho, pero el de mentir a la ciudadanía y sobre todo a los arroyanos/as no es de justicia, eso se llama ENGAÑO a los arroyanos, de todas formas, en lo sucedido siempre hay dos versiones ¿no?, pues en breve también será informado el pueblo de Arroyo con documentación para que sepan la verdad, con documentación real de la secretaria de nuestro ayuntamiento, y puedan conocer la auténtica realidad de esta reivindicación falsa por supuesto”.
La familia y los defensores del policía se preguntan, y lo hacen públicamente desde hace años, qué ha hecho de malo para primero ser denunciado y luego recibir ese trato. Lo cierto es que con aquella intervención de diciembre de 2010 se pusieron al descubierto conductas muy reprobables de vecinos del pueblo –uno de ellos se suicidó a consecuencia de ello-, recogidas parcialmente en la sentencia.
