Euskadi apremia al Estado a rebajar la tarifa de la luz a la industria vasca electrointensiva

El Gobierno vasco está presionando al Gobierno central para conseguir mejores condiciones para la industria electrointensiva y rebajar su tarifa de la luz. En una respuesta parlamentaria remitida por la consejera Arantxa Tapia al parlamentario de PP+Cs, Luis Gordillo, la consejera señala que las regulaciones estatales destinadas a establecer mecanismos de ayuda y compensación para los sectores electrointensivos “son insuficientes en España”. “Sobre todo si los comparamos, por ejemplo, con los competidores europeos de nuestras empresas que cuentan con unos menores costes regulados y mayores mecanismos de ayuda”, señala. En este sentido, considera que las normas estatales hasta ahora aprobadas “no sólo no impulsan la competitividad del sector industrial, sino que suponen un grave lastre que puede poner en riesgo la viabilidad de importantes centros productivos”.

La presión de los precios de la energía ha llevado a varias de estas empresas a paralizar su producción en los últimos meses, como es el caso de Sidenor o de Arcelor Mittal. De hecho, fuentes de esta empresa señalaban este miércoles a elDiario.es/Euskadi que en estos momentos se trabaja con normalidad “pero muy pendientes del precio de la luz” para no trabajar en pérdidas, en una situación que sigue siendo “muy preocupante” y que se ven obligados a analizar día a día.

La consejera cita en su respuesta diversas normativas que perjudican a este tipo de industria, que tiene un gran peso en Euskadi. Entre esas normas señala, por ejemplo el Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula el Estatuto de los consumidores electrointensivos, el mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, o la Circular 3/2020 de la CNMC con su nuevo calendario tarifario. “Toda esta normativa afecta de manera negativa a nuestras empresas electrointensivas”, señala Tapia, en línea con lo defendido por las propias empresas del sector en diversas ocasiones.

Poe ello, destacan que desde el Gobierno vasco “se ha solicitado la revisión de la normativa estatal para evitar que siga dañando la competitividad de nuestra industria electrointensiva”, y se ha presentado un informa con medidas regulatorias para “mejorar la competitividad de los costes eléctricos de los consumidores electrointensivos” y se mantienen contactos “constantes” para trasladar propuestas que ayuden a “frenar” la situación de altos precios energéticos.

Inversión pública vasca en renovables

Además de las propuestas al Gobierno central, el Ejecutivo vasco se compromete a “impulsar el apoyo a las inversiones en eficiencia energética en industria, así como la participación pública vasca en inversiones en plantas de generación eléctrica renovable para ofrecer estas producciones de energía a los sectores productores de Euskadi mediante contratos tipo PPA”. Este tipo de contratos, con precios cerrados a largo plazo, PPA como se les conoce por sus siglas en inglés (Power Purchase Agreement) es una de las principales carencias de las que se queja la industria electroeintensiva vasca. De hecho, la mayoría de ellas, hasta hasta un 80% no tiene contratos cerrados con las compañías eléctricas y está sujeto a los vaivenes del mercado energético, mientras que en otros países como Alemania y Francia las empresas tienen en su mayoría de sus contrato de energía cerrado.

Según detalla el Gobierno vasco en su respuesta, el Ejecutivo solicitó a finales de marzo de 2021 al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la revisión de la normativa estatal para evitar que “siga dañando la competitividad de la industria electrointensiva” y posteriormente también a la ministra de Industria, Comercio y Turismo. En concreto, el Gobierno incide en la necesidad de “diseñar una política de tarifas, costes y medidas fiscales, similares a la existente en países como Alemania y Francia, donde el coste energético resulta más competitivo para su industria”.

Algunas de las medidas planteadas se centran en trabajar en el Estatuto de los consumidores electrointensivos los criterios para asegurar que están representados los sectores realmente intensivos en uso de energía eléctrica y considerados en riesgo de fuga de carbono; que sean más asequibles las “importantes obligaciones” establecidas en el mismo aprovechando las posibilidades que derivan de la normativa europea; impulsar que a nivel europeo se establezcan medidas como el ajuste de carbono en frontera para evitar la pérdida de competitividad con el exterior; considerar a los consumidores electro intensivos como empresas exentas de aportación al Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) en particular a sectores y subsectores que se consideran en riesgo de fuga de carbono; dedicar el 25% de los ingresos de las subastas de derechos de emisión a las compensaciones por CO2 indirecto, conforme permite la Comisión Europea; e incluir un nuevo período tarifario P7 de turno de noche (de 10 de la noche a 7 de la mañana todo el año), junto con un mecanismo que incentive la gestión de la demanda, y traslade a ese período demanda de otros períodos.