El pasado 26 de octubre fue un día de movilizaciones en todo el país. La comunidad escolar, convocada por agentes educativos, sociales y algunos politicos colocó el dígito 23 en la casilla de protestas contra la LOMCE. Lejos queda aquel 2012, año en el que se inciaban acciones reivindicativas ante la intrasigencia del Partido Popular para abordar un debate abierto sobre la ley educativa que estaba preparando. Entonces se trataba de obligar al partido en el gobierno a recapacitar ante una decisión unilateral, que inquietaba por igual a docentes, familias y alumnado. Aquella primera protesta se desoyó, como todas las posteriores en estos tres largos años.
Las movilizaciones de la semana pasada, con un elemento central de movilización -la derogación de las reválidas, aprobadas con premeditación y alevosía en plena etapa estival- buscaba básicamente lo mismo de aquella primera vez: paralizar la LOMCE y abrir un periodo de negociación que partiendo del consenso de la comunidad educativa se abriese a la participación política y culminara con la redacción de una nueva ley.
Esta vez han sido más de cuarenta ciudades españolas las que han visto y escuchado por sus calles eslóganes movilizadores. La convocatoria fue heterogénea, incluyendo huelgas o paros parciales en algunas comunidades autónomas –las menos- y manifestaciones numerosas. Si bien es cierto que la paralización de las clases por la huelga convocada a nivel estatal por el Sindicato de Estudiantes y la CONCAPA fue casi total, no debemos pasar por alto que más del ochenta por ciento del profesorado mostraba también la misma falta de apoyo a estas evaluaciones externas previstas en la LOMCE[1], como quedó de manifiesto en las manifestaciones vespertinas. Lo cierto es que estas fueron multitudinarias exigiendo la suspensión definitiva de las reválidas y la aclaración del horizonte universitario del alumnado que está llamando ya a sus puertas.
La jornada reivindicativa mencionada transcurrió la víspera del tercer debate parlamentario de investidura de este año en el Congreso, que busca desatascar la parálisis política del país. Y la prueba de que había sorprendido la respuesta colectiva a la LOMCE del día anterior fue que el propio candidato del PP, Mariano Rajoy, durante su discurso hizo pública su intención de paralizar la aplicación de las reválidas, si era confirmado presidente y si se alcanzaba un pacto de estado por la educación.
La importancia de la noticia hizo que saltase rápidamente a los medios de comunicación, dando cumplida cuenta en redes sociales y generando una falsa sensación causa (26 O)-efecto (declaración de Rajoy), que conviene matizar. No pretendo con ello, colocarme en el pesimismo de quienes mantienen que tenemos LOMCE para rato, pero sí enfriar un tanto ese optimismo irredento de quienes consideran la lucha ya ganada.
Para quienes defienden esta última opción, la declaración del Sr. Rajoy no podía ser otra ya que, pese a la apariencia de imperturbabilidad de la que hace gala siempre este politico, ha acabado por asumir que la ley de Wert carece de apoyo parlamentario y está, consecuentemente, tocada de muerte. Por tanto, el 26 O habría sido la prueba definitiva de que la calle sigue manteniendo el mensaje y de que nuevas movilizaciones aún calentarían más un otoño-invierno que se contempla bullicioso. En este sentido, la paralización de las reválidas sería el punto de arranque de una marcha atrás imparable que acabará con la derogación de la ley.
Sin embargo, hay quienes pensamos que la declaración de Rajoy era una medida muy calculada que implica pocos riegos y que estaba ya incluida entre los compromisos que en verano pactaron PP con Ciudadanos [2]. Conviene detenerse un momento en este acuerdo.
