Denuncian el riesgo de subasta y desahucio de las viviendas de dos familias en Donostia

José Ramón y Mercedes deben doce cuotas de su hipoteca al banco Santander por su piso en Donostia. Los únicos ingresos que entran en casa de esta pareja mayor de 60 años, son 1.228 euros provenientes de una pensión por incapacidad y la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y con la subida del Euribor deben pagar una la cuota de 674,88 euros, que supone el 54,95% de sus ingresos. Son conscientes de que, ante esta situación, el banco puede iniciar una demanda de ejecución hipotecaria para subastarles la vivienda y, después, desahuciarles, pero aspiran a que se les aplique el conocido como Código de Buenas Prácticas del Banco Santander, que contempla una serie de medidas para aquellos deudores que cumplen una serie de requisitos para estar dentro del denominado “umbral de exclusión”, lo que da derecho a reestructurar la deuda hipotecaria y al alquiler en caso de ejecución de la vivienda habitual. No obstante, por el momento, se les han rechazado esas medidas debido a que la cuota resultante de la carencia supone más del 50% de sus ingresos.

Un caso parecido es el que viven José y Narcisa, también mayores de 60, que adquirieron en el año 2007 una vivienda de 43 metros cuadrados por valor de 200.000 euros que a día de hoy no pueden pagar. En su caso, ya tienen instada por el banco una demanda de desahucio en fase de subasta y posterior desahucio. “El precio es superior al establecido por el Ministerio de Transportes para Gipuzkoa en ese periodo, por lo que el Banco Santander les ha denegado las medidas del Código de Buenas Prácticas. Debido a que tienen un procedimiento judicial que se encuentra en fase de subasta, está pendiente de concretarse el valor de tasación de la vivienda para proceder a dicha subasta y, en consecuencia, desahuciarles”, sostienen desde la plataforma Stop Desahucios tras una concentración en la que ambas familias han narrado su situación.

“Es inadmisible que las entidades financieras que fueron las causantes de la burbuja de la crisis del 2008 y de los masivos desahucios, y que fueron rescatadas con dinero público, que han seguido ganando dinero con el negocio de las hipotecas y que, a causa de la subida desorbitada del Euribor en estos dos últimos años empobreciendo a miles de hipotecados con intereses impagables, hayan obtenido los beneficios del siglo”, ha lamentado la portavoz de Stop Desahucios, Rosa García, durante la concentración que ha tenido lugar frente a una de las sedes del banco y ha contado con la participación de concejales y junteros de Elkarrekin (Podemos-IU-Equo-Alianza Verde) y EH Bildu, así como representantes de organizaciones sociales como Steilas, Satorralaia o Caritas.

En este sentido, García ha recordado que el Banco Santander “ha ganado 11.076 millones de euros en 2023 y, solo en este semestre, ha ganado ya 6.059, un 15,6% más”. Además, ha calificado de “inadmisible” que “con estos beneficios, no tenga la voluntad de flexibilizar estos requisitos incumplidos y aceptar las dos carencias”, cuya firma ante notario “supone la retirada de la demanda y de la subasta de la vivienda” de José y Narcisa y la “imposibilidad de iniciar ninguna demanda sobre los impagos” de la de José Ramón y Mercedes.

Desde el Banco Santander confirman a este periódico que “se les ha ofrecido varias opciones” a ambas familias y que siguen “abiertos al diálogo para intentar encontrar una solución” próximamente. “Siempre intentamos dar una solución en este tipo de situaciones y así lo vamos a hacer en esta ocasión”, concluyen.