Luz y taquígrafos para Bankia

Mariano Rajoy, seis meses atrás: «No pienso dar un solo euro público a la banca». Aunque lo grave no es solo esta promesa rota, otra más, sino el precio que va a pagar la sociedad por los abusos y la penosa administración de unos gestores que no solo han arruinado unas instituciones centenarias, sino que han dejado un gran boquete en el bolsillo de todos los ciudadanos. Las cifras marean. Entre el FROB, los créditos casi regalados del BCE y las ayudas directas que ya ha esbozado el Gobierno suman algo más de 80.000 millones de euros públicos, unos 1.700 euros por español. El agujero es tan grande que nos podría tragar. Por comparar, es ocho veces más que el recorte previsto en educación y sanidad.

Lo ocurrido con Bankia es de tal gravedad que el Gobierno debería dar dos pasos: abrir una comisión en el Parlamento donde se aclare la quiebra y ordenar a la fiscalía que investigue si, más allá de las responsabilidades políticas, hay también responsabilidad penal. El dato conocido estos días sobre las cuentas del 2011 –que el auditor externo Deloitte se negó a firmar por estar plagadas de irregularidades– no se puede ventilar sin más.

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