La pregunta que nunca nos harán

Una vez que ya sabemos la fecha y las preguntas del referéndum catalán, vemos como los diferentes agentes políticos en Euskadi se van posicionando sobre la vía catalana hacia la independencia y sobre su posible traslado a la realidad política vasca. La verdad es que las posiciones no han cambiado mucho: mientras las formaciones nacionalistas vascas observan el proceso con esperanza y con ánimo de tomar un camino similar, los partidos nacionalistas españoles continúan atrincherados en sus posiciones inamovibles: como el balón es nuestro, nosotros ponemos las reglas. La Constitución no permite la consulta y punto final.

También estamos, aunque no se nos vea, los que creemos que las prioridades de la sociedad, sea la vasca, la catalana, la española o la europea, no tienen nada que ver con cambiar bandera y fronteras sin afrontar los retos a los que se enfrenta la humanidad. Esto no quiere decir que estemos contra la hipotética consulta. De hecho, es lo que algunos hemos defendido durante muchos años, como forma de acabar, o al menos de clarificar, el llamado conflicto vasco. El derecho de la ciudadanía a definir el estatus político es un principio democrático clave, pero hay que clarificar muchas cosas antes de introducir una papeleta en la urna.

Cualquiera que tenga unas nociones mínimas de historia sabrá que ni las leyes ni las fronteras son inamovibles. Y también que los movimientos que apelan a los sentimientos, bien sean nacionales o religiosos, esconden intereses económicos o de poder de determinados grupos sociales. No hay más que ver el giro independentista de CiU en Cataluña desde que comenzó la crisis, cuando hasta ese momento había sido, como el PNV, un elemento clave para la gobernabilidad de España, que solamente mantenía un discurso secesionista para consumo interno de su electorado. También es comprensible el recelo de PP y PSOE por cambiar nada del entramado institucional que dominan desde 1978, desde la ley electoral que les favorece hasta la integridad territorial del Estado que dominan. Para ciertas materias la Constitución es inamovible mientras que para otras se puede cambiar en una mañana de agosto o, simplemente, obviarla y gobernar a base de Decretos-Leyes, usando una mayoría absoluta en el Congreso como si fuese un mandato divino.

Por tanto, y volviendo al tema del referéndum, creo que sería necesario plantear ciertas cuestiones antes de formular esas preguntas tal y como se plantean. En primer lugar, ¿quién es el sujeto político que debe decidir el estatus político de un territorio concreto? Yo desconfío de quien habla de pueblo vasco, catalán o español. Y no habla de ciudadanía. Lo del “pueblo” me suena a rancio y a autoritario, a rebaño que hay que guiar para que vaya por el camino correcto. El sujeto político no debería definirse por pertenencia a una nacionalidad, sino que todos los residentes en un territorio deben contar con plenos derechos civiles, políticos y sociales. El concepto decimonónico de nacionalidad ya es inaplicable a una sociedad tan compleja como la nuestra.

Y ahora viene esa pregunta que nunca nos harán: ¿Qué tipo de estado quiere? Al menos a mí me gustaría saber que tipo de estado o qué modelo social me proponen antes de decidirme a votar si quiero que Euskadi sea un estado independiente. Si el modelo va a ser el mismo, si el cambio solamente se va a reflejar en los colores de la bandera o el formato del DNI, lo siento, pero ni voy a molestarme en ir a votar. Antes quiero saber qué alternativas se plantean al modelo que hoy se encuentra en plena crisis y que no garantiza un futuro a las próximas generaciones.

El tiempo delos Estados-nación ha pasado ya. Han sido una herramienta de organización social, como lo fueron en su día las tribus, los reinos feudales o las ciudades-estado. Hoy los problemas son locales y globales y las soluciones deben ser también locales y globales. No hay más que ver como las decisiones en materia económica que nos afectan a todos se toman ya desde Bruselas y no desde Madrid. Y como el Gobierno Central es incapaz de solucionar problemas locales mediante una receta común. Y lo peor de todo: los estados nacionales son el lastre que impide construir una Europa de la ciudadanía, un espacio de convivencia basado en unos principios democráticos comunes que nos sirva como instrumento para encarar los grandes desafíos a los que nos enfrentamos, como el cambio climático y el fin de la era industrial basada en el petróleo barato. Por eso este es el más importante 'derecho a decidir', el que de verdad determinará el futuro de las generaciones venideras.