Protesta del CSIF en Mérida para exigir retribuciones dignas y plantillas suficientes en la función pública
El CSIF ha organizado una concentración este jueves en Mérida para exigir retribuciones dignas, plantillas suficientes, flexibilidad horaria en jornada de 35 horas y el desbloqueo de la carrera profesional para los empleados públicos en Extremadura.
Este sindicato, indica que los funcionarios “no merecen el trato” de la Junta que sigue sin reflejar en las cuentas regionales para 2019 las partidas destinadas a desbloquear la carrera profesional, entre otras cuestiones que han vuelto a reivindicar frente a las puertas del Servicio Extremeño de Salud, al grito de “Menos Palabras Más Hechos. Recuperemos lo nuestro ¡Ya toca!”
Su presidente regional, Benito Román, ha preguntado a la Junta si en los Presupuestos del próximo año los empleados públicos tendrán la flexibilización horaria de 35 horas, si se desbloqueará la carrera profesional y si las plantillas tendrán los humanos precisos, antes de añadir que en caso de que la respuesta sea negativa están dispuestos a convocar huelga.
Sobre las cuentas regionales para el próximo año, el sindicalista ha aseverado que el Gobierno regional “las vende” como expansivas al decir que suben en 364 millones, a lo que ha agregado que “las palabras suenan muy bien pero tienen que reflejarse en hechos”, recoge Efe.
Acuerdos
En este sentido, Román ha subrayado que CSIF protesta porque “ni las palabras ni los acuerdos” de la Junta se cumplen ahora. Ante lo que ha dirigido las tres preguntas al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, las cual espera que conteste “con un sí o con un no. Es muy fácil”, añade.
Ha resaltado que el sindicato está “harto de tantas palabras y de tantas promesas”, ante lo que ha precisado que si la repuesta es positiva el CSIF “luchará” para que los Presupuestos prosperen pero que si es negativo mantendrá sus actos de protesta “y, si hay que llegar a la huelga, acudirá a la huelga”.
“Los empleados públicos no se merecen el tratamiento que ahora les quiere dar el Gobierno regional en los Presupuestos”, ha explicado Román, que ha agregado que, por ejemplo, la partida destinada a la carrera profesional “sigue congelada” cuando hay un acuerdo para “descongelarla”.
Por su parte, la presidenta autonómica del Sector de la Sanidad de CSIF, Emilia Montero, ha explicado que “no hay voluntad política” para que los empleados de la sanidad pública puedan recuperar la jornada semanal de 35 horas, al contrario del resto de los empleados, a lo que ha añadido que la Ley atañe a todos.
Respuesta de la Junta
También ha dicho que el Proyecto de PGEx presenta un aumento para el SES de 92,5 millones de euros y que “si la Administración dice que no tiene dinero para sus empleados públicos, miente”. A su juicio, los empleados públicos se han convertido en “la hucha de las administraciones públicas” ya que “se congelan” las retribuciones a pesar de que “hay dinero”.
El sindicado acusa de “incumplimiento y ”deslealtad“ a ”los consejeros“ de la Junta hacia, en relación al acuerdo del 20 de junio sobre la mejora de las condiciones laborales y económicas de unos 47.000 empleados públicos. Por su parte, la Junta responde que en la actualidad no puede dar ”respuesta legal“ a lo que pide el sindicato y enmarca la protesta en las elecciones sindicales del próximo mes de diciembre.
Así lo indicaba el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, tras apuntar que tanto los 17.000 funcionarios del SES como del resto de la administración autonómica saben que la Junta “está cumpliendo con lo legalmente establecido”, como es la flexibilización en la aplicación de la 35 horas semanales presenciales “pero no se puede ir a las 35 horas semanales como piden”.
En cuanto, al desbloqueo de la carrera profesional, ha indicado que este proceso “hay que acompasarlo con la disposición de fondos económicos y con la negociación colectiva que se tiene que hacer en las distintas mesas”.
Al respecto, ha añadido que lo que se está pidiendo fue puesto en marcha por la Junta de Andalucía “y hubo que dar marcha atrás porque legalmente no tenía competencias”.
