Una decena de extremeños recurre al Tribunal de Derechos Humanos por el recorte en sus pensiones
Más de 400 policías, guardias civiles y militares heridos en acto de servicio, una decena de ellos de Extremadura, han recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de Estrasburgo, por supuesta discriminación en sus pensiones en comparación con otros compañeros víctimas de actos terroristas.
Los agentes y militares entienden que se han vulnerado sus derechos debido a la limitación en el tope de sus pensiones extraordinarias de retiro o jubilación. Todos ellos padecen una incapacidad profesional acaecida mientras trabajaban, según ha informado el bufete del abogado Fernando Osuna que lleva esta demanda colectiva.
“No es justo que sus derechos estén siendo restringidos por los poderes públicos dando lugar al agravio comparativo respecto a sus propios compañeros en circunstancias similares, con la única salvedad que los últimos fueron víctimas de atentados terroristas”, sostiene el letrado, en coincidencia con defendidos como Rubén Trillo, un ex militar de 44 años que vive en Badajoz y sufrió un accidente profesional.
Dentro de la demanda colectiva hay una decena de extremeños de Cáceres, Mérida y Badajoz. Desde esta última ciudad Rubén Trillo explica que cuando tenía 33 años, era alférez y estaba a punto de ascender a teniente –de hecho lo hizo durante su posterior convalecencia médica-, sufrió un accidente en unas maniobras de Toledo que le rompió los dos tobillos, dejó secuelas de por vida, y le incapacitó para el servicio.
32 años de prórroga
A consecuencia de ello percibe como el resto de los denunciantes una pensión extraordinaria pero que está limitada por la Ley de Presupuestos de 1984, medida que se ha ido renovando desde entonces. “Fue algo extraordinario adoptado por motivos económicos pero que se ha ido prorrogando desde entonces”. La única excepción que se recogía era que la incapacidad profesional tuviera origen en un acto terrorista.
Con esa ley en la mano, ya a sea a título particular o agrupados, todos los demandantes han ido perdiendo juicios contencioso administrativos desde las primeras instancias judiciales hasta la Audiencia Nacional e incluso el Tribunal Constitucional, por lo que han decidido acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que en algunos casos las diferencias entre una pensión y otra llega al 30% según la denuncia.
Sus pensiones se limitaron a un máximo de 187.950 pesetas (1.129 euros) mensuales.
La cuestión, explican el abogado Osuna y el afectado extremeño Rubén Trillo, es que a consecuencias iguales los efectos económicos deben ser los mismos, es decir como pone de ejemplo el primero “que si eres guardia civil, estás en un banco, hay un atraco y por las heridas te quedas sin una pierna, si son delincuentes comunes cobras menos que si fueran de un grupo terrorista”.
Los demandantes proceden de distintos puntos de España como Alicante, Murcia, Asturias, Valencia, Huesca, Cádiz, Valladolid, Cantabria, Tenerife, Coruña, Granada, Huelva, Jaén, León, Madrid, Málaga, Melilla, Palma de Mallorca, Sevilla, Córdoba, Zaragoza o Extremadura.
