Juicio a puerta cerrada contra el Campamento Dignidad tras reclamar la renta básica
Sin público ni periodistas. Así se ha celebrado este lunes la primera vista del ‘maratón judicial’ que los miembros del Campamento Dignidad afrontan en las próximas semanas, por reclamar la renta básica o usar unas viviendas a medio construir, de las que al final han tenido que irse por goteras. El laberinto judicial ha hecho que en la misma jornada haya tenido que suspenderse otro juicio contra ellos, por incomparecencia del testigo principal.
La primera de las vistas, en el Palacio de Justicia de Mérida, ha sido contra cuatro activistas del Campamento –uno de ellos el ex coordinador regional de IU, Manuel Cañada—porque en mayo pasado cuando intentaron entregar en la Consejería de Salud y Política Social un escrito, que intentaban registrar para que hubiera constancia, se produjo un forcejeo con las guardias de seguridad del edificio; en el forcejeo hubo unas pequeñas lesiones y dos de los guardias presentaron denuncia a través de su empresa.
“Yo también sufrí lesiones, pero no le di importancia”, aseguraba ayer Cañada. Sin embargo los dos guardias se hicieron con un parte médico de lesiones, y además el forcejeo fue grabado por unas cámaras de seguridad. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Mérida decidió, según los servicios del Palacio de Justicia emeritense, que el juicio se celebrara a puerta cerrada, a pesar de que varios miembros del Campamento Dignidad, de varias ciudades extremeñas, pretendían asistir como público para hacer visible su apoyo a los acusados.
Al final el abogado de éstos pidió la absolución, mientras que el fiscal solicitó para los cuatro multas por un valor total de 582 euros, y además para dos de ellos, los que participaron más directamente en el forcejeo, ocho días de localización permanente para cada uno; la empresa de los guardias de seguridad se sumó a esa petición.
Cañada destacó también ayer, tras lo que calificó de “juicio político”, que aunque los hechos se produjeron en mayo, no fue hasta septiembre, coincidiendo con los escraches que le hicieron al presidente de la Junta, José Antonio Monago, y coordidador regional de IU, Pedro Escobar, cuando les llegó la citación judicial.
Estuvieron en la concentración para apoyarles, los diputados autonómicos del PSOE Isabel Gil Rosiña, Antonio Rodríguez Osuna y Luciano Fernández Gómez, más dirigentes de SIEx como Antonio Vélez, o Podemos.
Un segundo juicio, suspendido
Los activistas del Campamento Dignidad tenían una doble cita con la justicia. La segunda de ella contra tres personas acusadas de un delito de usurpación de las viviendas de Los Álamos de Mérida.
La expectación era máxima, era el primero de los grandes juicios a los que se tendrán que enfrentar en los próximos meses (el siguiente contra los integrantes del campamento que accedieron al centro territorial de TVE en Extremadura mientras se emitía el informativo).
Finalmente la vista oral ha quedado suspendida. El juicio se ha aplazado porque la mercantil Urbasevi, la administración concursal que presentó la acusación particular, no ha acudido a la vista.
El motivo de la suspensión ha sido porque la acusación particular tenía que comparecer al mismo tiempo como testigo, y al no aparecer ha quedado aplazada la vista oral, en la que la Fiscalía mantiene su acusación.
La imputación inicial de la jueza caía sobre 12 personas, aunque dio marcha atrás después de recibir cientos de autoinculpaciones en las que ciudadanos de toda Extremadura se autoinculpaban de haber ocupado también las viviendas. Tanto la acusación particular como la Fiscalía los acusaban de un delito de apropiación indebida de unas viviendas abandonadas y a medio hacer desde 2010. Finalmente es el Ministerio Fiscal el que sigue con su acusación, lo que a juicio del Campamento Dignidad pone de manifiesto que se trata de un juicio político en toda regla.
