Euskadi llega al 1 de julio con los deberes a medias en el endurecimiento del control de los campamentos de verano

La estrategia institucional de responder por tierra, por mar y por aire, con una nueva ley, un nuevo decreto y sanciones administrativas, al caso de la veintena de denuncias de violencia sexual en el campamento de Euskal Udalekuak en Bernedo ha funcionado a medias. De hecho, si la colonia, bajo investigación penal, no se celebrará es exclusivamente porque los organizadores no tienen capacidad efectiva para mantener el alquiler de las instalaciones, mientras que sí operará con normalidad en dos localizaciones de Navarra, Arbaizar y Goñi.

¿Qué ha pasado en los últimos meses? Se cambió la ley autonómica para endurecer los controles de los campamentos de verano. Fue publicada el 18 de junio en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) y, por lo tanto, sí está en vigor. Sin embargo, el 1 de julio llegará en Euskadi sin que esté en vigor el prometido decreto con los mismos objetivos, que actualiza un reglamento de 1985.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto. Dijo el Ejecutivo que se haría antes de que se acabara junio y se ha hecho así. Sin embargo, hay que esperar a su publicación en el BOPV para que entre en vigor, es decir, una vez iniciadas muchas de las actividades programadas. Además, las exigencias de titulaciones o certificaciones para los monitores solamente se exigirán en un 60% este año, en un 70% en 2027 y en un 80% en 2028. Otras medidas sobre ratios de personal, por ejemplo, se demorarán tres meses, es decir, hasta pasada la temporada de verano.

La consejera responsable, Nerea Melgosa, del PNV, ha pedido tranquilidad porque merced al trabajo de cocina con el sector se estaba haciendo la preparación de la campaña estival de 2026 con la previsión de que entraran en vigor los cambios del decreto, dando a entender que muchos ya operarán conforme al nuevo reglamento. De hecho, se publicita que del orden de 300 colonias han operado así.

Ahora bien, la comunicación oficial indica que “las declaraciones responsables” de los organizadores de cara a las actividades de este año “se regirán por el decreto” de 1985. Y es que es inviable cumplir la previsión de que se hagan con al menos un mes de antelación y con margen para la subsanación de posibles problemas antes del inicio efectivo, el nuevo modelo diseñado.

¿Qué busca el decreto? Melgosa ha insistido en que “no va en contra de nadie” ni “pone una diana” contra unas colonias concretas. Insiste en que se buscan “actividades más seguras” y “situar el bienestar de la infancia y la adolescencia”. Se trata de “reforzar” el “modelo vasco” de tiempo libre que, en su “mayoría”, es altamente profesional.

Las medidas pasan también por crear la figura de los inspectores, aunque “ya trabajan”. “Llevan unos meses trabajando”, se garantiza, y se recalca que, en caso de detectar “cualquier situación de riesgo”, informarán de ello “a la Ertzaintza, a URA [Agencia Vasca del Agua], a servicios sociales o al Departamento de Salud”, se indica. Además, se prevé la figura del delegado de “protección a la infancia y a la adolescencia”, una persona de referencia de las entidades organizadoras que, por ejemplo, revisará los certificados de antecedentes por delitos sexuales, ya muy comunes en muchas actividades con menores. El decreto toca también otros ámbitos como el impulso del euskera, el uso responsable de las tecnologías o la integración de la discapacidad.

La otra pata, la tercera, ha sido la foral. La Diputación de Álava, que también tiene competencias en esta materia, aplicó una suspensión de la actividad por tres años y planteó una sanción económica de 9.000 euros. Incluso cerró la apuerta a que otra entidad relacionada con Euskal Udalekua, Dorrekoa y no Sarrea, se subrogara la actividad en fraude de ley.

Sin embargo, Euskal Udalekuak ha conseguido levantar la prohibición con un proceso de cautelares en una sala de lo contencioso-administrativo de Vitoria que cuestiona el expediente foral. Esto ha sucedido en los últimos días y técnicamente permite la celebración de la actividad, aunque no hay margen para ello por diferentes razones logísticas. Ahora, la Diputación presentará alegaciones para salvar su armazón argumental.

En paralelo, la investigación penal iniciada en otro juzgado de Vitoria antes incluso del turno del verano de 2025 no ha emitido ningún tipo de conclusión. Ya suscitó polémica en otoño que algunas de las denuncias fueran previas a la edición de 2025 del campamento y que ni siquiera se analizaran, como denunció la Fiscalía. Pero es que desde entonces la instrucción apenas se ha movido.

La nueva juez responsable es Marta Escudero, que relevó a Álvaro Silván. Sin embargo, ni se ha tomado declaración a las víctimas ni tampoco a los posibles responsables de los hechos denunciados, que son una agresión sexual y, en el resto de supuestos, tocamientos o exhibicionismo. El único 'avance' ha sido la aceptación de la personación de cuatro entidades de ultraderecha, Vox, Hazte Oír, Abogados Cristianos y Manos Limpias, según la Cadena Ser.

Euskal Udalekuak, en estos meses, ha mentenido fuertes apoyos entre quienes sostienen que defiende un modelo transfeminista y que buscar superar la sexualización de los cuerpos. Por el contrario, un grupo de familias han hecho pública una carta en la que lamentan las consecuencias para los menores que sufrieron los hechos presuntamente abusivos que se están investigando. La consejera Melgosa ha insistido en que nadie pone en duda ni la igualdad de género ni la coeducación, pero que sí es importante atajar las “conductas sexistas”.