El modelo del régimen general de las pensiones públicas y el método de cotización de los trabajadores autónomos difieren tanto que sus resultados son dispares. El primero está basado en la solidaridad intergeneracional; tiene carencias, pero no se cuestiona. El otro está diseñado para favorecer intereses individuales, imposibilitando confluir en una causa común. La mayor diferencia entre ambos modelos es económica, con notable ventaja para el sector asalariado, pese a sus deficiencias en materias como pensiones mínimas y brecha de género. Siendo la pensión el báculo de la vejez, gobierno y asociaciones acordaron equiparar las cotizaciones del trabajo asalariado y el autónomo. Llegado el momento de aplicar nuevas tarifas, las asociaciones rechazan aumentarlas, el gobierno cede y no se resuelve nada.
El trabajo por cuenta ajena agrupa al conjunto de la clase obrera. El trabajo por cuenta propia es interclasista: incluye desde artesanos de herramientas manuales o pymes, hasta oligarcas propietarios de imperios financieros e industriales. Los autónomos precarios ganan menos que los obreros y no pueden cotizar lo suficiente para generar una pensión digna. No son falsos autónomos. No son asalariados encubiertos. Es gente que intenta ganarse la vida con el traspaso de un bar, la franquicia de una frutería o pagando un alquiler abusivo en una peluquería. En este grupo vulnerable entran los emprendedores; jóvenes en paro con ideas brillantes que, intentando imitar a Bill Gates o Jeff Bezos, con frecuencia se estrellan.
En el lado opuesto están comerciantes y empresarios con negocios prósperos que desprecian las pensiones públicas y cotizan lo menos posible. Prefieren invertir en planes de pensiones privados y aumentar el rendimiento de su negocio especulando en bolsa o en el mercado inmobiliario. Si fuese cierto que 1.500.000 autónomos tienen ingresos inferiores al SMI sus negocios serían ruinosos, quebrarían. La situación de 3.500.000 personas que trabajan por cuenta propia no es comparable, ni asimilable, ni homologable.
El 21 de octubre, Ignacio Escolar exponía en elDiario.es esa situación absurda: “A diferencia de los asalariados, los autónomos son los únicos trabajadores que pueden elegir su cotización. Hasta hace tres años, esa cuota mínima era igual para todos los autónomos, sin importar sus ingresos. La mayoría cotizaba con la cuota más baja. Esto provocó dos efectos indeseados: que los autónomos se jubilen con pensiones más bajas –un 40% menos de media–. Y que, incluso así, su régimen especial sea una de las principales causas del déficit de la Seguridad Social”.
El sistema público de pensiones se basa en un modelo de reparto con caja común, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos priman los intereses privados. El RETA provoca déficit, en tanto que el régimen general llegó a acumular un superávit estimado en 500.000 millones de euros. Ese excedente, que no se dedicó a mejorar las pensiones, lo expropiaron los gobiernos para financiar obras públicas, asistencia sanitaria y pensiones no contributivas. El Tribunal de Cuentas reconoció en 2020 la “deuda histórica” del estado con la Seguridad Social, calculando su importe en 103.690 millones entre 1989 y 2018. Queda pendiente realizar una auditoría desde 1967.
Con las cotizaciones de los autónomos ricos ocurre lo mismo que con la fiscalidad de la clase adinerada. Siempre tienen coladeros legales para no contribuir al reparto de la riqueza y a mantener los servicios públicos. Sin necesidad de llegar al extremo de delinquir con la evasión fiscal, la hacienda pública pone a su disposición mecanismos sobrados para practicar la elusión fiscal: créditos, deducciones, prórrogas, subvenciones, desgravaciones, etc. A falta de una auténtica política fiscal redistributiva, la recaudación recae sobre las rentas salariales, mientras el capital se acumula en grandes fortunas.
Según Europa Press, el 29 octubre la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, declara: “... se están reduciendo las brechas con los asalariados, aunque todavía exista una diferencia de 650 euros al mes entre lo que cobra un autónomo a la hora de jubilarse respecto a lo que percibe un trabajador por cuenta ajena”. Lo cierto es que el gobierno cede a las presiones de las asociaciones del sector, aplazando el acuerdo del 2022, diseñado para equiparar en una década las cotizaciones de autónomos y asalariados.
Con la propuesta actual, declarando rendimientos netos inferiores al SMI, el año próximo se congelan las cuotas del 2025. En el otro extremo, entre 3.620 y 6.000 euros anuales habrá una modesta subida del 2,5%. Además se podrán modificar la base de cotización seis veces en el transcurso del ejercicio. Este repliegue significa que el gobierno no es capaz de establecer un sistema basado en la equidad para resolver las dificultades del autónomo precario y a la vez obligar a cotizar sobre ingresos reales a quienes obtienen beneficios.
