Los obstáculos para mantener la seguridad a pie de obra durante la pandemia

Más de 24.000 personas trabajan en la construcción en Extremadura y buena parte de ellos se ha incorporado. Eso si, el trabajo sigue parado en las obras pequeñas y reformas en domicilios y lugares en los que hay un tránsito de personas ajenas a la obra.

Las medidas de seguridad en el tajo son complejas e incluso pueden ser una misión imposible. Es un sector en el que se trabaja hombro con hombro, y donde las tareas se hacen con frecuencia entre dos personas.

Montaje y desmontaje, manipulación de barras y corte de azulejos son sólo algunas de las labores frecuentes que hacen en el tajo. Son tareas imposibles de hacer a veces si se sigue a ‘pies juntillas’ el protocolo y las distancias de seguridad que marca la ley durante el estado de alarma.

Los sindicatos CCOO y UGT han reclamado medidas excepcionales en la construcción para reducir al máximo el contacto entre compañeros y denuncian que no siempre se cumple la legislación y las distancias de seguridad. También ponen en cuarentena el uso que se está haciendo de los equipos de protección, que son obligatorios.

Horarios especiales

Con el objeto de proteger a los empleados los sindicatos han propuesto a la patronal adaptar el horario a jornada continua, como se hace en verano. Se trata de una medida que ha sido rechazada en la negociación con los empresarios en la provincia cacereña, y que ambos sindicatos critican con dureza.

Subrayan que la medida quiere reducir al máximo el ajetreo de entradas y salidas. También los espacios comunes de comida que comparte al medio día ante el estado de alarma que impide el tránsito de personas y que mantiene cerrados todos los restaurantes.

Prácticas 'ilegales' en el tajo

Por parte de CCOO Mateo Guerra denuncia que hay empresarios que no colaboran, y que incluso en tiempos de pandemia han despedido a sus trabajadores, algo que no permite la ley.

Lamenta que la construcción es un sector lleno de picaresca, donde los ‘piratas’ no han mermado sus gestos, algo que e traduce en despidos por la finalización de obras que en realidad no han acabado.

Señala a casos en los que se ha comunicado a los trabajadores que se acogían un ERTE, y cuando han ido a arreglar los papeles a la gestoría han descubierto que en realidad ha firmado una baja voluntaria. También situaciones en las que se ha mantenido a los trabajadores haciendo ‘chapuzas’ en viviendas habitadas, con personas en su interior, algo que no está permitido en estos momentos.

Ante todas estas circunstancias reclama a la actuación inmediata de la inspección, para que determine que se cumple la legislación, también en colaboración con el SEPE en los casos en que se ha dado de baja a trabajadores de manera irregular.

Medidas de seguridad

Por parte de UGT Miguel Talavera critica que la patronal cacereña no haya aceptado la jornada continuada en el puesto de trabajo, algo que no supone una reducción de horas en su labor. Subrya que la salud no se vende, ni se delega, sino que se defiende.

Así critica que los empresarios “miren a sus propios intereses, y no a los de la salud de la sociedad en su conjunto”. Lamenta que las patronales provinciales incluso hagan caso omiso a las recomendaciones firmadas por los empresarios a nivel estatal, entre las que se encuentra la jornada continuada durante la pandemia.

De cara a las próximas semanas, y ante la vuelta al trabajo en este sector, redoblarán esfuerzos y realizarán una labor de inspección para garantizar que todos los trabajadores cuentan con equipos de protección, guantes y mascarillas para desarrollar su labor con todas las garantías.

“Hemos estado esperando a que tomaran las medidas, ya que sabíamos las dificultades para la provisión de mascarillas y otros equipos de protección. A partir de ahora no vamos a ser nada diligentes y vamos a velar por el cumplimiento de todos los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias”.

Señala que denunciarán los incumplimientos e incluso paralizarán la actividad productiva si hay “riesgo grave e inminente”. No se descarta en estos casos pedir responsabilidades judiciales si se demostrara una 'clara negligencia'.