¿Debe intervenir (más) el Estado en la economía?
Si para algo ha servido la reciente crisis económica ha sido para cuestionar algunas de las afirmaciones que, hasta antes de su aparición, nos vendían como incuestionables los defensores del modelo económico dominante.
Una de ellas y, posiblemente, la más extendida es la obstinación neoliberal por la no intervención del sector público en la economía y la eliminación de cualquier tipo de legislación que establezca trabas al libre mercado.
Aunque este grado de intervención en los asuntos económicos es muy diferente dependiendo del país en el que nos encontremos, es sobradamente conocido que ningún Estado se ha llegado a plantear seriamente la renuncia total a las herramientas que la política económica pone a su alcance.
Ordenación de los tributos, utilización de instrumentos monetarios, regulación de salarios públicos o participación directa en el mercado, son algunas de las múltiples herramientas de las que la política económica dota a un gobierno para alcanzar unos objetivos concretos.
Así, la pregunta que conviene hacerse es cuáles han de ser esos objetivos, es decir, qué debe buscar un estado al participar en la economía. Y es aquí cuando aparecen los diferentes criterios de cada una de las escuelas económicas, o lo que es lo mismo, es cuando entra en juego la ideología.
Parece evidente -o al menos la lógica así lo dice- que el papel de cualquier gobierno ha de ser tomar aquellas medidas que contribuyan a una mejora de la vida de sus gentes. Y son los países con mayor equiparación de rentas los que la estadística considera como aquellos donde el nivel de vida es mayor.
Es el caso de Noruega, país con mayor IDH del planeta y nada sospechoso de estar gobernado por peligrosos bolcheviques. En la economía noruega el estado participa en sectores clave del país como el energético, el financiero o el de las telecomunicaciones. A su vez la ciudadanía y el empresariado noruego son de los que mayor carga fiscal soporta en todo el mundo, sin que esto suponga, ni mucho menos una merma al poder adquisitivo del ciudadano noruego medio. El resultado de estas políticas es un constante crecimiento económico, aun en tiempos de crisis, y una tasa de desempleo de entorno a un 3%.
Otro ejemplo de cómo una adecuada política monetaria puede influir muy positivamente en la vida de la ciudadanía es el caso de Dakota del Norte. En este Estado norteamericano existe una banca pública encargada de prestar dinero a las empresas y personas radicadas en su territorio “teniendo prohibido invertir fuera del Estado y practicar comportamientos especulativos” Vicenç Navarro (2011). La banca
pública es mejor que la banca privada: el caso de EEUU. Revista digital Sistema. 14 de Octubre de 2011.
Los datos económicos hablan por sí solos: Dakota del Norte es el Estado de los EE.UU. donde menos tasa de desempleo existe y donde el salario medio es más elevado.
Pero no hace falta irse tan lejos para ver este tipo de ejemplos. A pesar de las trabas que la construcción neoliberal de la Unión Europea ha establecido, muchos estados miembros siguen contado –muchas veces pese a sanciones de la propia UE- de medidas de política económica para defender los intereses que les son propios. Es el caso de las ayudas del gobierno español a los astilleros o del mantenimiento de la amplia red de bancos públicos regionales y municipales en la Alemania de Merkel.
¿Es por tanto necesario que las administraciones públicas intervengan en la economía? No solo es necesario, sino que a día de hoy ningún gobierno se plantea no recurrir a esta posibilidad.
Quizás por esto la pregunta exacta sea: ¿Deben intervenir estas administraciones más en la economía? La respuesta es clara: sí. Sí, y ellos (los líderes de la economía neoliberal) lo saben. Saben que si el estado interviene democratizando las decisiones económicas se reducen las desigualdades sociales, se equiparan las rentas y pueden empezar a perder los privilegios.
Por eso, hoy más que nunca, es fundamental defender el papel del Estado en la economía, un Estado que anteponga los intereses de la ciudadanía frente a los mercados, promocione la economía social y garanticen la inversión pública. Se precisan administraciones públicas que antepongan la defensa de las conquistas sociales ante la especulación de los grandes capitales financieros. En definitiva, necesitamos gobiernos que garanticen, a través de una política económica (más) intervencionista, el mantenimiento y la mejora del bienestar de las personas frente a los intereses de los grandes grupos privados.
Pablo Paz, economista.
@pablopazc
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