Educación no permite Secundaria a un colegio privado de Vitoria que imparte Primaria en barracones

El Departamento de Educación ha denegado al colegio privado concertado de Vitoria NClic la autorización para abrir aulas de Secundaria en el curso 2022/2023. Así las cosas, los estudiantes que cursan ahora el último curso de Primaria serán recolocados, en principio, en otro colegio privado concertado, Virgen Niña, de la patronal religiosa CEU (Asociación Católica de Propagandistas, instigadora de una polémica campaña contra el derecho al aborto). Según fuentes de la Administración educativa, el motivo principal del 'no' es que no hay garantías de que pueda llegar a tiempo el edificio “definitivo” prometido, ya que hasta ahora los grupos de Infantil y Primaria estudian en unos barracones ubicados en los terrenos del convento de las Salesas, junto al campus universitario.

NClic, con unos 350 alumnos (40 afectados directamente por estar en sexto de Primaria) está gestionado por la Fundación Arenales y algunos de sus miembros son del Opus Dei, aunque no segrega por sexos como los centros de patronales que son directamente de esta prelatura. Inició su actividad hace unos años y va recibiendo autorizaciones periódicas para que la primera promoción vaya avanzando de curso. Hasta ahora no había habido problemas, pero en enero pidieron ya la licencia para ofertar Secundaria y Educación dijo no. “Cada año se autoriza para el nuevo curso y que vayan abriendo camino. Pero Secundaria es una etapa con otras condiciones y que precisa otros espacios”, explican las fuentes consultadas en Educación.

“En el período de matriculación nos hemos encontrado con que no podíamos matricular alumnos en la ESO”, confirma Alejandro Saurina, director de NClic, que asegura que la decisión de Educación es “cuestionable”. Explica también que la Administración les achaca retrasos en las construcciones cuando también en la red pública se están produciendo incumplimientos y añade que los barrancones, a los que llama “espacios modulares”, son unas instalaciones de calidad, con equipamientos “de última tecnología”.

Entre las familias que han matriculado a sus hijos en el colegio hay división de opiniones. La madre de una estudiante, que explica que se abonan del orden de 400 euros mensuales cuando por ley los centros concertados han de ser gratuitos porque se financian con recursos públicos, asegura que “el problema fundamental es el edificio”. “Me angustia la situación del colegio, con los niños colgados. No vamos a tener Secundaria cuando nos prometieron hasta Bachillerato. Y ahora las instalaciones son de vergüenza”, señala. Otro progenitor opina justamente lo contrario, que el centro “está dando unos resultados académicos y de desarrollo humano notables”, con varios premios recientes. “Es un proyecto educativo muy sólido”, indica. Respecto a las instalaciones, confía en pronto haya una resolución favorable de Educación y también en que el Ayuntamiento dé luz verde a los trámites urbanísticos. En las últimas semanas se han sucedido las reuniones -en algunas ha participado incluso el consejero, Jokin Bildarratz- y el intercambio de comunicaciones.

En este contexto, las fuentes consultadas explican que en los listados provisionales de matriculación los alrededor de 40 estudiantes afectados se repartieron en centros públicos o privados de su elección pero que, cuando llegó la resolución definitiva de Educación, todos ellos fueron adscritos a una nueva línea concertada en Virgen Niña. La distribución de alumnos entre las dos redes ha sido objeto de debate en los recientes trabajos del Parlamento Vasco para la reforma educativa, que ahora se traducirá en una nueva ley autonómica. Euskadi es una excepción en España y en Europa con prácticamente el 50% de su alumnado estudiante en colegios de titularidad privada dado el peso conjunto de centros religiosos, ikastolas y cooperativas.