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La Audiencia Provincial archiva una denuncia contra el alcalde de Plasencia por los chalés de Santa Bárbara

Fernando Pizarro

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El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, cree que se ha hecho justicia con la decisión de la Audiencia Provincial de Cáceres de archivar la causa abierta contra él, por un supuesto delito de prevaricación administrativa ante la existencia de viviendas ilegales en la sierra de Santa Bárbara.

Ha comparecido en rueda de prensa para valorar la decisión de la Audiencia, que ha desestimado el recurso interpuesto por una vecina de la localidad contra el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Plasencia en fecha 10 de septiembre de 2019.

En dicho auto se acordó el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones, que se iniciaron por una denuncia presentada por la citada vecina y en las que figuraba como investigado el alcalde placentino por presunto delito de prevaricación, auto que consideraba que no existían indicios suficientes a propósito de los hechos denunciados.

Denuncias entre adversarios políticos

Pizarro califica de “regalo” el que la Audiencia haya ratificado el archivo “de una denuncia de carácter personal y política”, de la que acusa a los dirigentes de Cs Victoria Domínguez y el exconcejal Juan Carlos Hernández.

Un alcalde, el placentino, que en su día y en nombre del Ayuntamiento promovió a su vez denuncias por el mismo asunto contra Domínguez, que fueron finalmente desestimadas por los tribunales. Por otro lado Hernández, de forma incomprensible para algunos, y tras haber realizado según fuentes políticas locales de izquierda “la única oposición real” en la pasada legislatura 2015-2019 contra Pizarro, fue apartado por su partido, Ciudadanos, de la candidatura municipal para mayo del año pasado.

Declarar como investigado, señala ahora Pizarro, “no es nada agradable, sobre todo cuando el trasfondo era, como todos sabemos, más personal y político que verdaderamente objetivo desde el punto de vista judicial”, asegura.

A su juicio, con la sentencia de la Audiencia Provincial entiende que “se ha hecho justicia” porque ratifica todo lo dicho por el Juzgado y constata que no solo no ha cometido ningún delito sino que se han hecho las cosas bien en una materia tan complicada como es la urbanística “y que se ha actuado de una manera responsable”.

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