En consecuencia, seguirá habiendo pensionistas autónomos que cobran el complemento a mínimos, pagado con cargo a los presupuestos del estado. El caos del RETA se agravará todavía más si se cede a las pretensiones de las mutualidades de la abogacía y de otras profesiones liberales, que pretenden tener buenas pensiones sin haber cotizado. En el ámbito del trabajo asalariado las cotizaciones son fijas y obligatorias. Si se aplicase una regulación similar, con los controles precisos, tampoco habría caos en el sector autónomo. Urge poner freno a la ingeniería financiera, diseñada para defraudar a hacienda y a la seguridad social. La hipocresía, la desigualdad social, plasmada en la novela picaresca del siglo XVI, sigue vigente en la economía del XXI.
En Euskadi hay autónomos con pensiones bajas que no cumplen los requisitos para cobrar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) porque tienen un saneado patrimonio. Por idéntico motivo, las asociaciones de pensionistas que reclaman un complemento específico para equiparar las pensiones mínimas con el SMI deberían advertir que dicho complemento es para personas que malviven con una pensión insuficiente, no para rentistas.
Según el diario francés 'Le Monde', Juan Carlos de Borbón declara en sus memorias, pendientes de publicar: “Soy el único español que no cobra pensión tras casi cuarenta años de servicios”. Miente. Desde que abdicó, hasta fugarse a Emiratos Árabes, durante 6 años estuvo cobrando 200.000 euros anuales. Ahora dispone de los 100 millones de dólares que le regaló el dictador de Arabia Saudí y del inmenso capital procedente de turbios negocios que atesora en paraísos fiscales, a recaudo de la hacienda pública española.
El emérito vive fuera de la ley, con la complicidad de los aparatos del estado, incluyendo los partidos del régimen del 78. Cobra pensión sin trabajar, ni cotizar, pese a la fabulosa asignación de la Casa Real con cargo a las cuentas del estado. Al emérito le supera en patrimonio Amancio Ortega. Entre Inditex y la inmobiliaria Pontegadea ingresa entre 4.000 y 5.000 millones de euros anuales brutos. La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, cotiza como asalariada y tiene planes de pensiones privados. En 2024 añadió 1.339.000 euros, con un total acumulado en fondos de pensiones de 54.731.000 euros.
La moneda de la fortuna tiene otra cara amarga, probando que sin pobres no puede haber ricos. El 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) declaró que 9 millones de personas tienen ingresos inferiores a 1.000 euros mensuales, 12.000 al año. Más de la mitad son pensionistas asalariados o autónomos, el resto trabajadores precarios y parados.
Aunque aumenta la riqueza, la pobreza no cesa. En vez de repartir los frutos del progreso, la oligarquía industrial, financiera y terrateniente, acumula el producto del trabajo ajeno, con beneplácito institucional. Ocurre incluso en el “oasis vasco de bienestar”. Según EUSTAT, casi el 60% de la población, más aún siendo familia monoparental femenina, sobrevive con una renta inferior a la media. En cuanto a personas perceptoras de la RGI, cerca del 50% está en paro, el 25% es pensionista y el 20% tiene un empleo precario.
Estando a punto de enviar este artículo a la redacción, eldiario.es publica el 3 de noviembre un informe sobre el trabajo autónomo que confirma lo expuesto. Algunos datos significativos: el año 2024 los asalariados cubrieron con sus cotizaciones el 88% del gasto en pensiones. Las cuotas de autónomos se quedan en el 48%. Por el contrario, el complemento a mínimos lo cobra el 19% de los asalariados y el 32% de los autónomos. Este párrafo sintetiza lo expuesto en el citado informe del eldiario.es: “... los autónomos generan un importante agujero a las cuentas de la Seguridad Social. Sus cuotas cubren solo la mitad de lo que el sistema gasta en sus pensiones contributivas, una brecha que no existe en el caso de los asalariados”.
En definitiva, tanto las pensiones del régimen general como las del RETA presentan carencias, siendo más acusadas si se trabaja por cuenta propia en condiciones precarias. Las cotizaciones de toda la vida laboral determinan en la jubilación el poder adquisitivo y el nivel de protección ante eventualidades. En el trabajo asalariado, cumpliendo los requisitos precisos, se garantiza la pensión. El empleo autónomo está rodeado de incertidumbres y forma una categoría social que excluye el apoyo mutuo. Si el gobierno de turno fuese capaz de integrar dentro del régimen general al RETA y demás mutualidades laborales (sin perjuicios, ni privilegios) las pensiones serían más justas y la Seguridad Social estaría mejor gestionada, fortaleciendo su sostenibilidad.
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