¿Existe escuela pública para el Departamento de Educación?

Dos lecturas recientes de diversa procedencia y temática, pero coincidentes temporalmente, me han llevado a cuestionarme la actitud que mantiene el Departamento de Educación del Gobierno Vasco con la enseñanza pública.

Vamos por partes; la primera lectura, la obra de un joven investigador británico, Owen Jones, -“Chavs: la demonización de la clase obrera”- repasa la situación socioeconómica de su país desde los gobiernos de Thatcher hasta el actual de Cameron. El objetivo, sugerir explicaciones sobre la exclusión política y social sufrida por la clase trabajadora en los últimos cuarenta años en Gran Bretaña. En su opinión, la política de la “Dama de hierro”, de persecución indiscriminada a los sindicatos de clase ingleses para justificar la guerra contra el proletariado, encontró un aliado fiel en el nuevo laborismo de T.Blair, obsesionado por convertir el país en el primero en contar con una única clase social, la clase media. Ambas políticas, distantes en el trazo corto, han sido, en opinión del autor muy semejantes en el olvido de los y las trabajadoras, han generado un presente de claro rechazo social hacia amplios colectivos deprimidos, a los que se caricaturiza de vagos, indolentes, sin apego cultural y son responsables del giro conservador que prevalece en ese país, con escasas posibilidades de modificación en el plazo corto.

La segunda lectura, el artículo del profesor Jurjo Torres, “Mercado y Escuela”, (Cuadernos de Pedagogía,nº 445) hace un repaso por las características de las tendencias ideológicas neoconservadoras que han ido incorporándose en todo el mundo como exigencias a los nuevos valores que la escuela pública necesita y que, poco a poco, están introduciéndose también en la española.

La estrategia, no por conocida, deja de sorprender: en un primer momento, los ideólogos neoconservadores (ayudados convenientemente de políticos y medios de comunicación) desprestigian la escuela pública magnificando sus fallos: derroche de medios, falta de rendimiento según estándares privados, baja calidad de servicio a la ciudadanía y acaban concluyendo que su ineficiencia lastra el progreso de la comunidad.

A continuación estos mismos agentes sociales sugieren la solución a los grandes problemas de la escuela pública: abaratamiento de costes, -o en su imposibilidad, nuevo reparto de la financiación pública-, imposición de idearios de centro –que termine con la ineficacia de la pluralidad-, selección de alumnado y familias –que mejore el prestigio de los centros-, ránquines de estudios, materias, centros –que acepten la nueva filosofía y lenguajes tecnocráticos al uso- y guetización para cuantos no cumplan los nuevos parámetros exigidos.

De ambas lecturas parece que emana una idea común: la ideología conservadora, firmemente implantada en los principales gobiernos del mundo occidental, está permitiendo –cuando no acelerando- la llegada de corrientes de pensamiento caracterizadas por la exclusión de lo público, en beneficio del mundo privatizador.

Y la escuela pública vasca, mientras tanto, caminando sobre ascuas para –según dice la Consejera Uriarte- no perder identidad propia, mantener los estándares de calidad actual y esquivar los dardos envenenados que les envía Madrid.

Pues me voy a permitir el atrevimiento de discrepar. Porque a cada afirmación de los dirigentes educativos de Lakua, se les pueden poner demasiados puntos suspensivos. Algunos ejemplos: Cuando La consejera Uriarte nos pide no exagerar nuestro temor a la entrada de ideología ultraconservadora en centros públicos, se olvida señalar que la Fundación Botín que auspicia el programa “Empezar por Educar”-presente ya en, al menos, 4 centros públicos vascos- recoge las enseñanzas de la red de fundaciones “Teach For All” estadounidense, eficiente laboratorio de ideas ultraconservador.

Cuando nos habla de la preocupación del propio Departamento de Educación por la defensa de la Enseñanza pública, se olvidan de indicar que el conflicto abierto en La Baluga (Sopuerta) se va a cerrar en falso, después del compromiso -fallido- de la propia Administración de crear una línea de enseñanza pública en ese municipio.

Cuando se quiere poner seria la Consejera y asegurar que la LOMCE no entrará en Euskadi, está redactando sus propios currículos (Heziberri) al calor de la ley Wert, asignando ciclos en la Educación Primaria coincidentes con las pruebas evaluatorias señaladas en la ley y aceptando sin discusión posible las reválidas de ESO y Bachillero, así como el aumento de peso calificador de la Religión en el currículo.

Cuando la Consejería nos trasmite su confianza en la necesidad de creación de puestos de trabajo fijos, seguros y definitivos para promover el necesario rejuvenecimiento de las plantillas, se escuda en la imposibilidad legal de la tasa de reposición, pero se olvida de que cuando ésta deje de existir (probablemente en 2016) tendrá un serio problema de creación de plazas vacantes para la OPE, si no ha solucionado antes el descomunal problema que suponen más de 1.700 plazas tapadas en comisiones de servicio y más de 800 por serlas a configurar por los centros.

Por último, cuando pretende adularnos como profesorado con la cantinela de que comparten las principales reclamaciones que les hacemos, pero la crisis impone otras prioridades, habrá que recordar al Departamento de Educación que llevamos dos años largos sin convenio por la incapacidad de un equipo gestor que no encuentra elementos que exponer en la negociación colectiva, mientras mantiene con sigilo recortes en muchos ámbitos (sustituciones, ITs, CEPAs, apoyos a la diversidad,…)

Es por ello que conviene ser extremadamente cautos a la hora de señalar la CAPV como terreno libre de influencias conservadoras y privatizadoras en lo que se refiere a la enseñanza pública. Más aún si observamos los compañeros/socios que ha encontrado la Sra. Consejera en este viaje llamado Heziberri.