Miguel Delibes ambientó su novela “El disputado voto del señor Cayo” en la España rural de las elecciones constituyentes de 1977. Es un título adecuado para ilustrar el proceso electoral del 28 de abril, cuyo resultado será también histórico, al coincidir con la agonía del bipartidismo. A la incertidumbre de unos resultados imprevisibles, dada la competencia entre cinco fuerzas, sin poder saber si el reparto territorial de escaños favorecerá a la derecha o a la izquierda, con dudas sobre las posibles alianzas de gobierno, se une la probable incidencia en las urnas de las movilizaciones de pensionistas, antaño considerado voto cautivo de posiciones conservadoras.
Desde hace 15 meses, el colectivo de pensionistas advierte: “Si nos roban las pensiones, lo pagarán en las elecciones”. En previsión de que la consigna funcione, los partidos toman posiciones. La derecha blandiendo un discurso catastrofista sobre el sistema público de pensiones, favorable a los intereses privatizadores de la banca. La izquierda con mensajes tranquilizadores sobre la solvencia y la estabilidad de la Seguridad Social.
Las asociaciones de pensionistas con capacidad de movilización no piden el voto para ninguna candidatura. No obstante, publican cuestionarios que han enviado a los partidos, difunden infografías donde valoran la similitud entre sus demandas y las propuestas electorales. Según la Coordinadora Estatal de Pensionistas (COESPE), el programa de Unidas Podemos: “Es sin duda el proyecto que más se ajusta a nuestras peticiones y nuestra tabla reivindicativa, ya que recoge la mayoría de medidas positivas en materia de pensiones como: revalorización con el IPC anual, posibilidad de garantizarlo en la CE, derogar el Factor de Sostenibilidad”.
Respecto a las diversas fuerzas políticas de ámbito estatal, la sintonía de los colectivos de pensionistas con el “trío de Colón” va de nula a negativa, siendo notable en el caso del PSOE y alta en relación a Unidas Podemos. Pero claro, como las ofertas electorales no tienen carácter de contrato social, el compromiso real depende al menos de dos factores: 1) gobierno monocolor o de coalición, 2) incidencia de los grupos de presión en el programa de gobierno.
Según los sondeos, la fuerza más votada será el PSOE, aunque sin representación suficiente para gobernar en solitario. Vista su trayectoria previa, podría pactar a derecha (Ciudadanos) e izquierda (unidas Podemos), con la consiguiente incidencia sobre la fiscalidad y el gasto público, que favorecen o condicionan las políticas sociales y el estado de bienestar. A los poderes fácticos habituales (IBEX 35 y medios de comunicación) en esta ocasión se une el poder de la calle, representado por el movimiento de pensionistas, además del feminista. Pronto se sabrá quién ha logrado más votos, pero las urnas no despejarán todas las dudas. Influirán negociaciones entre partidos, poderes en la sombra y movilizaciones ciudadanas, en particular de pensionistas reclamando: “Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”.
El colectivo de pensionistas representa cerca de la cuarta parte del censo electoral y constituye la categoría social menos abstencionista. En un proceso electoral tan incierto, si un porcentaje significativo de pensionistas cambiase de papeleta, su influjo sería determinante. El equipo de campaña del PSOE maneja esos datos para intentar arrebatar al PP la supremacía del voto del Imserso y el Sintrom, poniendo en boca de Pedro Sánchez, además de promesas incumplidas durante su corto mandato, proyectos de auténtico alcance socialdemócrata.
En los actos electorales y través de la prensa, Sánchez ha hecho un análisis correcto de la problemática que afecta a las pensiones públicas, declarando que las dificultades financieras de la Seguridad Social no tienen que ver con el gasto, sino con la falta de ingresos. Asimismo, reconoce que en España el gasto social de PIB es 5 puntos inferior al resto de la eurozona y la presión fiscal está 7 puntos por debajo. Es un diagnóstico certero que coincide con el de las asociaciones de pensionistas. También confluyen sus propuestas, teniendo siempre en cuenta que se plantean en un contexto de campaña electoral.
Sánchez se ha comprometido, al igual que Unidas Podemos, a blindar en la Constitución el carácter público del sistema de pensiones, su sostenibilidad financiera y la revalorización de las pensiones. También admite que el SMI podría servir de referencia para fijar las cuantías mínimas de las pensiones. Esas ofertas recogen la esencia de las demandas del movimiento de pensionistas. Pero claro, son declaraciones de intenciones, no un acta notarial. En consecuencia, no se plegarán las pancartas, ni se paralizarán las concentraciones semanales.
Sánchez promete, pero le persigue la sombra del 28 de diciembre. Desde antes de llegar al Gobierno se comprometió a anular la congelación encubierta de las pensiones (0,25 %), aprobando el incremento en función del IPC real. También asumió la derogación del factor de sostenibilidad, ese atentado contra las pensiones de futuro establecido de forma unilateral por Mariano Rajoy. Estaba previsto que ambas medidas llegasen al Consejo de Ministras del “día de los inocentes”, pero todavía siguen en vigor.
Las ofertas electorales del PSOE relacionadas con las pensiones tropiezan con su práctica institucional. Durante su breve mandato el Gobierno de Sánchez ha utilizado la fórmula del decreto – ley para impulsar (por exigencia de Unidas Podemos) mejoras de carácter laboral y social, como la subida del SMI a 900 euros, mientras que en materia de pensiones no hay ningún avance significativo. Se ha limitado a aplicar los acuerdos presupuestarios heredados del Gobierno de Rajoy. En el Parlamento Europeo el PSOE facilitó con su abstención el 4 de abril la aprobación del Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales (PEPP). Medida que favorece implantar en el ámbito comunitario productos financieros vinculados a planes de pensiones privados, en beneficio de la banca y en detrimento de las pensiones públicas.
Para los intereses de los pensionistas y del conjunto de la sociedad la fórmula más favorable sería un gobierno de coalición PSOE – UP. El equilibrio entre ambas fuerzas garantizaría unas pensiones dignas, desde hoy y para siempre. Contribuiría al desarrollo social y reduciría las desigualdades. Si Sánchez vuelve a presidir un gobierno monocolor y no cumple sus promesas, el movimiento de pensionistas no se limitará a decir: “Pedro, te está creciendo la nariz”. Se acabaría la tregua y la paciencia. Se pasaría a la acción, puede que utilizando consignas similares a las que contribuyeron a la caída de Rajoy.
*Luis Alejos es sociólogo y pensionista
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