Vitoria gasta 34.000 euros en el proyecto de derribo del barrio 'okupa' de Errekaleor
La sociedad municipal de Urbanismo de Vitoria, Ensanche XXI, ha aprobado finalmente este miércoles la contratación de una empresa especializada por 34.000 euros más IVA para que redacte en el plazo de un mes el proyecto de derribo del barrio de Errekaleor, 'okupado' desde hace varios años y sin suministro eléctrico desde mayo. Asimismo, este organismo ha reclamado también a la Policía Local que identifique a los residentes en el antiguo barrio de aluvión para obreros llegados de otros puntos de España como Extremadura con el ánimo de preparar también el desalojo previo a la entrada de las máquinas, que en todo caso deberá ser autorizada por el juzgado.
Esta reunión municipal se ha iniciado a las 16.00 horas y ha terminado mientras, en la plaza contigua a la del Ayuntamiento, el colectivo Errekaleor Bizirik ha impulsado una suerte de asamblea para defender una vez más el futuro del proyecto colectivo (de los más importantes de España por duración y volumen) y preparar la respuesta ante la “represión” que entienden que se avecina. “No manejamos plazos. Todo está subordinado a un proceso judicial”, explicaba a los periodistas Jonbe Agirre, portavoz de Errekaleor Bizirik, en torno a las novedades llegadas desde el Gobierno local y que llevan al histórico barrio a la fase final de su existencia.
Agirre ha defendido continuar con el proyecto como se ha hecho desde mayo a esta parte, desde que Iberdrola cortó el suministró eléctrico a requerimiento del Gobierno vasco. Desean demostrar que un espacio “donde hay tantas muestras de vida” no tiene por qué convertirse en un “solar”.
Varios centenares de personas -entre los que se hallaban algunos cargos públicos y un representante del Ararteko- han asistido a la asamblea abierta organizada en la Virgen Blanca. Algunos oradores han criticado que “encorbatados” -en verdad pocos concejales acuden ya a la Casa Consistorial con ese complemento- adopten decisiones contrarias a los intereses del pueblo y han subrayado que “las leyes no se pueden aplicar contra la voluntad mayoritaria”. También se han proferido algunos descalificativos hacia el alcalde de la ciudad, Gorka Urtaran (PNV), y le han recordado que no es arquitecto como para hacer caso omiso a los informes técnicos que se le presentaron y que desmentían que existieran riesgos de seguridad.
