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Los contratos públicos se dividen en lotes más pequeños para dar entrada a las pymes de la región

Isabel Gil Rosiña, portavoz del Gobierno extremeño

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La Junta de Extremadura dividirá sus contratos públicos en lotes de menor importe para que puedan adjudicárselos las pequeñas y medianas empresas de la región, que poco tienen que hacer normalmente frente a grandes grupos nacionales en contrataciones de mayor volumen a las que ellas no pueden hacer frente.

Se trata de que el dinero de los extremeños se quede dentro de lo posible en Extremadura, usando ese volumen financiero público para ayudar a “orientar y cambiar” la política económica regional, ha explicado este martes la portavoz del Ejecutivo autonómico, Isabel Gil Rosiña.

A tal efecto se ha aprobado hoy en el Consejo de Gobierno unas normas –“instrucción”- para avanzar en la aplicación de la cláusula social, bajo cuyo nombre aparece la idea de conservar para la región las plusvalías que grandes empresas exteriores se han llevado en los últimos años merced a la contratación pública autonómica extremeña, y que esas plusvalías se traduzcan en que las empresas de la región, ahora adjudicatarias, vuelquen ese margen económico en mejores condiciones laborales para sus empleados, con acento especial en medidas de igualdad y conciliación con la familia, de las que las principales beneficiarias serían las trabajadoras.

Esa extracción económica que hacían en la región las grandes empresas nacionales provocaba además que empeorara la calidad del servicio público según la Junta.

Para ello la portavoz Gil Rosiña ha avanzado que esa instrucción contempla la división de los contratos por lotes, dentro del margen que permita la Ley de Contratación Pública.

La nueva normativa, que encontrará fuerza legal en la Ley de Presupuestos de Extremadura 2016 si finalmente se aprueba, responde a cuatro motivos: acceso de las pymes, que son el 98% del empresariado de la región, y que verán disminuir la documentación a presentar; aumento de calidad en el empleo; disminuir el consumo de recursos naturales y energía, y fomentar la igualdad porque se exigirá la contratación de mujeres en puestos de responsabilidad entre otras medidas.

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