En pleno siglo XXI existe mucha gente aun en Euskadi que tiene dificultades para mantener una temperatura adecuada en su casa durante los meses fríos. La encuesta de necesidades sociales 2014 sobre pobreza, elaborada por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco, refleja dos indicadores a tener en cuenta al respecto. Por un lado, el número de personas que tienen problemas para mantener su hogar a la temperatura adecuada ha alcanzado en 2014 la cifra de 237.526. Por otro, la población afectada por cortes de suministro de servicios en el hogar (incluyendo agua, luz o teléfono) en 2014 ha sido de 38.255. Ese fenómeno ‑que según el anterior informe sufren en distinto grado un 11% de los vascos y vascas‑ es conocido como pobreza energética e implica disponer de dificultades serias o imposibilidad de acceso a la energía en el hogar por carencia de recursos, malas condiciones objetivas de la vivienda o el excesivo precio de los recursos energéticos.
En Euskadi la pobreza energética es un fenómeno relativamente desconocido. Las condiciones climatológicas más benévolas que en otras latitudes, el indudable impacto positivo del consolidado sistema de garantía de ingresos que disponemos o la falta de caracterización de este indicador hasta hace relativamente poco tiempo, ha supuesto una tendencia a categorizar la pobreza energética dentro de la pobreza en general como un elemento para evaluar el riesgo de exclusión social.
La pobreza energética es una cruda realidad, conocida en Europa como 'fuel poverty', y forma parte desde hace décadas de la agenda política de países como el Reino Unido, Irlanda o Bélgica. Esta preocupación ha dado lugar a una primera regulación por parte del Derecho comunitario. Un paso importante para afrontar la lucha contra la pobreza energética han sido, sin duda, las previsiones recogidas en las directivas comunitarias para regular las normas comunes del mercado energético del sector de la electricidad (Directiva 2009/72/CE) y del gas natural (Directiva 2009/73/CE). Estas directivas comunitarias deben darnos la luz de cómo hacer frente a la pobreza energética. Existe una obligación de servicio público que impone garantizar un servicio energético (eléctrico y gasístico) de calidad, a unos precios razonables y que proteja a los consumidores domésticos y, en particular, a los clientes más vulnerables. Una de las medidas que recoge es la prohibición de interrumpir el suministro en periodos críticos, lo que en la práctica implica la imposibilidad de un corte del suministro en épocas de mayor frío invernal.
Hasta la fecha en el Estado Español estas disposiciones han sido parcialmente transpuestas mediante la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que en su artículo 45 tiene en consideración únicamente algunos aspectos relativos a los consumidores vulnerables como es el bono social.
Por ello, resulta necesario un análisis integral de la pobreza energética, para paliar y prevenir sus efectos. Dicho análisis debe integrar las actuales políticas de protección de los consumidores (bono social), políticas sociales (renta de garantía de ingresos y las ayudas de emergencia social) y de vivienda (eficiencia y ahorro energético de las viviendas).
Pese a esas medidas ya existentes, debemos reconocer la imposibilidad real de paliar todos los efectos de la pobreza energética. Los motivos pueden ser diversos. El incremento de la factura eléctrica en los últimos años para el consumidor eléctrico es una realidad innegable. La actual situación del sistema energético, la falta de impulso del autoconsumo o de las energías renovables de uso doméstico han generado una pérdida de oportunidad en esta materia. Asimismo, la crisis ha supuesto un gran inconveniente para abordar las mejoras en las condiciones de eficiencia energética que la normativa urbanística y de vivienda han venido incorporando. Por otro lado, las políticas sociales han mejorado la situación, pero no han evitado las dificultades de algunos colectivos para hacer frente a unas condiciones adecuadas de bienestar energético.
Ante estas situaciones, diversos colectivos como la Asociación de Ciencias Ambientales o la Plataforma por un nuevo modelo energético –en Euskadi, Gure Energia‑ celebran la semana europea de la pobreza energética. Estos colectivos exigen una incorporación de este fenómeno energético en la agenda pública para conocer sus efectos sociales, educativos o en la salud de las personas, en especial, en determinados colectivos, como las personas mayores o la infancia. Con el objeto de dar respuesta a esas propuestas, la institución del Ararteko quiere hacerse eco de la necesidad de establecer una estrategia vasca contra la pobreza energética. La pobreza energética es una cuestión de especial relevancia social que debe ser incorporada al debate social que requiere, con carácter más general, el actual modelo energético, para su transición a un modelo más sostenible.
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