Diputación Cáceres toma nota de las sentencias, para aplicar el catálogo de memoria histórica
La Diputación de Cáceres aprenderá de lo sucedido en Badajoz, donde la Justicia ha anulado el decreto provincial que vincula las ayudas a municipios, a que cumplan con la Memoria Histórica, y tomará como base la ley regional sobre este asunto.
Un Juzgado de Badajoz ha estimado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento pacense contra la aprobación en junio de 2018 de estas bases provinciales por entender que son “contrarias a derecho”.
“Solo nos afecta en el sentido de que aprenderemos”, ha afirmado este miércoles la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero.
Mientras la Diputación de Badajoz no tenía aún presente la ley extremeña, sino que solo contaba con la norma nacional, en Cáceres, para llevar a cabo la misma política, “ya contamos con una ley regional y la tendremos en cuenta”.
La ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, aprobada a finales del pasado año, contempla la retirada de subvenciones o ayudas públicas ante la falta de retirada o eliminación de elementos franquistas en los municipios.
Ninguna resistencia de momento
“Tenemos una ley, utilicémosla”, ha sentenciado Cordero, para quien no ha habido ningún caso similar en la provincia cacereña a lo ocurrido en Badajoz, donde el entonces alcalde franquista de Guadiana del Caudillo, Antonio Pozo (Vox), y su excompañero de partido en el PP, Francisco Fragoso, han liderado la resistencia contra la Diputación.
La Diputación de Cáceres está recabando actualmente una lista de vestigios franquistas de la provincia, catálogo que puede estar a finales de año.
A juicio de la presidenta provincial, los alcaldes han enviado a la Diputación de forma “tranquila y sin ningún problema” la lista de elementos franquistas que creen que quedan en sus pueblos.
“Hay algún municipio que tiene bastantes vestigios, pero el propio alcalde lo reconoce y lo ha certificado el ayuntamiento. No hay ningún mal ambiente”, ha subrayado.
En este sentido, ha mostrado su seguridad en que los ayuntamientos quieren “cumplir la ley”, entonces solo nacional y ahora también regional, y “ser asesorados lo máximo posible” para llevarla a efecto.
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