Euskadi reconocerá “en septiembre” el derecho a la vivienda de 34.000 personas con bajos recursos

El Gobierno vasco tiene previsto aprobar finalmente “en el próximo mes de septiembre” el decreto para desarrollar el derecho subjetivo a la vivienda, pendiente desde 2015. Así lo explica el consejero del ramo, el socialista Iñaki Arriola, en una reciente respuesta a preguntas de la oposición en el Parlamento Vasco, en concreto del representante de Elkarrekin Podemos-IU Íñigo Martínez Zatón. Salvo cambio de última hora, el plan recogido en los primeros borradores de la nueva normativa, adelantados el pasado año por este periódico, pasa por conceder el derecho a la vivienda a al menos 34.000 personas de golpe, que son casi cinco veces más que todos los beneficiarios actuales, 7.659 en abril. Además, se trata de personas con bajos recursos.

¿En qué consiste la iniciativa? El decreto vendrá a unificar todas las prestaciones actuales de ayuda al alquiler. Sin embargo, como la normativa emanada de la ley vasca de vivienda de 2015 es más restrictiva en cuanto a empadronamiento o nacionalidad que otras leyes sociales anteriores, se articulará una pasarela automática temporal para los actuales perceptores de la denominada Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) asociada a la renta de garantía de ingresos y abonada por Lanbide y de las Ayudas de Emergencia Social (AES), de gestión municipal) de modo que nadie se quede sin ayudas. Los primeros, en junio, eran 24.685 y el último dato refleja que las AES destinadas a alquiler son del orden de 10.000 anuales. Si hubiese algún titular del nuevo ingreso mínimo vital (IMV) que no lo fuera de la RGI, también tendría derecho a la vivienda.

La ley vasca de 2015 surgió de un heterogéneo pacto político entre el PSE-EE, entonces en la oposición y promotor de la norma, EH Bildu y UPyD. Es la primera normativa que desarrolla la previsión constitucional del derecho a la vivienda, que no tiene ninguna virtualidad sin respaldo legal. El derecho como tal ya existe en Euskadi, con 7.659 titulares. Se trata de que todos los que reúnan unos requisitos económicos tienen derecho a que la Administración les ofrezca un piso en alquiler adecuado a sus características familiares y de renta tasada. Como ello es imposible en un alto porcentaje (2.253 familias son las que han sido alojados), se diseñó una prestación sustitutiva llamada PEV. Esta ayuda está pensada para facilitar el acceso al mercado libre y se creó con la misma cuantía que el resto de programas sociales preexistentes de apoyo al alquiler. El programa de apoyo al alquiler juvenil Gaztelagun tiene también la misma dotación, 300 euros.

La ley marcaba la necesaria unificación de todos los programas en favor de la PEV, pero pronto afloró el condicionante de que algunos requisitos iban a dejar fuera a importantes colectivos. Un ejemplo: para acogerse a la ley de Vivienda es preciso tener no solamente empadronamiento sino permiso de residencia. No es algo requerido para cobrar otra prestación social como la RGI. La pasarela que se aplicará desde septiembre busca dar la fórmula de que estos grandes colectivos no pierdan derechos con el cambio y, después, una vez ya dentro, habrá otros mecanismos para ir entrando en Etxebide, que es la ventanilla para demandantes de viviendas protegidas.

En Euskadi, la oposición ha venido denunciando los retrasos en el decreto que desarrollará el derecho a la vivienda, que acumulan ya ocho años. En la respuesta parlamentaria a Elkarrekin Podemos-IU, Arriola afirma que “no existe al día de hoy ningún problema para aprobar el citado decreto”, a pesar de que él lleva en el cargo desde 2016, siete de los ocho años. “Se sigue, eso sí, ya en su última fase, el largo y ampliamente informado proceso administrativo de elaboración y tramitación que conducirá, finalmente, a su aprobación y promulgación”, explica el titular de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes.

La aprobación de este decreto coincidirá, en todo caso, con el enfrentamiento interno entre los dos partidos del Gobierno vasco, PNV y PSE-EE, por las políticas de vivienda. La parte nacionalista, que controla los servicios jurídicos, ha impulsado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley estatal, a la que este partido se opuso al entender que invadía competencias autonómicas. Los socialistas, sin embargo, la ven como una “oportunidad”. Es quizás el tensionamiento más importante en el seno de la coalición de lo que va de legislatura.