Cuestión de prioridades
Los cuatro años de Gobierno del Partido Popular han supuesto para nuestro país un período triste y gris, marcado por significativos retrocesos en los derechos sociales que fueron conquistados a lo largo de las tres décadas anteriores.
La derecha ha utilizado la crisis como coartada para ejecutar reformas con un calado claramente ideológico y vocación de permanencia. En Extremadura, esa situación se agravó por la coincidencia en Madrid y en Mérida de dos gobiernos del PP, Rajoy y Monago.
Como resultado de ello, la ciudadanía tiene ahora una posición de absoluta debilidad en sus relaciones laborales y una menor protección ante el desempleo, un solo dato: en 2008 la tasa de cobertura de los y las desempleadas era de un 78% y en 2014 del 58%.
El Sistema Nacional de Salud ha dejado de ser universal y ha perdido la calidad que lo situó entre los mejores del mundo, y la recuperación de los niveles de excelencia y de satisfacción que disfrutábamos se efectúa lentamente, como afortunadamente hemos conocido estos días en Extremadura, tras diez meses de gestión socialista.
Las reformas educativas de Rajoy han supuesto que la escuela haya dejado de ser garante de la igualdad de oportunidades y se necesitan cambios que implementen el esfuerzo del gobierno socialista de Fernández Vara por recuperar derechos como el transporte escolar o la gratuidad de los libros.
El Sistema de Atención a la Dependencia ha sido debilitado hasta el extremo. Los servicios sociales prácticamente se han abandonado a su suerte desde la Administración General del Estado. Las políticas de igualdad se han relegado, se han detraído recursos de la lucha contra la violencia de género.
Todas estas decisiones actúan como vasos comunicantes, lo que significa que sus perniciosos efectos interactúan entre sí, incrementando exponencialmente el daño que causan. Por ejemplo, la combinación entre reforma laboral y abandono de las políticas de igualdad arroja como resultado el incremento de la brecha salarial entre mujeres y hombres. La precariedad en el empleo, la insuficiente protección frente al desempleo, unidas al deterioro de la educación pública, condena a miles de niños y niñas a permanecer atrapados de por vida en el círculo de la pobreza.
El resultado se aprecia en las estadísticas: las cifras de pobreza y desigualdad se han disparado hasta cuotas insoportables.
Una vez finalizada la legislatura en la que lo expuesto ha tenido lugar, los españoles tuvimos la oportunidad de expresarnos en las urnas en diciembre de 2015. Sin entrar a analizar el resultado electoral, que no es el objeto de este artículo, la diversidad del Parlamento evidenció que la sociedad había elegido cambio.
Constituimos unas Cortes Generales y llevamos a las mismas las iniciativas que habíamos comprometido con la ciudadanía, trabajamos por un gobierno que actuara de inmediato frente a estas insoportables situaciones, mientras Rajoy declinaba su responsabilidad de intentar formar gobierno.
Lo hicimos convencidos de la necesidad de dar respuesta inmediata a la sociedad que nos había elegido, y especialmente a las miles de personas que están sufriendo las consecuencias de las nefastas políticas conservadoras. Quienes responden de dichas políticas, aún hoy en funciones, y aquellos que negaron a la ciudadanía la oportunidad inmediata de cambio y mejora, podrán explicar qué encuentran cada mañana cuando se ven reflejados en el espejo.
Para nosotros, para el PSOE, las políticas sociales son prioritarias. Es lo coherente con nuestra historia, nuestra trayectoria, nuestra ideología, nuestras convicciones, nuestro ADN. Pero también lo es con la situación de emergencia social que está ahí, aunque muchos actores políticos la desconocen, la ignoran o simplemente la observan con indiferencia.
Necesitamos políticas y medidas que aborden de inmediato todas estas situaciones de exclusión, pobreza y precariedad. Medidas como la dignificación del salario mínimo interprofesional acercándolo al 60 % del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea; la implantación inmediata y con carácter urgente de un Ingreso Mínimo Vital para atender a las familias en situación de necesidad por carecer de recursos económicos de cualquier naturaleza; la recuperación del Pacto de Toledo, con el fin de asegurar pensiones dignas y fortalecer la viabilidad del sistema público de pensiones; la garantía de desarrollo y financiación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia; el impulso del Plan Concertado de prestaciones básicas de servicios sociales y la devolución a las entidades locales de las competencias en la prestación de los mismos; la aprobación de una verdadera ley de segunda oportunidad; el restablecimiento del subsidio por desempleo para mayores de 52 años; la lucha contra la pobreza energética; la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública. Políticas a disposición de los ciudadanos y ciudadanas.
Las necesidades de la sociedad están ahí cada día, no decaen por mucho que algunos prefieran mirar a otro lado o jugar a arrojarse los informes de Cáritas, el índice AROPE (At Risk Of Poverty oír Social Exclusión) o las inmorales cifras de la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Sí, se está haciendo demasiado tarde para mucha gente. Sí, es cuestión de prioridades y algunas no pueden ni deben esperar más, por ello urge el cambio.
*Marisol Pérez Domínguez es Diputada Socialista por la provincia de Badajoz, miembro de la Diputación Permanente, y candidata al Congreso de los Diputados por el PSOE.
