Veintiuna personas, y como experimento: Balance del teletrabajo en la Junta
Solo veintiuna personas, y de modo experimental, es el balance del decreto aprobado en 2012 por el Gobierno extremeño para impulsar el teletrabajo entre los empleados de la administración autonómica, con el fin de mejorar en eficacia y eficiencia y fomentar la conciliación laboral y familiar.
El decreto fue aprobado en julio de 2012 por el Ejecutivo presidido entonces por José Antonio Monago y cinco meses después se creó una comisión para valorar para la implementación del programa experimental de teletrabajo y selecciobar a los empleado públicos que formarían parte del mismo.
El programa experimental se llevó a cabo con funcionarios de carrera pertenecientes a la Consejería de Administración Pública, a la que se presentaron 44 solicitudes, 16 de las cuales fueron rechazadas por no cumplir los requisitos establecidos, siendo seleccionados finalmente 23.
No obstante, fueron 20 los que iniciaron el teletrabajo, a los que se sumó una trabajadora en estado de gestación, según ha informado la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que añade que actualmente se está a la espera de la entrada en vigor de la Ley de Función Pública para continuar con el desarrollo del programa.
Sin embargo, CSI-F, sindicato mayoritario en la Junta, lamenta el “escaso recorrido” que ha tenido esta iniciativa, que se afrontó “con mucha ilusión” y “grandes expectativas” y cuyos resultados, en fase experimental, fueron bastante satisfactorios para administración y trabajadores, según ha reconocido a Efe su presidente, Benito Román.
Conciliación de vida familiar y profesional
A su juicio, el teletrabajo es “uno de los puntales” sobre los que se debe asentar cualquier acción que se lleve a cabo si se quiere “dar una vuelta” a la administración publica para que sea más ágil, moderna, eficaz y eficiente. Para Román, el teletrabajo permitiría la conciliación familiar y laboral de los empleados públicos, que, a su vez, repercutiría en una mayor productividad, además de avanzar hacia las recomendaciones de la Comisión Europea.
Por ello, tras esta fase experimental, Benito Román solicita la apertura de una convocatoria para la puesta en marcha del plan, que, en cualquier caso, debe ser voluntario para el empleado público y que además flexibilice el número de días que este puede prestar servicio de forma no presencial. También demanda el incremento de horas de formación para el trabajador que opte por esta modalidad “y que no sea solo decirle ahora te quedas en tu casa y esta es tu labor”, y que se les proporcione las herramientas necesarias para poder llevarlo a cabo.
Entiende que esta opción es muy viable para el sector público y que si se le da la debida difusión “la respuesta sería de un número más que considerable”. A su juicio, el éxito del teletrabajo en la administración regional “irá en función de lo que se apueste por él” y ha asegurado que CSI-F apoyará todo lo que ayude a conciliar la vida familiar y laboral y que no repercuta negativamente en el servicio que se da al ciudadano.
En su opinión, hay muchas funciones en la administración que se pueden llevar a cabo mediante el teletrabajo, como la de juristas o informáticos, y cree que supondría “una motivación y acicate para el empleado público”, además de la reducción de costes para la Junta. Asimismo, cree que necesaria una explicación clara al ciudadano sobre las características del teletrabajo “porque no puede parecer es que el empleado público se está quedando en casa y no está trabajando, porque suele ocurrir que estos trabajan más tiempo”.
“El teletrabajo en ocasiones es para dedicar un tiempo muy superior al que se le dedica presencialmente”, ha dicho Román, que ha añadido que hay experiencia similares, como el Plan Avanza en educación, que ha demostrado que el tiempo que el docente dedica “es muy superior al presencial”. En su opinión, lamentablemente la mayoría de las veces cuando se habla de teletrabajo “se tiene en mente el cumplimiento de los horarios y aquí estamos hablando de conseguir objetivos”.
