Campamentos Dignidad piden a la Junta que depure a los responsables de la política de vivienda

Sentados en las butacas que habitualmente ocupan los periodistas en la sala de prensa de la Junta en Mérida, una quincena de activistas de los Campamentos Dignidad explicaron el viernes a dirigentes del nuevo gobierno regional los problemas en materia de desempleo, penurias económicas, o falta de vivienda, que abrasan a los extremeños más castigados por la crisis. Frente a ellos se sentaba entre otros el nuevo presidente, Fernández Vara, que había dejado el estrado de comparecencias y bajado un par de escalones para, desde otra silla, escuchar tanta reclamación.

Las mayores exigencias parecieron centrarse en la renta básica. La portavoz del gobierno Isabel Rosiña, la diputada socialista Isabel Moreno, y sobre todo el consejero de Sanidad y Política Social, José Vergeles, escucharon cómo los Campamentos les dan de plazo hasta el 15 de agosto para que el nuevo Ejecutivo haga efectivo el pago de casi 10.000 rentas que están sin abonar según el activista Manuel Cañada.

“Son quince días más de los que íbamos a darles en principio”.

21.000 en situación desconocida

Los datos oficiales facilitados ese mismo día por la Junta hablan de que hasta el momento se han presentado 35.522 peticiones de renta básica, y 14.682 tienen resolución favorable “pero nosotros calculamos que no se están pagando realmente más de cinco mil”, estima Cañada.

Además antes de fin de año tiene que aclararse la situación de las casi 21.000 que carecen de resolución favorable. “Puede que estén duplicadas, incompletas, lo que sea pero la gente tiene que saber qué pasa.

Junta y Campamentos quedaron de acuerdo en celebrar cada dos semanas una reunión de seguimiento de la renta, y hablaron sobre en cambio en la ley de la misma para el año que viene, que incluya un cambio “radical” en el concepto de esa paga social. “¿Sabéis lo primero que se encuentra un solicitante?”, preguntó Cañada.“Pues un guardia de seguridad, es un guardia de seguridad el que da los números, cosa que no pasa en ningún otro servicio”.

Vivienda

En la reunión estuvieron participantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, de Badajoz. Las propuestas a la Junta en esta materia fueron prohibir que haya desahucios de la vivienda habitual por motivos económicos; la retirada de los 1.350 expedientes de desahucio en viviendas sociales; regularizar ocupaciones, o la “depuración” de los cargos de la Junta responsables de la política de vivienda llevada hasta el momento.

“No puede quedar”, reclama Cañada, “nadie que haya participado en esa política encanallada”.

Dado que en los próximos días vendrán a la región dirigentes del banco ‘malo’, la Sareb, propietaria de 1.500 viviendas en Extremadura, los Campamentos han urgido a negociar con ellos su puesta a disposición como alquileres sociales, así como una solución en particular para las corralas de Almendralejo y Mérida, en inmuebles de ese banco.

Plan de Empleo

La Junta, con las diputaciones, prepara un Plan de Empleo “público y social”, en cuyo diseño quieren participar los Campamentos, y con quienes la Junta quedó en dar datos por municipios. Prohibición de horas extras, o creación de puestos en sanidad, educación, dependencia, guarderías, o reforestación, son ideas que Cañada y sus compañeros dieron.

Este último asegura que serán igual de exigentes con este gobierno que con el anterior, “al que por cierto le pedimos a Monago una reunión seis veces y nunca nos recibió”.