El Parlamento Vasco rechaza generalizar el veto a que las viviendas protegidas pierdan su calificación permanente

El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves una resolución no vinculante que insta al Gobierno de Imanol Pradales, una coalición de PNV y PSE-EE, a modificar la normativa para que, al menos en las zonas tensionadas, como las capitales, las viviendas protegidas previas a 2003 no pierdan su calificación y puedan pasar al mercado libre, con su consiguiente encarecimiento. En puridad, esta medida ya estaba anunciada y previsiblemente se meterá en una disposición adicional de la ley de presupuestos, que se presentará este mes y entrará en vigor el 1 de enero de 2027. Aunque en 2003 se modificó la ley y todas las casas protegidas levantadas desde entonces ya son de calificación permanente, se han perdido unas 55.000 viviendas pagadas con fondos públicos y todavía hay varios miles en riesgo, cerca de 5.000.

La Cámara, en medio de la gran convulsión social por los problemas de la vivienda y por el fallecimiento de Maricarmen Abascal en un hospital a las dos semanas de haber sido desahuciada, ha debatido una iniciativa de Sumar para hacer permanentes las viviendas protegidas previas a 2003. La coalición de izquierdas quería un texto más ambicioso que el aprobado, que no se limitase a las zonas tensionadas, donde ahora reside el 54% de la población, pero no la totalidad. “Si fue promovida como protegida, debe seguir siéndolo siempre y en todo caso. [...] Que nunca entren al mercado libre”, ha defendido Jon Hernández, que ha recordado que un consejero de IU, su partido, fue el que cambió la normativa en 2003, en referencia a Javier Madrazo, que formaba parte del Gobierno de Juan José Ibarretxe. “Las instituciones pueden y deben limitar el derecho de la propiedad”, ha clamado Jon Hernández, el único representante de Sumar en el hemiciclo. Las zonas tensionadas, en principio, se levantan, además, a los tres años de su declaración. Las primeras en Euskadi, decaerán en 2028.

EH Bildu se ha sumado a la propuesta de Sumar, ya que la pérdida de la calificación en pisos destinados a alquiler social puede comportar los desalojos de familias enteras por decenas, según ha dicho. Sin embargo, el texto aprobado ha sido la versión de PNV y PSE-EE. PP y Vox se han opuesto a ambas variantes.

Xabier Astigarraga, de EH Bildu, ha lamentado que estas descalificaciones han hecho que incluso construyendo nuevas casas se haya ido perdiendo oferta disponible con el paso de los años. “Es importante poner soluciones antes de que estallen los problemas”, ha demandado el representante abertzale, que ha citado los precedentes legislativos en este sentido dos comunidades, Catalunya y Navarra. En todo caso, el modelo catalán es más similar a la propuesta que está sobre la mesa para Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. La de Navarra, además, tiene la espada de Damocles del recurso al Tribunal Constitucional anunciado por el PP.

De hecho, el PSE-EE ha deslizado también en el debate que el PP podría hacerlo también con la reforma legislativa vasca, sin que la portavoz 'popular' Ana Morales haya aclarado este extremo. No obstante, ha ironizado que los recursos a los socialistas se los pone el socio, el PNV. Antes del debate, en declaraciones a los medios de comunicación, el consejero socialista de Vivienda, Denis Itxaso, ha señalado que lo ocurrido con Maricarmen Abascal en Madrid no debe quedarse en un “símbolo” sino que ha de motivar “acción” por parte de las instituciones. “Tomando decisiones. Haciendo reformas”, ha indicado, confiando en que todo lo ocurrido sea una “toma de conciencia institucional”.

El portavoz del PNV, Jonatan Moreno, ha aprovechado el debate no tanto para mostar su opinión sobre la reforma legal sino para denunciar que el debate sobre la Vivienda “ha caído en la red de la demagogia” y que hay fuerzas que lo usan para “polarizar” pensando “en las próximas elecciones”. “Lo valiente es quedarse en el centro”, ha reivindicado sobre el PNV, pidiendo también no hacer “enemigo” a los “pequeños propietarios”.

En todo caso, en el debate ha sobrevolado un caso concreto en Euskadi, el de las 510 viviendas de Benta Berri en Donostia, ahora en manos del fondo Blackstone. Se trata de una promoción de alquiler previa a 2003, levantada sobre suelos públicos, y en 2028 perdería la calificación. El Gobierno vasco dice estar negociando para evitar desahucios y la pérdida de patrimonio, pero la reforma legal para blindar las zonas tensiones sí se aplicaría. Moreno ha puesto en valor, igualmente, que el alcalde del PNV, Jon Insausti, también haya garantizado que en su ciudad no habrá desalojos.