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Abrimos una nueva ventana a la información de Extremadura. Nos asomamos a la actividad en torno a un sector como el agrario que representa en torno al 6% del PIB regional.

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Técnicos de salud pública volverán a controlar a los puestos de compra de productos agrícolas

robo aceitunas Alía Cáceres Extremadura

elDiarioex

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La Junta de Extremadura prevé haber aprobado el decreto sobre trazabilidad alimentaria para la próxima campaña de la aceituna mientras que, en lo que queda de la vigente, volverá a mandar a técnicos de Dirección General de Salud Pública a los puestos de compra cuando así lo requiera la Guardia Civil.

El Ejecutivo realiza estas declaraciones después la organización agraria Apag Extremadura Asaja anunciara ayer que la Administración regional realizaría controles, desde hoy, en los puestos de compra, cerrando de este modo una vía de escape a la mercancía robada y evitando su entrada en el canal alimentario.

Estos controles sin embargo no son nuevos y se efectúan siempre a instancias de la Guardia Civil, de modo que cuando así sean requeridos técnicos de salud pública del área de salud correspondiente se desplazarán a los puestos para realizar los controles pertinentes; se intensifican cuando hay protestas por el abuso en el rebusco, o robos a las cosechas.

Precisamente, el papel de la Junta en lo relativo a los robos de aceituna que está sufriendo el campo extremeño en esta campaña está relacionado con sus competencias en materia de salud pública porque, como ha insistido hoy su portavoz, Isabel Gil Rosiña, lo relativo a la presencia de los cuerpos de seguridad es responsabilidad de la Delegación del Gobierno.

Ha resaltado además que la Junta trabaja ya en la redacción de un decreto de trazabilidad alimentaria de todos los productos agrícolas, que obligará a los propietarios de las parcelas a elaborar una documentación sobre su procedencia, que deberán llevarla consigo en el transporte hasta los puntos de venta.

Este decreto “no es un acuerdo de ayer ni fruto de una reunión”, sino del compromiso de la Junta de poner encima de la mesa, en aquella parte que es competencial, “los cambios normativos que se precisen para que ya no en esta campaña -de la aceituna-, sino en la que viene, no encontrarnos con una situación tan difícil como la que nos hemos encontrado en estos momentos”, ha añadido Gil Rosiña.

Asimismo, ha vuelto a reclamar al Gobierno central un incremento de los efectivos de la Guardia Civil para reforzar la vigilancia en las explotaciones, y ha recordado la propuesta que con este misma reivindicación ha registrado el Grupo Socialista en el Congreso.

La mina

Por otra parte, respecto a las gestiones para evitar el anunciado cierre de la mina de Aguablanca de Monesterio, la portavoz regional ha informado de que la Junta sigue manteniendo reuniones “discretas”, tanto a nivel empresarial como institucional, para concienciar a la empresa sobre la necesidad de que continúe con la actividad hasta 2018 y para velar por el mantenimiento de los 400 puestos de trabajo afectados.

Y sobre la agresión por violencia machista sufrida por una joven el pasado viernes en Plasencia durante las celebraciones del Carnaval, ha aseverado que queda “mucho” trabajo por hacer para prevenir la violencia de género y “recuperar lo perdido en los últimos años”,

Asimismo, ha aseverado que el próximo Gobierno de la nación está obligado a poner en marcha, “de una vez por todas”, un pacto de Estado contra la violencia de género para “que más allá de quien gobierne, se evite que maten a las mujeres”.

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