El alcalde de Mérida ocultó al Tribunal de Cuentas sus adjudicaciones a la empresa implicada en la operación Púnica
El concejal de Izquierda Unida en Mérida Álvaro Vázquez ha introducido un nuevo elemento de juicio en las adjudicaciones que el alcalde Pedro Acedo realizó a la empresa constructora Dico entre los años 2005 y 2007.
Según IU, el Ayuntamiento de Mérida incumplió su obligación legal de comunicar al Tribunal de Cuentas la información relativa a los contratos adjudicados durante el ejercicio 2006 al grupo Dico.
Hay que recordar que Acedo y su hijo acudieron como invitados a una cacería celebrada en una finca de Toledo en octubre de 2005. En esa cacería, organizada por la trama corrupta implicada en la operación Púnica, estaba el dueño de la empresa constructora Dico. Poco meses después esa empresa constructora comenzó a recibir numerosas adjudicaciones de obras en Mérida por un importe que podría rondar la cifra de 7 millones de euros.
El alcalde no responde
El alcalde Pedro Acedo se ha negado por ahora a responder a las preguntas de eldiarioex, y se ha limitado a difundir un comunicado de prensa defendiendo la legalidad de esas adjudicaciones.
Sin embargo, las afirmaciones de IU dejan en evidencia al regidor de la capital extremeña :“Según consta en el Informe de fiscalización del Sector Público Local, ejercicios 2006, 2007 y 2008, aprobado por la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, publicado en el BOE de 21 de septiembre de 2013, el Ayuntamiento de Mérida no comunicó ningún tipo de información sobre los contratos administrativos relativos al ejercicio 2006, año en el que se adjudicaron algunas de las obras al grupo Dico, y que ha suscitado la polémica sobre la presencia del alcalde de Mérida en una cacería pagada por dicha empresa, cuyos promotores se encuentran en la actualidad imputados en diferentes casos de corrupción”, explica el concejal Álvaro Vázquez.
La formación izquierdista recuerda que según establece el artículo 29.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: “Dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato, para el ejercicio de la función fiscalizadora, deberá remitirse al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma una copia certificada del documento en el que se hubiere formalizado aquél, acompañada de un extracto del expediente del que se derive, siempre que la cuantía del contrato exceda de 600.000 euros, tratándose de obras, concesiones de obras públicas, gestión de servicios públicos y contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado”
Faltan aclaraciones
Desde IU-Mérida, consideren que del mismo modo que no pueden realizarse acusaciones que no puedan probarse, en justa correspondencia, el alcalde de Mérida debe aclarar inmediatamente cuales son las causas que explican estos incumplimientos, que “a falta de una explicación satisfactoria, vienen a consolidar las sospechas de prácticas de corrupción en la actividad del Ayuntamiento de Mérida durante el tiempo al que se refiere los hechos que han desatado la polémica”.
También sigue pidiendo aclaraciones al respecto el ex alcalde Antonio Vélez, que ya ha pedido públicamente la intervención de la fiscalía para que aclare estos hechos.
Además de las obras realizadas por el grupo Dico en la Avenida Reina Sofía, Vélez recuerda que esta constructora realizó el cambio de pavimento en numerosas calles del centro de la Mérida, entre otras. Santa Eulalia, San Salvador, Berzocana… “he hablado con muchos vecinos y la verdad, no se entendía muy bien el porqué de esos cambios de pavimento, parece como si hubiera obsesión por facturar”, recuerda el ex alcalde.
