La Unión Extremadura ha pedido la ampliación del plazo de solicitud de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) hasta el 15 de mayo por los problemas informáticos de la Administración regional.
El plazo que establece la orden de 24 de enero de 2019 comenzó el pasado 1 de febrero y se mantenía hasta el 30 de abril.
En este período más de 55.000 beneficiarios de estas ayudas deben hacer la solicitud a través de un programa informático elaborado por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
Aunque el plazo comenzó el 1 de febrero, la realidad es que hasta la primera quincena de marzo el programa no ha empezado a funcionar con regularidad y por lo tanto hasta esta fecha no ha sido posible comenzar a formalizar las solicitudes, asegura La Unión en un comunicado.
El 8 de abril la Consejería hizo un llamamiento a las entidades homologadas para hacer este trámite para que se agilizase el ritmo de solicitudes, ya que a falta de 22 días para la finalización del plazo apenas se lleva registradas la mitad de las peticiones, y se comprometía a que la aplicación informática estaría funcionando a pleno rendimiento.
Sin embargo, “como en otras ocasiones, la Consejería ha vuelto a demostrar que una cosa son sus afirmaciones y otra distinta es la realidad”, ha criticado esta organización.
La aplicación informática se ha vuelto a “colgar” y, según La Unión, no funciona desde hace “más de 48 horas”, cuando apenas quedan 20 días para finalizar el plazo estipulado.
“No es admisible que de 90 días para realizar un trámite, más de la mitad de este tiempo no funcione la aplicación informática, esto es sustraer a los beneficiarios los plazos reglamentarios para su gestión”, ha denunciado.
Ante esta situación, ha solicitado a la Consejería la ampliación del plazo hasta el 15 de mayo para realizar las solicitudes de ayudas de pago básico y otras asimiladas, ya que si no se amplía se corre el riesgo de que queden sin solicitarse un número importante de solicitudes.
En caso de negase, La Unión ha advertido de que se vería obligada a denunciar estas “irregularidades” ante la Comisión Europea.
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