En primer lugar, la medida 78 del Pacto suscrito explica textualmente “…se congelará el calendario de implementación de la LOMCE en todos aquellos aspectos que no hubiesen entrado en vigor”. Conviene recordar, en este sentido, que, pese a haber sido publicado el Real Decreto de Reválidas en verano pasado, el gobierno en funciones tiene de plazo hasta el 30 de noviembre y no ha cumplimentado aún el resto de la normativa que necesita, como la Orden correspondiente y se encuentra con serios problemas para hacerlo, dado que el Consejo Escolar del Estado debe emitir un dictamen precectivo favorable y está incapacitado para hacerlo por insuficiencia de miembros en el órgano asesor. Es decir, que una moratoria de un año para resolver todos los tecnicismos propios de una nueva ley, es un tiempo inmejorable para el gobernante a la hora de organizar posibles incoherencias legales y, a la vez, estar suficientemente preparado para capear los nuevos embates anti-LOMCE.
Además en la declaración parlamentaria del ya nuevo presidente de España, Sr. Rajoy, se incluye una condición temporal para la moratoria de las reválidas: subscribir un pacto educativo, en seis meses, que dé consistencia política a la propia LOMCE (de la que ni PP ni Ciudadanos se plantean su derogación). Este requisito, el nuevo Pacto Educativo (obtenido, según Ciudadanos por su decidida intervención -y quizás no les falte razón, ante el inmovilismo manifestado hasta entonces por el PP-) se articula desde el planteamiento del “Libro Blanco de la Educación”, redactado por el profesor José Antonio Marina y su Fundación Trilema -en vísperas de la campaña electoral del pasado 20D- y que tiene como inevitable inspiradora a la Confederación Española de Centros Educativos. Una CECE obstinada en conseguir un nuevo reparto de la financiación económica entre centros privados y públicos (¿Les suena conocido este pilotaje, este acompañamiento de socios en nuevas leyes, explicado ya en esta tribuna al hablar de Heziberri 2020 por Kristau Eskola y Partaide?)
No se pretende entrar aquí a desmenuzar la propuesta del profesor Marina, aunque apunto la incomodidad de muchos/as docentes inquietos/as ante la propuesta de incluir un Estatuto del profesorado que no contempla negociación alguna con la legítima representación de estos/as trabajadores/as, que son los sindicatos de enseñanza, pero incluye, sin embargo, un completo listado de derechos y deberes para los/as profesionales de la educación.
En última instancia, el pacto entre PP y Ciudadanos añade aún más incertidumbre en una comunidad educativa que sigue sin aceptar los continuos ataques que viene padeciendo desde 2010. En este caso, la afirmación rotunda contenida en la primera propuesta suscrita: “Consideramos fundamental mantener un firme compromiso con la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crceimiento de la Unión Europea”. Y en esos compromisos con Bruselas el gobierno en funciones ya ha asumido la reducción del PIB para gastos de Educación: dejarlo para el año 2017 en el 3,7% (era del 5% en 2009), similar a la inversión en Educación –gasto dice el Gobierno- que se hizo en la década de los noventa, en plena efervescencia de la LOGSE. (Habrá quine recuerde que aquella interesante e innovadora ley falló en un punto crucial par tener éxito: su escasa financiación.
En consecuencia con lo dicho hasta aquí, no encontramos demasiadas razones para el optimismo y tan solo estamos convencidos de que el fin de la LOMCE vendrá de una acción combinada entre la insistencia moviizadora de la propia comunidad educativa y la firmeza renovadora de los partidos politicos. Aquella, demandando una nueva educación que parta de la equidad, igualdad de oportunidades, la excelencia y la innovación. Las fuerzas políticas que trabajen la futura nueva norma democrática con garantía de continuidad y como razón de Estado, por encima de intereses partidistas.
[1] Monarca, H., Fernández-González, N y Piedrahita, C. Estudio de opinión sobre la Lomce. Base de Datos, Universidad Autónoma Madrid. 2016. Encuesta realizada a más de 6.000 profesoras/es de todo el Estado.
[2]“Los 150 Compromisos para mejorar España”. PP-Ciudadanos, verano, 2016
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