A la web de transparencia de la Asamblea de Extremadura le falta la mitad del contenido
La transparencia política en Extremadura está poco clara. Especialmente en lo que respecta al Parlamento autonómico, y en el aspecto en el que precisamente los ciudadanos piden más datos, que es en el uso del dinero público. En el apartado de transparencia de la web de ese Parlamento, la mitad de la información económico-financiera, o la de contrataciones, está en blanco, vacía, usted pincha en el enlace y no obtiene respuesta.
Como tampoco ha obtenido respuesta hasta el momento la pregunta de este diario a la Asamblea que preside Fernando Manzano (PP), de por qué esos apartados continúan inactivos dos años después de que se aprobase en la región una Ley de Gobierno Abierto, que pretendía abrir las ventanas y las cajas fuertes de las instituciones autonómicas.
En el último informe sobre transparencia de los organismos regionales españoles, la Asamblea quedó entre los parlamentos en séptimo lugar, con una puntuación de 72 sobre 100; sacaba especial buena nota en la información que facilita sobre su funcionamiento, o en sus relaciones con la sociedad y los ciudadanos, pero otra cosa es cuando estos últimos quieren husmear en las cuentas.
En ese aspecto la puntuación es de sólo 22 sobre 100, y ocupa el decimocuarto lugar entre los 17 parlamentos autonómicos.
Enlaces como el informe económico anual (cuenta general), los informes de auditoría interna si es que los hay, gastos hechos por los grupos parlamentarios, dietas recibidas por los diputados, gastos en su protección social (seguros, pensiones, jubilaciones), o las compras y suministros más importantes y quiénes son los proveedores, permanecen en gris e inactivos, sin contenido, en la web de la Asamblea.
Aunque la Ley de Gobierno Abierto de Extremadura no lo contemplaba específicamente, el diputado de IU en funciones, Víctor Casco, recuerda que los grupos políticos llegaron a un acuerdo con la Mesa de la Cámara para que todos los diputados presentaran, y se publicaran, sus declaraciones de la renta.
Pero no se ha hecho, y Casco sospecha que “es por alguien del gobierno regional, que no la ha presentado, y no quiere que se publiquen las declaraciones, y se eche en falta la suya”. En su opinión este incumplimiento del acuerdo es “una barbaridad”, culpa de “quienes no quieren dar a conocer sus datos y con ello no alimentan más que la sospecha de los ciudadanos”.
Casco publicó su declaración, y también la han hecho los diputados socialistas en la web del partido, “pero toda la información debería ser oficial y obligatoria, y recogida en el portal de la Asamblea”.
Ley en papel mojado
El diputado cacereño de IU fue uno de los ponentes de la Ley de Gobierno Abierto de Extremadura. Dos años después señala que “la mitad no se ha cumplido, y del apartado de participación ciudadana no se ha cumplido absolutamente nada”. Ni se ha creado, como puntos principales un consejo consultivo ciudadano con capacidad de interlocución con las administraciones, ni se ha regulado la capacidad de iniciativa legislativa popular con 10.000 firmas, ni tampoco esos debates anuales en los medios de comunicación públicos con los portavoces de los grupos parlamentarios.
La Junta cumple como institución algo mejor que la Asamblea las normas y recomendaciones de transparencia, y en ese apartado de facilitar la información económico financiera alcanza una puntuación de 46,2 sobre 100 (el Parlamento era 22).
En los últimos cinco años la Junta ha mejorado su valoración general en cuatro puntos, pero es un muy mal dato al ver que la media nacional se ha elevado en 17 puntos.
