Derecho a techo

Que los desahucios son una lacra y una vergüenza que tenemos que asumir como sociedad parece que es algo que ya no hace falta argumentar. La vivienda es una necesidad básica de las personas de aquí o de China, aunque aquí tenemos asumida una cultura de la propiedad de la vivienda propia que nos ha llevado hasta donde estamos ahora, al goteo de desahucios que no cesa desde que comenzó la crisis. La supuesta recuperación que nos venden desde los partidos mayoritarios no parece que haya llegado a todas esas familias que ya han perdido, o están a punto de hacerlo, su vivienda habitual.

Y ahora en el Parlamento Vasco se va a aprobar una Ley de vivienda que recoge el derecho a tener un hogar como un derecho subjetivo, algo que ha conseguido que los partidos de derechas, tan afectos a los intereses de las entidades bancarias y de las constructoras, se suban por las paredes. Argumentan PP y PNV que la ley es inviable económicamente y que ya existen mecanismos, como la Pensión Complementaria de Vivienda, que ya cubren esa necesidad para quienes disponen de ingresos bajos. Desde el PNV nos advierten que esta consideración de la vivienda como derecho subjetivo va a desencadenar un “efecto llamada” que llenará los barrios de Euskadi de gente proveniente de otros países y territorios. Es la apelación al miedo tan querida a la derecha, el mismo argumento que utilizan quienes hacen campaña activa contra la Renta de Garantía de Ingresos desde el Partido Popular alavés.

Hay que valorar el trabajo de las plataformas de Afectados por la Hipoteca y Stop Desahucios en el impulso de esta ley, que si bien no será la solución a todos los problemas de una cuestión tan compleja como la vivienda, sí que supone sin duda un paso más para garantizar que todas las personas tengan un techo sobre sus cabezas. Sin embargo, el problema de la vivienda no es algo coyuntural, es fruto de un modelo que nos han impuesto, fomentando la propiedad de la vivienda en lugar del alquiler y garantizando por ley el negocio de los bancos y sus créditos hipotecarios. Estamos hablando de un lobby demasiado poderoso para que se profundice significativamente en modificar una situación que les beneficia, aunque afecte a una necesidad tan básica para la ciudadanía. La banca siempre gana, como sucede en los casinos. Y la ley hipotecaria española sigue vigente a pesar de que hasta desde Europa la han calificado como abusiva.

Mientras no se cambie el modelo de raíz, cualquier ley de vivienda no va a ser capaz de garantizar un techo a todo el mundo que lo necesite. Mientras especular con la vivienda salga rentable, siempre habrá quien buscará la forma de hacerlo y perpetuará así un problema de difícil, pero posible solución. Y no hay muchos partidos políticos que se atrevan a plantear modificaciones sustanciales que permitan cambiar el modelo que nos ha traído hasta aquí. La vivienda, al igual que el agua, la electricidad o la recogida de residuos, deberían ser servicios públicos respaldados por el Estado, independientemente de su rentabilidad económica. Y es el Estado, esa entidad a la que cedemos algunos de nuestros derechos para que garantice la cohesión social y el bienestar de la ciudadanía, quien tiene que velar por la adecuada gestión de estos servicios. Eso se tendría que materializar en un parque de vivienda de alquiler social que garantizase que nadie tenga que dormir al raso.

El problema es que se ha construido vivienda mucho más allá de lo necesario, simplemente como forma de especular con un bien tan rentable en el modelo del ladrillazo. Entonces, ¿Qué hacemos con toda esa vivienda vacía? ¿Cómo solucionamos esa paradoja en la que sobran viviendas y aun así hay gente que se queda en la calle? No hay soluciones fáciles a un problema tan complejo. Gravar la vivienda vacía es una solución que se plantea en esta ley, pero no todas las viviendas vacías lo están para especular con su precio. Una buena forma de comenzar es revisando la gestión del parque de alquiler social del Gobierno Vasco, una gestión en la que Alokabide no ha sido precisamente ejemplar. Pero las medidas a tomar en el futuro pasan por romper esa dinámica propiedad de la vivienda - hipoteca bancaria que supone una losa sobre las personas de por vida y que permite que quien no puede afrontar esa deuda acabe en la calle. Y eso es algo que como sociedad no podemos permitir.